El Gobierno de Colombia expidió el Decreto 0972 del 8 de septiembre de 2025, mediante el cual se crea el Programa Colombia Solar, una iniciativa que busca promover la autogeneración de energía con paneles solares en hogares de estratos 1, 2 y 3, tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en las Zonas No Interconectadas (ZNI).
El programa se plantea como una alternativa a los subsidios eléctricos existentes, con el objetivo de garantizar el consumo básico de subsistencia y avanzar en la transición energética justa.
El decreto hace ajustes al Decreto 1073 de 2015 y establece un marco normativo para que la energía solar sea reconocida como fuente de autogeneración en beneficio de los hogares más vulnerables.
El Ministerio de Minas y Energía será el encargado de liderar el programa, aunque su ejecución podrá recaer en entidades públicas, privadas o mixtas, con lineamientos de articulación interinstitucional y mecanismos de seguimiento.
El Gobierno destacó que esta medida retoma disposiciones de leyes como la 142 de 1994, la 143 de 1994 y la 1715 de 2014, que sentaron las bases de la política energética moderna y del fomento de fuentes no convencionales de energía.
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Objetivos, financiación y alcances del Programa Colombia Solar
El Programa Colombia Solar busca garantizar el acceso al consumo básico de subsistencia en energía para los usuarios beneficiarios, promover el autoabastecimiento, generar ahorros en los hogares más vulnerables y reducir la presión sobre el esquema de subsidios financiados por el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI).
Se espera que, en el mediano plazo, los usuarios que adopten la autogeneración solar reduzcan su dependencia de los subsidios estatales, liberando recursos para atender otras necesidades.
Entre los objetivos planteados también se encuentra el fomento de la inversión en energías limpias, el impulso a la industria de energías renovables y el desarrollo de proyectos de generación distribuida a pequeña escala.
En el caso de las Zonas No Interconectadas, donde el acceso a la energía es limitado y costoso, la autogeneración solar se presenta como una solución para disminuir las brechas sociales y territoriales.
El decreto establece que la financiación del programa podrá provenir del Presupuesto General de la Nación, siempre que exista disponibilidad presupuestal, así como de recursos de fondos especiales como el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes).
También se abre la puerta a la participación de banca multilateral, cooperación internacional e inversionistas privados, bajo esquemas de cofinanciación, incluso con recursos no reembolsables.
Regulación, control y articulación
Para garantizar la implementación del programa, el Ministerio de Minas y Energía expedirá una reglamentación específica que defina los instrumentos financieros, contractuales, operativos y de propiedad de la infraestructura que se desarrolle.
Asimismo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá un plazo de tres meses para armonizar la normatividad vigente en temas de medición, liquidación en la factura y demás aspectos técnicos relacionados con el esquema.
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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control, mientras que el Ministerio deberá establecer criterios para focalizar y priorizar a los beneficiarios, tanto en el SIN como en las ZNI.
El decreto también aclara que los beneficios ambientales derivados de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por los proyectos del programa serán registrados en el Renare, a nombre del Ministerio de Minas y Energía, salvo cuando existan inversionistas que hayan aportado recursos bajo esquemas de cofinanciación, en cuyo caso podrán ser titulares de parte de dichos beneficios.
Con la puesta en marcha de Colombia Solar, el Gobierno busca articular esta política con otras iniciativas de autoabastecimiento energético y cumplir con los compromisos internacionales en reducción de emisiones y transición energética.
La meta es que los hogares de menores ingresos puedan acceder a un suministro eléctrico más estable, limpio y sostenible, contribuyendo al mismo tiempo a una reducción progresiva de la dependencia de subsidios que históricamente han gravado las finanzas públicas.
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