Tras un prolongado proceso de concertación técnica y política, el Congreso de la República iniciará el trámite formal del proyecto de ley de competencias, el cual busca reglamentar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), aprobada en 2024.
Este articulado (disponible al final de este texto) fue radicado en el Legislativo el viernes 24 de julio por los ministerios de Hacienda e Interior y será la pieza clave para cumplir la promesa de fortalecer la autonomía territorial y la descentralización en el país.
El proyecto propone, entre otras cosas, que la Nación se concentre en la planeación y políticas públicas, mientras que los municipios asumen la operación en sectores críticos como salud, educación y agua potable.
Sin embargo, el traslado de funciones no será automático. Se implementará un sistema de gobernanza donde los municipios que demuestren mayor capacidad técnica podrán asumir competencias más rápidamente.
El proyecto es enfático en que busca responder a las preocupaciones sobre el impacto en las finanzas públicas, condicionando el aumento de los recursos a la entrega efectiva de responsabilidades por parte del nivel central.
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Un proceso marcado por la demora y la concertación
El camino hacia este momento comenzó con la aprobación de un acto legislativo a finales de 2024, el cual estableció un incremento gradual de las transferencias de la Nación a las regiones. El objetivo de dicha reforma es que el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación destinados al SGP pase del 29 % al 39,5 % en un periodo de 12 años.
Sin embargo, para que este aumento de recursos entre en vigencia el 1 de enero de 2027, como se estableció la normativa exigía la aprobación de una ley de competencias antes de finalizar el año 2026.
Esta ley tiene la misión de definir con claridad qué tareas asumirán los municipios y departamentos y cuáles permanecerán en el nivel central para evitar duplicidades en el gasto.
El viceministerio del Interior, Jaime Berdugo Pérez, detalló que se llevaron a cabo aproximadamente 150 mesas técnicas entre diversos ministerios para redactar el borrador inicial. Además, el texto debió superar un proceso de consulta previa con pueblos indígenas y una etapa de diálogo con sindicatos y academia que generó más de 3.000 observaciones.
A pesar de este esfuerzo, voces como la del exministro Juan Fernando Cristo han señalado una demora excesiva por parte del Gobierno en la presentación del texto, lo que ha dejado un margen estrecho para la discusión legislativa.
Hasta abril de 2026, el proyecto enfrentaba el reto de surtir 10 audiencias públicas obligatorias para construir la ponencia de su primer debate.
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