La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que es el gremio de las compañías aseguradoras de salud en Colombia, señaló que el incremento de 9 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el régimen contributivo no es suficiente.
Lo anterior se debe a que el gobierno de Colombia tomó la decisión de incrementar la UPC en 16,5 % para el régimen subsidiado y 9 % para el contributivo. Sin embargo, el gremio explicó que, además de las variables que se presentaban antes y que exigían un mayor incremento, ahora también está el aumento del salario mínimo en 23 %.
“No se explica el generoso aumento del salario mínimo, con fuerte impacto sobre el sistema de salud, y el tímido incremento en la UPC. No son consistentes en reconocer la crisis de atención y persisten en desconocer la crisis financiera que enfrenta el sistema”, dijo Ana María Vesga, presidente de Acemi.
La dirigente gremial indicó que durante tres años y medio se ha tratado de que el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, incorpore “de manera técnica” los ajustes que se requieren en la UPC, con la finalidad de mejorar el servicio. No obstante, manifestó que, tras más de 42 meses, no se ha escuchado a los actores del sistema y que el gobierno está “quebrantando la institucionalidad”. Lo anterior, afirmó, debido a que se estaría desacatando una orden de la Corte Constitucional, organismo que señaló que debe haber un incremento de la UPC.
Por ello, expresó que volverá a acudir a las instancias de la Corte Constitucional con la finalidad, según dijo, de que se haga un análisis técnico y se determinen las medidas necesarias para financiar las necesidades del sistema.
La posición de la ANDI
La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), dirigida por Bruce Mac Master, enfatizó que la UPC es crucial para suplir los costos en medicamentos, tecnologías en salud y terapias, y por ello señaló que este es un incremento que se debe definir con base en criterios técnicos.
Un aumento inferior a las necesidades del sistema va en contra de la capacidad de acceso de los colombianos al sistema de salud, dijo. Agregó que, al cierre de 2025 se prevé una siniestralidad de 105,9 %. Esto se traduce en que, por cada $100 que ingresan a las Entidadades Promotoras de Salud (EPS), estas gastan $106 en atenciones, sin contar los gastos administrativos. Esta brecha generó un déficit operativo de $10,2 billones en 2025.
“Con un crecimiento de la UPC de 12,94 % en promedio, 9,03 % en el régimen contributivo y 16,49 % en el régimen subsidiado, se requieren $113,4 billones, incluyendo otros costos como los presupuestos máximos, las licencias por incapacidad general y las licencias de maternidad y paternidad, entre otros. Con una proyección conservadora de las otras fuentes de ingresos del sistema, el aporte del Presupuesto debería ser de $45,9 billones. Este escenario dejaría cerca de $2,5 billones para otros usos. Instamos al Ministerio de Salud a reconocer esta decisión y apropiar estos recursos, respetando el uso aprobado por parte del Congreso y la prioridad legal que tiene el aseguramiento”, expresó el gremio.
Destacado: Procuraduría llama a juicio al MinSalud y Corte Constitucional niega plazo por la UPC
Finalmente, concluyó que, si bien no está mal que se deseen garantizar los recursos para el régimen subsidiado, estos deben asegurarse para todo el sistema. Señaló que el incremento mencionado para el régimen contributivo no reconoce los costos de las atenciones de las personas afiliadas y que, en ese régimen, el déficit sería de $3,7 billones para clínicas y hospitales. En último término, serían los pacientes y usuarios quienes tendrían que asumir los costos de los servicios.
—
