Este 15 de septiembre de 2025 se deberá conocer si Washington certifica o descertifica a Colombia en la lucha contra las drogas, según lo estipulado por la ley estadounidense.
Esta obligación no es una mera formalidad diplomática: tiene raÃces legales claras y consecuencias potencialmente profundas en distintos ámbitos.
La certificación antidrogas forma parte de lo requerido anualmente por la Sección 706 de la Ley de Relaciones Exteriores de 1961 (Foreign Assistance Act, FAA). De conformidad con esta normativa, el presidente de EE. UU. debe informar al Congreso, si los principales paÃses productores o de tránsito de drogas han cooperado plena y sustancialmente en la lucha contra el narcotráfico. Si no, se exponen sanciones como la suspensión de asistencia militar, de seguridad o de programas sociales vinculados.
Colombia, uno de los mayores beneficiarios de la ayuda antidrogas estadounidense, enfrenta esta semana una presión inédita. Las cifras de cultivos ilÃcitos alcanzan niveles récord, y las tensiones diplomáticas entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump han aumentado.
Desde Washington se exige una respuesta concreta en materia de acciones que impliquen mayor rigor.
El gobierno colombiano, consciente del riesgo, ha tratado de equilibrar la defensa de su soberanÃa con gestos tendientes a demostrar cumplimiento. En redes sociales, el presidente ha resaltado incautaciones de drogas y ha abierto la puerta al posible retorno de herramientas como las aspersiones aéreas con glifosato.
Por su parte, figuras como el ministro del Interior Armando Benedetti han señalado que una descertificación serÃa un golpe en términos de seguridad y diplomáticos para Colombia, y también un riesgo para los propios intereses de Estados Unidos, dada la posición geográfica del paÃs y su rol en las rutas del narcotráfico.
¿Qué pasarÃa si Colombia recibe una mala noticia?
Si Colombia no es certificada, traerÃa consecuencias como la reducción de la cooperación bilateral en áreas clave como inteligencia y operaciones antidrogas, posibles sanciones financieras, dificultad para acceder a créditos internacionales, deterioro de la percepción de riesgo por parte de inversionistas y debilitamiento institucional en la lucha contra los cultivos ilÃcitos.
