Una nueva controversia política y empresarial volvió a enfrentar al presidente Gustavo Petro con Keralty, grupo dueño de Sanitas, luego de que el mandatario replicara en redes sociales una denuncia no verificada sobre un supuesto constreñimiento electoral a trabajadores de la organización.
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“Si Keralty, firma extranjera, está violando la ley Colombiana y cometiendo crímenes electorales hay que proceder”, escribió Petro este 19 de mayo en su cuenta de X, al compartir una publicación del periodista Gonzalo Guillén.
En ese mensaje, Guillén, quien recientemente se ha caracterizado por publicar información no verificada en redes, aseguró que Keralty habría reunido a trabajadores “no sindicalizados” en el hotel Grand Hyatt de Bogotá para supuestamente exigirles conseguir votos para el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
“Constreñir al elector es un delito”, escribió Guillén, quien afirmó que la información provenía de asistentes al encuentro.
Horas después, Keralty respondió oficialmente y negó de manera categórica las acusaciones.
Keralty rechazó las acusaciones sobre presunto constreñimiento electoral
En un pronunciamiento divulgado este 19 de mayo, la compañía aseguró que las afirmaciones difundidas en redes sociales son falsas y afectan el buen nombre de la organización.
“Negamos categóricamente las afirmaciones publicadas en plataformas digitales. Se trata de una flagrante mentira y una calumnia que atenta contra el buen nombre de nuestra institución y la integridad de nuestros procesos internos”, señaló Keralty.
La empresa afirmó además que el encuentro mencionado sí se realizó y contó con la participación de más de 1.500 colaboradores, pero aseguró que durante la jornada no se promovió ningún candidato ni partido político.
Según la organización, el evento estuvo enfocado en respaldar “el proceso democrático”, el respeto por las instituciones y la autodeterminación del voto.
“No existe persona alguna que pueda manifestar que se mencionó un solo nombre, candidato o partido político por parte de quienes intervinieron institucionalmente en el evento”, sostuvo la compañía.
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Keralty también negó relación con una imagen de propaganda política que empezó a circular en redes sociales junto con las acusaciones.
“La pieza gráfica que se ha difundido en redes sociales no corresponde a ninguna imagen elaborada desde la organización, ni ha sido circulada por ningún canal institucional. Desconocemos el origen de esta imagen”, indicó el grupo empresarial.
“Keralty reitera su compromiso inquebrantable con el respeto a las libertades individuales de sus colaboradores. Nuestra organización no interviene en política y exige respeto frente a los ataques malintencionados que buscan desinformar a la ciudadanía”, afirmó la compañía.
La nueva tensión entre Petro y Keralty
La controversia ocurre en medio de una relación ya deteriorada entre el Gobierno nacional y Keralty, especialmente después de las intervenciones a EPS y de las críticas públicas del presidente Petro contra el grupo empresarial.
Durante 2025, el mandatario lanzó múltiples acusaciones contra Joseba Grajales, presidente de Keralty, vinculándolo públicamente con presuntos delitos relacionados con financiación política y manejo de recursos del sistema de salud.
Sin embargo, esas declaraciones terminaron llegando al Consejo de Estado. El 19 de septiembre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del alto tribunal ordenó al presidente Petro rectificar afirmaciones realizadas durante una alocución presidencial transmitida el 15 de julio de ese año.
La sentencia amparó los derechos fundamentales de Joseba Mikel Grajales Jiménez luego de concluir que varias expresiones presidenciales excedieron los límites de la libertad de expresión institucional y afectaron derechos como el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia.
Uno de los puntos más delicados analizados por el Consejo de Estado fue la afirmación textual del presidente según la cual “el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse”.
La Sala concluyó que no existía investigación ni sentencia judicial que justificara esa calificación y advirtió que las expresiones presidenciales constituían acusaciones graves sin respaldo judicial.
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Además, el alto tribunal consideró que sugerir públicamente que el empresario “debe irse” del país equivalía a una “orden de expulsión sin fórmula de juicio”, afectando su libertad de circulación.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el alcance de las declaraciones presidenciales en plataformas digitales y la responsabilidad institucional cuando se replican denuncias no verificadas públicamente.
