El presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo episodio de tensión interna en su gabinete. En plena sesión televisada del Consejo de Ministros, le dijo al viceministro Edward Libreros “no va más”, a quien acusó de frenar el nuevo régimen tarifario del sector de aseo.
El detonante del conflicto es el nuevo marco tarifario para el servicio público de aseo, una propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
El documento redefine las metodologías para calcular las tarifas del aseo, la recolección y el aprovechamiento de residuos. La CRA sostiene que busca promover la eficiencia, la sostenibilidad financiera y la economía circular, introduciendo nuevos modelos de costos y fórmulas basadas en “prestadores eficientes”.
Sin embargo, los recicladores de oficio ven otro panorama: aseguran que el esquema los excluye del sistema tarifario, impone cargas financieras imposibles de cumplir y desconoce su papel como prestadores del servicio público de aprovechamiento, reconocido por la Corte Constitucional desde 2003.
El nuevo marco retoma el discurso de la economía circular, pero —según recicladores— desvirtúa el sentido original de Basura Cero, programa de aseo de Petro cuando fue alcalde, al trasladar costos a organizaciones pequeñas, permitir la entrada de empresas privadas y restar prioridad al reciclaje.
¿Un marco tarifario que atenta contra los recicladores?
La molestia del presidente se centra en la demora para aprobar el nuevo marco tarifario del aseo, que el Ejecutivo cree fortalece la economía circular y mejorar las condiciones de los recicladores de oficio e interpreta este nuevo esquema como un retroceso frente a su bandera histórica.
Sin embargo, dentro de la CRA en pleno —de la que hace parte Libreros— las posturas están divididas. Mientras las comisionadas Ruth Maritza Quevedo y Nelly Mogollón respaldan la propuesta de resolución, Libreros había propuesto extender el plazo de participación ciudadana en la búsqueda de proteger los derechos de los recicladores.
En los pasillos de la CRA, varios funcionarios comentan que Quevedo podría estar interesada en relevar al viceministro, lo que habría endurecido las tensiones internas.
Sin embargo, fuentes del sector apuntan que el respaldo de Libreros no proviene de los gremios empresariales, sino de más de 65 organizaciones de recicladores que han manifestado su rechazo al nuevo régimen tarifario y han interpuesto tutelas para defender sus posiciones.
Estas asociaciones han participado en debates de control político en el Congreso para advertir que la norma, lejos de protegerlos, “desmonta los derechos que les reconoció la Corte Constitucional”.

Entre las principales críticas al proyecto de resolución, las organizaciones de recicladores señalan cinco aspectos que, según ellos, amenazan su sustento y desvirtúan la política de inclusión que les había reconocido la Corte Constitucional. En primer lugar, hablan de un pago injusto, pues “la norma iguala el pago al reciclador que recupera 100 kilos con el que recupera 1.000, castigando el esfuerzo y la productividad”, aseguran.
En segundo término, advierten sobre una deuda impagable, ya que el proyecto les exige cambiar sus vehículos de transporte en un plazo máximo de ocho años, con un ahorro que consideran insuficiente. “Es una tarea que ni los mismos gobiernos han podido cumplir; no es una transición, es una sentencia de quiebra para nuestras organizaciones”, afirman los recicladores.
A esto se suma la existencia de barreras de acceso, porque la resolución impondría costosos sistemas de pesaje en línea en apenas un año, lo que —según las asociaciones— excluiría a las organizaciones más pequeñas y vulnerables.
Además, denuncian una competencia desigual, pues el nuevo marco permitiría que el 25 % del mercado sea ocupado por empresas privadas que no son recicladoras, lo que, en su concepto, amenaza con desplazarlos de las rutas que tradicionalmente han operado.
Finalmente, señalan un riesgo de dependencia financiera, dado que el pago por su trabajo quedaría atado tanto a la venta final del material reciclado como a las transferencias realizadas por las empresas de recolección de basura, lo que aumentaría su vulnerabilidad económica y los expondría a la volatilidad del mercado.
“Esto no es un capricho, es nuestra realidad. Por eso alzamos la voz y le pedimos, señor presidente, que nos escuche”, advirtió Ecoalianza de Recicladores, una de las organizaciones firmantes.
Por otro lado, en un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, realizado el pasado 16 de septiembre, la recicladora Yuri Becerra denunció que el marco tarifario “provoca desplazamiento laboral”. En el mismo espacio, el asesor de los recicladores, César Garzón, señaló que la Comisión de Regulación incurre en una “presunta extralimitación de funciones” al diseñar el esquema de pagos sin concertación suficiente.
Así las cosas, mientras el presidente exige celeridad para emitir el marco tarifario, los recicladores temen que el nuevo marco tarifario termine por marginarlos y la salida del viceministro los ponga en riesgo.