El próximo 19 de octubre, Colombia se prepara para una nueva jornada de elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Con el propósito de garantizar el desarrollo tranquilo y ordenado de los comicios, diversas autoridades locales han anunciado la implementación de la ley seca en varias regiones del país.
De acuerdo con las disposiciones conocidas hasta el momento, la restricción para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas comenzará a regir desde las 6:00 p. m. del sábado 18 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes 20. Esta medida se aplicará en ciudades como Montería, Ciénaga, Yopal y Cartagena. Sin embargo, se prevé que otras administraciones distritales y municipales, entre ellas la de Bogotá, emitan en los próximos días sus propios decretos para acatar la norma en sus respectivas jurisdicciones.
La medida, que ha sido una práctica habitual durante los procesos electorales en Colombia, busca prevenir alteraciones del orden público, garantizar la seguridad ciudadana y permitir que la jornada electoral se desarrolle en condiciones de normalidad. El Ministerio del Interior ha respaldado esta política al considerar que contribuye a reducir incidentes relacionados con el consumo de alcohol durante los comicios.
No obstante, desde la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) se ha manifestado preocupación por los efectos económicos que genera la medida en el sector de entretenimiento nocturno. En un comunicado, el gremio pidió al Gobierno Nacional, en especial al Ministerio del Interior, revisar la pertinencia de la restricción, argumentando que “esta medida no supera el 5 % del potencial electoral y, por el contrario, causa un impacto negativo en el empleo, la economía y la tributación de los municipios y del país”.
Asobares también advirtió que la aplicación de la ley seca para las consultas populares que se realizarán el próximo 26 de octubre agravaría las pérdidas económicas del sector, pues afectaría dos fines de semana consecutivos, tradicionalmente importantes para la actividad comercial y turística.
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Pese a las críticas, las autoridades insisten en que la ley seca es una medida preventiva necesaria para evitar disturbios o hechos de violencia que puedan alterar la jornada electoral. Además, recordaron que la restricción no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas dentro de domicilios particulares, siempre que se respeten las normas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia.
Las personas que incumplan la disposición estarán sujetas a sanciones económicas que pueden alcanzar los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. De igual forma, los establecimientos que violen la norma podrían enfrentar el cierre temporal de sus instalaciones o la suspensión de su licencia de funcionamiento.
