Hoy a las 3:00 p. m., representantes del Gobierno y el sector financiero se reunirán en el Ministerio de Hacienda con el fin de discutir la propuesta de inversiones forzosas que obligaría a los bancos a destinar parte de sus recursos a líneas específicas de crédito.
Durante un Consejo de Ministros a mediados de este mes, el presidente Gustavo Petro reveló que estaba considerando la opción de implementar inversiones forzosas, argumentando que el país atravesaba una crisis ambiental que llevó al ejecutivo a decretar una emergencia económica y que era necesario entregar créditos con tasas compensadas en las regiones afectadas.
Incluso alegó que la banca «lo engañó» con el programa de Pacto por el crédito y aseguró que las entidades no desplazaron voluntariamente el crédito hacia la producción de manera suficiente, a pesar de que a un mes de culminar el programa el avance alcanzó el 90 %.
Sin embargo, el gremio de los bancos argumentó que el sistema ya muestra dinamismo sin necesidad de imposiciones, destacando que los préstamos en los sectores del Pacto por el Crédito han crecido un 20 % y que las entidades ya entregan 38.000 desembolsos diarios.
Además del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el encuentro de este lunes se hará presente el superintendente Financiero. Por parte de los bancos, hasta el momento han confirmado asistencia el presidente de Asobancaria y representantes del Grupo Aval, Bancolombia, Davivienda y Banco Caja Social, entre otros.
Inconveniencia del mecanismo
Seis exministros de Hacienda (Carrasquilla, Ocampo, J.M. Restrepo, J.C. Restrepo, Echeverry y Cárdenas) firmaron una carta en la que sostienen que las inversiones forzosas no son el mecanismo adecuado para atender la emergencia económica cuando existen instrumentos más efectivos y menos costosos para canalizar recursos, como las garantías del Gobierno Nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento.
Los expertos anotaron que este tipo de iniciativas regulatorias han contribuido a la debilidad de la inversión en el país y podrían debilitar la estructura del sistema financiero nacional.
Incluso Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, calificó la medida como un instrumento de «represión financiera» que solo ha sido implementado recientemente en países con sistemas financieros débiles, como Venezuela y Bolivia. Los expertos señalan que la mayoría de las economías internacionales desmontaron estos esquemas tras constatar sus efectos negativos.
De hecho, el gremio advirtió en un comunicado que existe la preocupación de que estos recursos, en lugar de dinamizar sectores productivos, terminen siendo utilizados por el Estado para la compra de títulos de deuda pública (TES) o para financiar gastos estatales, como ha ocurrido con recursos manejados por el Banco Agrario.
Malagón señaló que la medida implica que el Gobierno decida qué hacer con una parte del ahorro privado de los colombianos (estimado en $800 billones en 36 millones de cuentas), lo que se traduce en «meterle la mano al bolsillo al ciudadano dos veces».
Los expertos han coincidido en que las inversiones forzosas pueden encarecen las tasas de interés para todos los préstamos de la economía y reducir la disponibilidad de recursos en el sistema financiero, perjudicando finalmente a quienes más necesitan financiamiento.
Asobancaria anticipó que los más afectados serían quienes buscan comprar vivienda, ya que se produciría una elevación de las cuotas mensuales en créditos a largo plazo (10, 15 o 20 años).
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