El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretará una nueva emergencia económica en medio del desfinanciamiento de las cuentas públicas y tras el fracaso de su más reciente reforma tributaria en el Congreso de la República, una decisión que reaviva el debate sobre la solidez fiscal del país ($16 billones faltantes en el Presupuesto 2026) y levanta serios cuestionamientos institucionales por el momento elegido para su expedición.
La declaratoria se produce justo cuando la Corte Constitucional entra en vacancia judicial, un periodo en el que el alto tribunal no puede pronunciarse de fondo sobre los decretos y artículos que emita el Ejecutivo al amparo de esta figura excepcional. En la práctica, esto implica que medidas altamente polémicas podrían entrar en vigor sin un control inmediato, pese a su impacto directo sobre empresas, ciudadanos y el sistema financiero.
La vacancia judicial en Colombia aplica para la mayoría de juzgados, tribunales y altas cortes que entran en vacaciones colectivas. Esta arranca desde este 20 de diciembre y va hasta el 13 de enero del 2026, día en que reinician labores.
Puntos polémicos de nueva emergencia económica: vendría 5×1.000
Entre los puntos que más inquietud generan está la posibilidad de aumentar el movimiento al gravamen financiero (GMF) del 4×1.000 al 5×1.000 a partir de 2026, así como otros tributos temporales —o que podrían terminar siendo permanentes— para cerrar el hueco fiscal que enfrenta el Estado. Analistas advierten que, lejos de tratarse de ajustes marginales, estas medidas tocarían directamente la liquidez, el consumo y la confianza de los agentes económicos, en un contexto ya marcado por bajo crecimiento y alta incertidumbre.
Desde entidades como el Ministerio de Hacienda se ha insistido en que la emergencia es necesaria para garantizar recursos que permitan cumplir compromisos sociales y atender presiones presupuestales crecientes. Sin embargo, críticos señalan que la emergencia económica parece suplir, por la vía de los decretos, lo que no logró tramitarse democráticamente en el Congreso, debilitando el equilibrio de poderes y trasladando el costo del ajuste a contribuyentes y empresas.
El momento político no es menor. La no aprobación de la reforma tributaria dejó en evidencia la falta de consensos y el desgaste del Ejecutivo con el Legislativo. En ese escenario, la emergencia económica luce más como un atajo institucional que como una respuesta verdaderamente excepcional a un hecho sobreviniente, tal como lo exige la Constitución.
La preocupación aumenta porque, aunque la Corte Constitucional eventualmente revisará los decretos una vez retome su actividad plena al inicio de 2026, el impacto económico y la incertidumbre jurídica podrían estar hechos. Para el sector privado, esto se traduce en reglas de juego cambiantes; para los ciudadanos, en la amenaza de más impuestos en un país con alta informalidad y una presión tributaria cada vez más sensible.
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