La reforma pensional vuelve a enfrentar un panorama complejo en la Corte Constitucional, luego de que el magistrado y presidente de la corporación, Jorge Enrique Ibáñez, presentara una ponencia en la que solicita declarar la inconstitucionalidad de la ley. Según reveló el medio La Silla Vacía, el documento argumenta que la Cámara de Representantes no cumplió con el proceso de subsanación ordenado por el alto tribunal en junio pasado.
El texto, de 83 páginas, marca el inicio de una discusión de fondo en la Sala Plena, integrada por nueve magistrados. En su ponencia, Ibáñez sostiene que el trámite legislativo de la reforma no respetó los principios de publicidad, deliberación y quórum. Explica que la citación a las sesiones extraordinarias fue intempestiva y que la oposición no contó con el tiempo necesario para socializar sus propuestas. En consecuencia, la Cámara de Representantes habría adoptado de forma irregular el texto aprobado previamente por el Senado.
El magistrado también advierte que las actas de dichas sesiones no se aprobaron conforme a los requisitos establecidos por la ley, lo que, a su juicio, compromete la validez del procedimiento legislativo.
El presidente del alto tribunal argumenta que la convocatoria a las sesiones extraordinarias y la citación a la plenaria no se realizaron dentro del tiempo necesario para adoptar una decisión informada. Explica que el decreto de convocatoria fue expedido el 27 de junio a las 13:15, y apenas dos horas después se citó a la Cámara para que sesionara a las 20:00 de ese mismo día. Según su análisis, ese lapso no fue suficiente para que los representantes revisaran con detenimiento el informe y efectuaran las correcciones pertinentes.
Ibáñez sostiene que este procedimiento vulneró el principio de publicidad, aunque reconoce que el reglamento del Congreso no fija un plazo específico para realizar las convocatorias. No obstante, recuerda que en legislaturas anteriores se había otorgado un margen de tiempo razonable entre la expedición del decreto y la citación a la sesión.
El presidente de la Corte también cuestiona la escasa participación en la sesión del 27 de junio, cuando se anunció el debate de la reforma. Señala que solo asistieron 62 congresistas, pese a que la mayoría de la Cámara está compuesta por 94 representantes. A su juicio, esa cantidad de asistentes no era suficiente para adoptar decisiones adecuadas en torno a la reforma pensional.
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Uno de los puntos que más controversia ha generado se relaciona con la sesión del 28 de junio, en la que la Cámara de Representantes aprobó el texto proveniente del Senado sin discutir los artículos de manera individual. Para Ibáñez, esta actuación contraviene la orden de la Corte Constitucional, que había solicitado un debate centrado en cada artículo con el fin de garantizar una deliberación real y sustantiva.
El documento también recoge los argumentos presentados por la oposición, que alega que el Gobierno no estaba facultado para convocar al Congreso, pues la notificación de la decisión de la Corte se efectuó después de las sesiones. No obstante, la Cámara defendió su actuación al asegurar que el procedimiento se adelantó conforme a la orden del tribunal.
La decisión final quedará en manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Ibáñez requerirá el respaldo de al menos cuatro magistrados adicionales para que su ponencia prospere. En caso de no obtener la mayoría, se deberá designar un nuevo ponente encargado de redactar una decisión alternativa que resuelva el futuro de la reforma pensional.
