Se confirmó oficialmente la designación de Mario Fernando Cruz Vargas como nuevo director General de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tal como lo anticipó este medio en septiembre.
Mediante decreto oficial, el Ejecutivo dio por terminado el encargo en la dirección general que venía ejerciendo Magda Mariana Aya Guerrero, designada mediante un decreto el 31 de agosto de 2026, mientras se desempeñaba como subdirectora técnica de Desarrollo de Mercados.
Mario Fernando Cruz Vargas es economista de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un MBA y una maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes y cursa una maestría en Economía en la Universidad Nacional. Es profesional bilingüe con trayectoria en los sectores público y privado.
Su experiencia abarca las áreas de seguros, finanzas, seguridad social, macroeconomía, políticas públicas y derecho económico.
Ejerció como vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). Además, en la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) ocupó las direcciones de Vida y Personas, y de Seguridad Social. En el sector financiero se desempeñó como analista en el Banco de Bogotá.
También fue jefe de Planeación y de Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, prestó asesoría en el Congreso de la República a la Comisión Séptima del Senado y a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
Ha sido docente universitario a nivel de pregrado y posgrado en cátedras como macroeconomía, política económica, crecimiento económico y principios de economía gerencial.
La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) cumple la función de estructurar y preparar la regulación que posteriormente expide el Gobierno Nacional para las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cambiaria en el país.
Dentro de sus competencias específicas se encuentran la realización de estudios técnicos económicos y jurídicos, la formulación de proyectos de ley y de decretos reglamentarios, la emisión de conceptos regulatorios y el análisis del impacto normativo en el mercado financiero.
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