El debate por la estabilidad del ahorro pensional de millones de colombianos, tras la propuesta del Gobierno Nacional de repatriar los capitales de las pensiones invertidos en el exterior, tomó fuerza nuevamente en días pasados.
Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), calificó públicamente como «fatal» e «irresponsable» la intención de traer al país cerca de $125 billones en un plazo de apenas seis meses, advirtiendo que tal medida carece de rigor técnico y pone en peligro el capital acumulado por los afiliados.
La controversia no es nueva; en octubre de 2025 se conoció la intención del Gobierno de publicar un decreto para obligar a los fondos privados a invertir más en el mercado local, lo que generó un rechazo inmediato por parte del mercado y gremios como Asofondos.
En su momento, los expertos advirtieron que limitar la diversificación internacional podría reducir las mesadas futuras y provocar una apreciación artificial del tipo de cambio.
Diversificación entre el mercado local y el internacional
Contrario a la narrativa oficial que sugiere una fuga de capitales, las cifras del sector demuestran una gestión estratégica del riesgo.
La exposición de los fondos de pensiones a los mercados internacionales pasó del 40 % en junio de 2020 a aproximadamente un 55 % en noviembre de 2025. Este incremento ha sido fundamental para la rentabilidad de los ahorros, permitiendo a los afiliados beneficiarse de rallies históricos en índices como el Nasdaq (166 %) y el S&P 500 (126 %), cifras que superan ampliamente el desempeño del mercado colombiano.
Esta expansión internacional no ha significado un descuido del mercado local, donde la inversión también ha crecido un 49 %, pasando de $144 billones en 2020 a $214 billones a finales de 2025. Los fondos de pensiones han logrado que todos sus portafolios renten por encima de la inflación, cumpliendo su objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
La defensa de una idea que derivó en renuncia
La tensión alcanzó su punto máximo entre el 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, cuando Mónica Higuera utilizó su cuenta en X para explicar las razones de su renuncia a la URF.
En sus publicaciones, la exfuncionaria criticó duramente la falta de conocimiento técnico del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y señaló que los recursos pensionales están en productos de largo plazo que no pueden liquidarse abruptamente sin incurrir en graves penalizaciones.
La vocera fue enfática al afirmar que su salida se debió a su negativa a respaldar un decreto que consideraba peligroso, cuestionando la idea de que las órdenes presidenciales deban cumplirse sin espacio para el disenso técnico.
Higuera detalló que, aunque comparte con el mandatario una visión de país equitativo, la política pública debe basarse en simulaciones económicas y no en «improvisaciones». Finalmente, hizo un llamado a los técnicos que permanecen en el Gobierno para que dejen constancia de sus cálculos ante medidas que podrían disparar el desempleo y el costo fiscal.
El cambio de postura del presidente Petro
Ante la contundencia de los argumentos de Higuera, el presidente Gustavo Petro mostró un cambio de posición tras las interacciones del 1 de enero en X.
Aunque inicialmente defendió la derogación del decreto que permitía las inversiones en el exterior, el mandatario terminó dándole la razón a la exdirectora al admitir que la repatriación de recursos no puede hacerse de «un solo golpe», sino que debe ser un proceso gradual.
Tras el pedido de Higuera de ser escuchada, Petro se mostró abierto a reunirse con los administradores de los fondos para determinar fases de entrada del ahorro pensional al país, reconociendo que la liquidez de los activos actuales debe ser respetada.
Analistas financieros como Jairo Julián Agudelo, socio de Bolsillos con Propósito, han advertido sobre las verdaderas motivaciones detrás de este interés gubernamental.
Según Agudelo, la urgencia del Gobierno de obligar a las AFP a traer el dinero al país responde a una necesidad de financiar el presupuesto de 2026 a través de la compra forzada de títulos de deuda pública (TES).
Ante el «desorden fiscal» y el incremento del gasto burocrático, el Gobierno buscaría que los fondos demanden TES para bajar artificialmente las tasas de interés y solventar el déficit, a costa de concentrar el riesgo de los ahorradores en un solo mercado y comprometer la rentabilidad de largo plazo de las pensiones.
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