BYD prepara un 2026 clave para su operación en Colombia. La estrategia combina más volumen de ventas, ampliación de portafolio y, sobre todo, un salto tecnológico en infraestructura de carga que podría redefinir la experiencia del usuario eléctrico en el país.

De acuerdo con Marco Pastrana, presidente de Motorysa, la apuesta va más allá de vender más vehículos: el objetivo es empezar a consolidar un ecosistema que incluya carga ultrarrápida y reglas claras para la inversión.

El salto de BYD al “flash charging” en Colombia

Pastrana anticipó que la compañía trabaja para que en 2026 Colombia cuente con al menos una o dos estaciones con tecnología de “flash charging” que permite obtener hasta 400 km de autonomía en 5 minutos.

La idea, explicó, es identificar corredores viales estratégicos que soporten este tipo de potencia y asegurar que los vehículos que lleguen al país estén diseñados para recibir esos niveles de energía. No se trata únicamente de instalar cargadores, sino de coordinar vehículo, red eléctrica y punto de carga.

Infraestructura de carga en Colombia

Valora Analitik conversó con Marco Pastrana acerca del estado real de la infraestructura de carga y qué tanto está preparado el país para financiar el despliegue que exige un mercado que viene creciendo a doble dígito.

Para el presidente de Motorysa, el principal obstáculo no es la tecnología.

Pastrana explicó que hoy existen plataformas y estándares que permiten identificar y gestionar cada “sesión de carga”, lo que facilita la operación y la trazabilidad del servicio. Es decir, desde el punto de vista técnico y operativo, el ecosistema puede funcionar.

Sin embargo, advirtió que el verdadero cuello de botella está en la regulación.

Pastrana señaló que en Colombia hay decretos e incentivos que, al momento de implementarlos, aparecen fricciones con gobiernos municipales y departamentales.

“Hay mucha contradicción en las leyes y los decretos que se sacan”, afirmó. En su visión, se expiden normas “diciendo que hay que incentivar”, pero en la práctica no existe un instrumento que blinde suficientemente el entorno para que los inversionistas ejecuten proyectos de largo plazo con plena confianza.

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Según explicó, cuando el Gobierno Nacional expide decretos o lineamientos para incentivar la infraestructura, en la práctica su aplicación depende de lo que definan los municipios y autoridades locales. Allí es donde aparecen interpretaciones distintas, exigencias adicionales o trámites que terminan frenando proyectos

Para un negocio intensivo en inversión, que requiere infraestructura eléctrica, transformadores, adecuaciones civiles y permisos, la falta de estabilidad normativa se convierte en un costo adicional.