Un borrador de decreto que busca trasladar más de $25 billones desde las cuentas de ahorro individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones en un plazo de dos semanas, encendió las alarmas sobre una posible desestabilización de los mercados locales.
Según un análisis de XP Investments, la ambigüedad en la forma de este traspaso, que liberaría recursos fiscales equivalentes al 1,3 % del PIB, podría causar potencialmente grandes distorsiones a corto plazo en los mercados financieros locales. Además, la firma interpretó que la medida responde a presiones de liquidez del Gobierno.
Andrés Pardo, jefe de macroestrategia para Latam de XP Investments, señaló que el proyecto de decreto no aclara si el traslado debe realizarse en efectivo o mediante la entrega de títulos valores. Y advirtió que en caso de exigirse en efectivo, podría provocar ventas forzosas de activos significativas y sin precedentes, dado que el plazo para culminar el proceso es muy corto.
De acuerdo con el reporte, este riesgo es particularmente alto para los Títulos de Tesorería (TES). Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son actualmente uno de los mayores tenedores de deuda pública en Colombia, con una participación del 28,68 % al corte de febrero, lo que representa unos $208,6 billones.
Pardo explicó que la mayoría de los afiliados que se acogieron a la «ventana de oportunidad» de traslado entre el régimen privado y el público que habilitó el Gobierno están en los fondos más conservadores, los cuales mantienen más de las tres cuartas partes de sus carteras en bonos.
Según el experto, incluso si se permitiera la entrega de TES, Colpensiones aún necesitaría liquidar esa gran cantidad de activos, aunque sea a un ritmo moderado. Además, cuestionó si la entidad tiene la capacidad operativa para custodiar dichos valores.
Esta advertencia también la lanzaron los analistas del Banco Itaú, quienes coinciden en que la eventual liquidación de activos para cumplir con el decreto ejercería presión sobre el mercado de deuda pública, sin mencionar que la Corte Constitucional podría revisar la legalidad del mismo.
Dudas sobre la legalidad de la medida
Tras conocer la decisión del Gobierno, analistas y gremios señalaron la falta de sustento legal de la medida, dado que, de acuerdo con la ley de reforma pensional, estos recursos deben permanecer en las cuentas individuales y trasladarse únicamente al momento de la jubilación al fondo administrado por el Banco de la República, no a Colpensiones de forma inmediata.
«Si el gobierno procede a pesar de las inconsistencias legales, los funcionarios públicos que firmen el decreto podrían enfrentar potencialmente responsabilidad penal, dado que la medida parece ser claramente contraria a la ley y se promulgaría a sabiendas de ello», dijo Pardo.
Por ahora, se espera que Asofondos, el gremio de las AFP, agote todas las instancias legales ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional para frenar la expedición del decreto.
Su presidente, Andrés Velasco, calificó la propuesta como un uso de los recursos «de manera contraria a lo que ordena la Ley», advirtiendo que esto agravaría la sostenibilidad futura de las finanzas públicas al liberar recursos del presupuesto general para otros fines.
Por su parte, analistas del Banco de Occidente manifestaron su preocupación por los efectos negativos que esto tendría sobre la confianza en el sistema pensional y el cambio inesperado en la destinación de los ahorros de los trabajadores.
El decreto, por ahora en borrador, otorgaría un plazo de solo 15 días hábiles para efectuar el traslado una vez sea expedido, un tiempo que el mercado considera insuficiente para absorber tal volumen de activos sin generar un choque financiero.
Por su parte, El presidente de Asofondos fijó su posición frente al proyecto de decreto que permitiría el traslado de más de $25 billones en activos, en el marco de la denominada “ventana de oportunidad” para cambiarse de los fondos privados de pensiones a Colpensiones.
A través de su cuenta en X, el dirigente advirtió que la iniciativa no corresponde a un procedimiento ordinario de movilidad entre regímenes y, en su concepto, no se ajusta a la normativa vigente.
Según explicó, estos movimientos no pueden entenderse como traslados regulares entre administradoras privadas y el régimen público.
Recordó que bajo el esquema establecido por la Ley 100 este tipo de operaciones no tendría sustento jurídico.
En ese sentido, precisó que la posibilidad de traslado surge exclusivamente a partir de la reforma pensional contenida en la Ley 2381, por lo que su alcance y condiciones están delimitados por ese marco legal específico.
Uno de los puntos centrales de su argumentación se refiere al artículo 76 de la Ley 2381, disposición que, destacó, fue mantenida vigente por la Corte Constitucional.
De acuerdo con su lectura, esa norma establece que los recursos deben permanecer en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta que el afiliado alcance la edad de jubilación. “Esos recursos no se pueden pasar a Colpensiones ni a ninguna parte: moverlos sería incumplir una ley vigente”, señaló.
Asimismo, hizo referencia al artículo 24 de la misma ley, actualmente suspendido por la Corte, pero cuya intención legislativa resulta clara.
En su interpretación, el Congreso dispuso que, una vez cumplida la edad de pensión, los recursos sean administrados por el Fondo de Ahorro del Banco de la República y que no puedan desacumularse para financiar las mesadas de quienes se acogieron a la ventana de traslado.
El ejecutivo también sostuvo que, tratándose de recursos públicos, las autoridades solo pueden actuar cuando exista habilitación expresa de la ley. Por ello, concluyó que el proyecto de decreto no se ajusta a la legalidad ni al propósito definido por el legislador.
“Ese decreto no se debe expedir por contravenir directamente la ley”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a proteger el ahorro pensional de los trabajadores para evitar presiones adicionales sobre la deuda pensional del país.
—
