La discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2027 entra este miércoles en una fase decisiva en las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.
De cara al primer debate, el pliego de modificaciones incorporado en la ponencia oficial estableció una reconfiguración interna del gasto: un recorte a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una redistribución de partidas para reforzar sectores clave como salud, deporte y la rama Judicial.
La modificación más destacada dentro del Sector del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es la reducción de $170.000 millones en la apropiación asignada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Según se justifica en el informe de ponencia, la medida obedece a un ejercicio de racionalización y priorización del gasto público para adecuar las partidas a las severas restricciones fiscales previstas para 2027.
En contraste, y en respuesta a las alertas por la insuficiencia de apropiaciones para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el aseguramiento en salud, el pliego de modificaciones aprobó una adición de $2 billones para el sector salud y protección social. La inyección financiera buscará aliviar la presión de caja sobre la ADRES, el pago de prestaciones asistenciales y la sostenibilidad del sistema sanitario.
Estos recursos no implican la creación de nuevo gasto global, sino una reasignación directa de $2 billones que se encontraban programados en partidas reprogramables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Además, el sector deporte y recreación se convirtió en uno de los principales beneficiarios del pliego de modificaciones de la ponencia. Tras la preocupación expresada por diversos congresistas por las disminuciones iniciales en infraestructura deportiva y fomento atlético, se aprobó una adición de $99.100 millones.
Por su parte, para atender los requerimientos de la administración de justicia, la ponencia incorporó una adición de $100.000 millones para la rama Judicial. Esta partida específica estará orientada a cubrir los faltantes en los gastos de personal originados por el ajuste en la bonificación judicial, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 2594 de 2026.
Para el 25 de septiembre el Presupuesto debe estar aprobado el proyecto en primer debate y en las plenarias del Congreso debe recibir aval a más tardar el 20 de octubre. Vale la pena recordar que el monto se aprobó en el Legislativo el pasado 14 de septiembre.
Freno a giros discrecionales y a la contratación externa
Entre las principales modificaciones del articulado de la ponencia, más allá de la distribución por sectores, se destacan cláusulas dirigidas a limitar la discrecionalidad del Ejecutivo en la ejecución del gasto.
Específicamente, se introdujeron disposiciones para impedir que el Gobierno nacional utilice modificaciones operativas o de tesorería para crear gasto nuevo o alterar la destinación de las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Legislativo sin autorización expresa de las comisiones económicas.
Con esta medida, los parlamentarios buscan evitar que traslados internos o ajustes administrativos modifiquen las prioridades fijadas en la ley presupuestal.
Así mismo, la ponencia establece una restricción estricta a la contratación de asesorías, consultorías o servicios profesionales externos.
Las entidades públicas no podrán acudir a la vinculación de personal o apoyos a la gestión privada cuando la institución cuente con la capacidad técnica requerida disponible en su propia planta de personal.
Este control apunta a erradicar gastos superfluos y racionalizar el uso de los contratos de prestación de servicios.
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