Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, advirtió que Colombia enfrenta unas finanzas públicas desordenadas con un déficit fiscal creciente y un nivel de endeudamiento que obliga a la Nación a financiarse a tasas excesivamente altas.
Durante un diálogo organizado por la Universidad de Georgetown, la economista subrayó que el ajuste fiscal no puede depender únicamente del recorte de gastos, sino que debe enfocarse en una reforma estructural de los ingresos, específicamente mediante la simplificación del IVA.
Para Meléndez, el espacio para recortar gasto es limitado debido a componentes inflexibles como el sistema pensional y el gasto en salud. En consecuencia, enfatizó que el ajuste tiene que venir por el lado del ingreso.
Su propuesta radica en aplanar la base tributaria del IVA, eliminando las numerosas exenciones que, en su opinión, agujerean el sistema. Según los datos presentados por la directora, las exenciones sumadas en Colombia representan casi nueve puntos del PIB, de los cuales más de seis puntos corresponden exclusivamente al IVA, lo que significa que lo que el gobierno pierde en recaudo es un poco más de la mitad de lo que recauda.
Ante las críticas sobre la regresividad de este impuesto, la experta sugirió usar mecanismos de compensación para los hogares más pobres. «No importa si un elemento es más regresivo que otros, lo que es importante es que el sistema completo de tributación y gasto pueda ser progresivo», dijo.
También se refirió a los impuestos que se cobran a las empresas y su papel como desincentivo de la inversión privada, por lo que recomendó cambios profundos como simplificar la regulación y convertir al Estado en un «facilitador de la actividad privada y del desarrollo de la gente».
Meléndez recordó que la tasa corporativa en Colombia es una de las más altas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues en algunos sectores la carga tributaria alcanza el 70 % de sus utilidades.
Crisis salud, energía y seguridad
La directora de Fedesarrollo señaló los sectores de salud y energía como puntos de especial preocupación. Sobre el primer problema criticó que la carga ideológica terminara por “dañar lo que sí funcionaba” en lugar de resolver los problemas existentes, así como el hecho de que el Gobierno viera la participación privada como indeseable.
Sobre la energía insistió en un riesgo inminente de apagón debido a la postergación de regulaciones y el impacto de El Niño; también lamentó la pérdida de ingresos fiscales tras detener la exploración de combustibles fósiles.
Respecto a la seguridad, Meléndez pidió dejar de hablar de conflicto armado para centrarse en combatir el crimen organizado y las empresas criminales transnacionales. Incluso, criticó el estado actual de las cárceles, así como el hecho de que desde ellas se siga delinquiendo, y señaló que solucionar el hacinamiento requerirá recursos significativos.
Finalmente se refirió a la desigualdad del mercado laboral, dado que el 44 % de la población trabajadora es cuenta propia y el 60 % de los trabajadores ganan menos del mínimo, lo que evidencia que la regulación laboral no se ajusta a la realidad del país.
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