La reforma pensional volverá a impactar el bolsillo de algunos trabajadores, aunque no todos tendrán un aumento en sus aportes. De acuerdo con un análisis económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, quienes queden por fuera del régimen de transición y tengan ingresos elevados podrían asumir incrementos que, llevados a pesos de 2026, llegarían hasta $437.700 mensuales en el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional.
La cifra debe entenderse dentro del nuevo escenario que dejó la decisión de la Corte Constitucional. La corporación declaró exequible, exclusivamente por los vicios de procedimiento analizados, la mayoría de los artículos de la Ley 2381 de 2024, pero devolvió varios apartes a la Cámara de Representantes para que sean subsanados. Además, estableció que las disposiciones declaradas exequibles entren en vigencia el 1 de abril de 2027.
Esto significa que el cambio no se refleja todavía en la nómina de los trabajadores. Hasta el 31 de marzo de 2027 continúa aplicándose la Ley 100. Actualmente, un trabajador dependiente aporta 4 % de su ingreso base de cotización y el empleador aporta otro 12 %, mientras que un independiente asume el 16 % correspondiente. Por ejemplo, sobre un ingreso base de $3 millones, un empleado aporta actualmente $120.000 mensuales por este concepto.
¿Quiénes podrían pagar más con la nueva Reforma Pensional?
El incremento analizado está relacionado específicamente con el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional y afectaría a quienes queden fuera de la transición y tengan ingresos que los ubiquen en los rangos superiores de cotización.
El análisis de la Universidad de San Buenaventura compara la escala vigente con la prevista bajo la reforma. Para una persona que cotice sobre cuatro salarios mínimos de 2026, equivalentes a $7.003.620, el aporte solidario pasaría del 1 % al 1,5 %. La diferencia sería de aproximadamente $35.000 adicionales al mes.
El impacto aumenta considerablemente en el extremo superior de la escala. Para alguien que cotice sobre el tope de 25 salarios mínimos, que en valores de 2026 corresponde a $43.772.625, el aporte solidario pasaría del 2 % al 3 %. En ese caso, el incremento calculado es cercano a $437.700 mensuales.
En términos sencillos, una persona que tenga una base de cotización de $43,77 millones no pagaría $437.700 en total por solidaridad, sino que esa sería aproximadamente la diferencia adicional frente al esquema vigente, tomando como referencia los valores de 2026.
Es importante hacer esta precisión porque la cifra de $437.700 corresponde a una comparación en pesos actuales y no significa que ese vaya a ser exactamente el cobro mensual desde 2027. El valor definitivo dependerá del salario mínimo que rija en ese año y de los redondeos que se realicen en la planilla PILA. Además, quienes tengan varios ingresos deberán sumar sus bases de cotización para determinar en qué rango quedan.
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Otro punto determinante será establecer si el trabajador queda cobijado por el régimen de transición. La reforma establece un umbral de semanas: 750 semanas para las mujeres y 900 para los hombres en los términos señalados por el artículo 75. Ese requisito no significa que la persona ya tenga derecho a pensionarse, sino que determina quién conserva las reglas anteriores.
Por eso, contar las semanas cotizadas será una de las principales tareas para cada trabajador. La directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, Sonia Liliana Tejedor, explicó que “el dato decisivo ya no es la edad: cada persona debe saber cuántas semanas tiene y cuánto le falta para el corte”.
La recomendación es revisar desde ahora la historia laboral, compararla con contratos y desprendibles de nómina y verificar que no existan periodos sin registrar o salarios reportados de manera incorrecta. Esto será relevante para determinar la situación de cada trabajador cuando entre a operar el nuevo esquema.
¿Qué pasará con el dinero que se cotiza?
Para quienes queden por fuera de la transición, la reforma también modifica la distribución de las cotizaciones. El componente correspondiente hasta 2,3 salarios mínimos irá a Colpensiones, mientras que el excedente será dirigido a una administradora privada autorizada. Con el salario mínimo de 2026, ese umbral equivale a $4.027.082, aunque el valor cambiará cuando se establezca el salario mínimo de 2027.
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La diferencia es importante porque no debe confundirse el cambio en la distribución con un incremento general de la tarifa. Como explica Tejedor, “no debe confundirse distribución con un nuevo cobro. Para quien está por debajo de cuatro mínimos, cambia la ruta del dinero, no la tarifa ordinaria”. Por ahora, además, la ventana para trasladarse de régimen ya venció el 16 de julio de 2026, y la decisión de la Corte no la reabrió.
