La demora en la expedición de licencias ambientales y los procesos de consulta previa están generando retrasos en el desarrollo de los proyectos de infraestructura energética en el país, lo cual traerá como consecuencia aumento en los costos de energía y restricciones del suministro en el mediano plazo.
Así lo reveló el sexto Informe Sectorial de agosto de 2020, sobre el comportamiento de la Demanda de Energía en Colombia publicado este miércoles por la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía). Además de la pandemia por la Covid-19, los retrasos que están presentando los proyectos energéticos se deben a cuellos de botella representados por las dificultades que se observan en los procesos de consulta previa y el licenciamiento ambiental.
“Las medidas de cierre adoptadas han generado inconvenientes y retrasos en el desarrollo de diferentes obras de infraestructura energética”, advirtió el informe.
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Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, explicó que, según reveló recientemente el Ministerio de Minas y Energía, el 50 % de la capacidad de energías renovables no convencionales adjudicadas en las subastas del año 2019, tiene riesgo de no ingresar a tiempo con la energía asignada, incluyendo algunos proyectos esenciales a desarrollarse en el norte del país como la línea Colectora I y las redes para conectar a los proyectos a dicha línea de transmisión.
“El promedio del costo unitario de las restricciones tuvo un incremento de 11,8 % en el mes de agosto con respecto al mes de julio de 2020 y se ubicó en 16,8 $/kWh. Este comportamiento se mantendrá estructuralmente, dado que la expansión en infraestructura de transmisión no se ha solucionado de raíz y los proyectos en expansión sufren retrasos constantes en sus fechas de entrada en operación esperadas”, indicó la dirigente gremial.
Sandra Fonseca aseguró que Asoenergía apoya la reactivación económica del país, sin embargo, advirtió que debe ir acompañada de decisiones regulatorias fundamentales para que se cumplan los planes de expansión y se cuente con precios competitivos que requiere la demanda.
“Sugerimos que las tarifas de energía se establezcan en pesos y no en dólares, que las tarifas reflejen los planes de inversiones reales y no los estimados, y que dichos planes sean el reflejo del comportamiento de la demanda”, destacó Fonseca.
Asimismo, expresó que Asoenergía no comparte la propuesta de la Creg, en la Resolución 158 de 2020, en donde en las situaciones de retraso se define una opción para plantas en construcción con OEF asignadas que al inicio del período de vigencia de la obligación (Ipvo) no alcanzan la capacidad efectiva neta (CEN) declarada.
“Dicha medida no asegura ni permite contar con la energía que requiere el mercado para que se asegure el equilibrio entre una oferta oportuna y los requerimientos de la demanda”, concluyó.
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El Informe Sectorial contempla el análisis de tres temáticas:
i) Se finaliza la etapa de Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) y se da lugar a una nueva modalidad a partir del mes de septiembre denominada como Aislamiento Selectivo.
ii) La Creg publicó su agenda regulatoria indicativa modificada para el segundo semestre de 2020.
iii) Se evidencian determinados avances en términos de infraestructura energética y los procesos de desarrollo que los acompañan.
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