En el marco del 2° Foro Offshore Caribe: Energía y Progreso, Valora Analitik habló con Andrés Bitar, vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), quien planteó la urgencia de ajustes regulatorios y un gran acuerdo nacional en materia energética para destrabar el potencial offshore de Colombia.

Según la ACP, el país tiene la experiencia y el potencial para multiplicar por 30 sus reservas, pero enfrenta cuellos de botella que pueden retrasar la entrada al mercado del gas que está en el mar Caribe.

Colombia, con experiencia, pero sin señales claras para el gas offshore

Bitar destacó que Colombia no es un país novato en operaciones costa afuera. La industria lleva más de 60 años desarrollando proyectos en el mar y ha perforado más de 75 pozos en ese tiempo. Esto, afirma, le da al país experiencia y credibilidad en materia de estándares operativos, ambientales y de seguridad.

“El mensaje central es que Colombia tiene un marco institucional robusto, que se ha venido construyendo con participación de entidades nacionales y territoriales. Hoy contamos con los más altos estándares para la operación offshore, el respeto al medio ambiente y el manejo de contingencias”, aseguró.

Sin embargo, advirtió que la fortaleza institucional no basta. El país necesita ajustes normativos y decisiones rápidas para poder llevar el gas de los yacimientos al mercado y garantizar autosuficiencia.

Tres retos regulatorios urgentes

El ejecutivo explicó que hay tres temas fundamentales que deben resolverse en el corto plazo:

Metodología de transporte de gas
- Hoy se cobra bajo un esquema por distancia, lo que hace más costoso llevar el gas desde la costa hasta el interior del país, que es el mercado deficitario.
- La ACP propone migrar hacia un modelo de estampilla regional o nacional, que homogenice costos y haga viable la explotación de la provincia gasífera offshore.
- “Si queremos multiplicar por 30 las reservas actuales, necesitamos un esquema competitivo internacionalmente, que permita que cualquier molécula llegue al interior”, recalcó.
Reconversión de activos
- La posibilidad de usar oleoductos existentes para transportar gas es una solución técnica, pero requiere ajustes económicos.
- “El crudo siempre tendrá mayores ganancias. Si se equiparan las tarifas de transporte de crudo y gas, la reconversión no sería financieramente sostenible”, explicó.
- El Ministerio de Minas y Energía ya cuenta con un borrador sobre cómo remunerar esos activos, pero aún no lo ha publicado.
Plan de Abastecimiento de Gas Natural
- La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y el Ministerio ya lo adoptaron, identificando las obras de infraestructura necesarias para fortalecer el sistema de transporte.
- El reto es que no se quede en el papel. “Necesitamos que esas obras se construyan y garanticen que cada molécula llegue a los mercados que la requieren”, dijo.

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Ahora bien, más allá de la regulación, Bitar señaló que las demoras en trámites sociales y ambientales pueden frenar el desarrollo de proyectos clave:

Consultas previas: cada seis meses de retraso en la definición de comunidades por parte del Ministerio del Interior significa seis meses de atraso en cronogramas.
“Ya importamos el 17 % del gas que consumimos. Si el proyecto Sirius tarda en entrar, dependeremos aún más de importaciones, encareciendo tarifas, sobre todo en el interior”, advirtió.
Licencia ambiental para el gasoducto submarino: este permiso es indispensable para transportar el gas desde los yacimientos hasta la costa. Su agilidad marcará el ritmo de la industria.

El debate de la estampilla: regional vs. nacional

Uno de los puntos más álgidos en la discusión es el esquema tarifario de transporte.

Promigas y TGI defienden la estampilla regional.
Vanti impulsa una estampilla nacional, que beneficiaría a los usuarios del interior.

Ante la coyuntura, la ACP pide superar el estancamiento: “el llamado es a que todos los actores nos sentemos y definamos de una vez lo que más le conviene al país. El mercado necesita esa señal ya”, subrayó Bitar.

Reconoció que una estampilla nacional podría encarecer costos en la costa Caribe, que ya paga las tarifas de energía más altas del país. En ese escenario, la propuesta es diseñar mecanismos de compensación, por ejemplo, reduciendo tarifas de energía eléctrica en la región.

Riesgo de apagón y necesidad de un acuerdo nacional

De cara al futuro, la ACP plantea la construcción de una política minero-energética de largo plazo, blindada frente a los cambios de gobierno y los intereses partidistas.

“La propuesta es que exista un gran acuerdo nacional que dé señales claras en todos los sectores: combustibles líquidos, gas, petróleo, energía eléctrica y renovables. Una política escrita en piedra, diseñada con base en datos, no en colores políticos”, indicó.

Bitar advirtió que, sin estas decisiones, Colombia podría enfrentar un escenario crítico: “necesitamos recuperar autosuficiencia en gas y atraer nuevas inversiones a partir de 2026. De lo contrario, estaremos abocados a un apagón eléctrico en 2027 o 2028”.

Hay que decir que Colombia cuenta con experiencia técnica, un marco institucional sólido y una industria lista para dar el salto en offshore. No obstante, las decisiones regulatorias y políticas definirán si el país logra aprovechar esa oportunidad o si dependerá cada vez más de gas importado.

Para la ACP, el reto no es menor: lo que está en juego no solo es el desarrollo de una industria estratégica, sino la seguridad energética de millones de colombianos en los próximos años.