El nuevo arancel adicional impuesto por Estados Unidos a una parte de las exportaciones colombianas no solo representa un desafío para sectores como flores, aluminio, textiles o plásticos. También deja sobre la mesa una tarea que el país deberá atender si quiere aspirar a que Washington revise o elimine la medida: fortalecer la regulación contra el trabajo forzoso y mejorar la trazabilidad de las cadenas de suministro.
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Ese es el principal mensaje que deja el análisis de Juan David López, socio de Comercio Exterior de Baker McKenzie Colombia, quien considera que la respuesta no debe limitarse a estrategias empresariales para absorber el impacto del gravamen, sino que exige una agenda regulatoria liderada por el Gobierno en coordinación con el sector privado.
El nuevo arancel comenzó a aplicarse el 24 de julio, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyera, tras una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que Colombia no cuenta con mecanismos suficientemente eficaces para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Como consecuencia, un grupo importante de productos colombianos quedó sujeto a un gravamen adicional del 12,5 %, una medida que, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), podría alcanzar exportaciones por US$4.438,4 millones, equivalentes a cerca del 30 % de las ventas que el país realizó hacia ese mercado durante 2025.
La tarea que Colombia deberá cumplir para que le quiten el nuevo arancel
Para López, la discusión no debe concentrarse únicamente en el impacto económico inmediato, sino en resolver el origen del problema identificado por las autoridades estadounidenses.
«Esta medida representa un riesgo importante para las exportaciones colombianas porque encarece el acceso al mercado estadounidense y puede afectar directamente la competitividad de nuestros productos. Pero aquí hay que mirar también la causa de fondo», afirmó.
El experto explicó que Colombia necesita avanzar hacia una regulación más sólida en materia de trabajo forzoso y, especialmente, desarrollar mecanismos que permitan verificar el origen de los productos y garantizar la trazabilidad de las cadenas de suministro.
Según López, demostrar que las mercancías exportadas hacia Estados Unidos están libres de cualquier vínculo con trabajo forzoso será un elemento determinante para recuperar la confianza de las autoridades estadounidenses.
«Una de las tareas pendientes que tiene Colombia es avanzar en una regulación más robusta en materia de trabajo forzoso y particularmente en mecanismos que permitan garantizar la trazabilidad de las cadenas de suministro», señaló.
En ese sentido, considera que la respuesta debe involucrar tanto al Gobierno como al sector privado. «Más allá de las medidas que individualmente puedan adoptar las empresas, considero fundamental que el sector privado abra desde ya una conversación con el nuevo Gobierno para avanzar rápidamente en esta agenda regulatoria y, al mismo tiempo, mantener un diálogo técnico y diplomático con los Estados Unidos», agregó.
Los sectores que sienten con más fuerza el arancel
La recomendación cobra relevancia porque la medida estadounidense afecta especialmente a industrias que concentran una parte importante de las exportaciones colombianas hacia ese país.
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De acuerdo con Analdex, el sector de flores, follajes y plantas vivas es el de mayor exposición, con ventas por US$1.899,8 millones durante 2025, equivalentes al 42,8 % del universo potencialmente afectado.
En segundo lugar aparecen los derivados de aluminio, con exportaciones por US$641,7 millones, seguidos por los transformadores eléctricos, con US$309,6 millones.
La lista también incluye textiles, confecciones y cuero; plásticos y sus manufacturas; pescados y preparaciones; chocolatería y confitería; productos de hierro y acero; aceites; cosméticos y tarjetas inteligentes. En conjunto, estos once sectores representan 85,7 % de las exportaciones que podrían quedar alcanzadas por el nuevo arancel.
Además del mayor costo para ingresar al mercado estadounidense, los exportadores colombianos deberán competir con países que quedaron sujetos a un arancel inferior.
Según Analdex, varias economías enfrentarán un gravamen adicional del 10 %, lo que les otorga una ventaja de 2,5 puntos porcentuales frente a Colombia.
Entre esos competidores aparecen Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Bangladesh, Camboya y Sri Lanka, entre otros países que exportan productos similares al mercado estadounidense.
Para las empresas colombianas, esa diferencia puede convertirse en un factor decisivo al momento de competir por contratos internacionales o abastecer cadenas de suministro donde el precio tiene un peso determinante.
Analdex estima que el aumento del gravamen del 10 % al 12,5 % podría representar alrededor de US$80 millones adicionales en pagos arancelarios para las exportaciones potencialmente afectadas.
No obstante, el impacto final dependerá de la capacidad que tengan exportadores e importadores para negociar quién asume ese mayor costo. Mientras algunas compañías podrán trasladarlo a sus compradores gracias al valor agregado de sus productos, otras tendrán que reducir márgenes para conservar su participación en el mercado estadounidense.
A este escenario se suman otros factores que ya venían presionando la competitividad de las exportaciones colombianas, como la apreciación del peso frente al dólar y el aumento de los costos laborales, logísticos, energéticos y de transporte.
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Aunque el universo potencialmente expuesto asciende a US$4.438,4 millones, Analdex aclara que esa cifra corresponde a una estimación de exposición y no implica que todas esas exportaciones terminarán pagando el nuevo arancel. La aplicación dependerá de la clasificación arancelaria utilizada por Estados Unidos y de las exclusiones contempladas dentro de la normativa estadounidense.
