El presidente electo Abelardo De la Espriella ordenó a su ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, iniciar el proceso para derogar las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una de las principales herramientas de ordenamiento rural impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión empezará a ejecutarse una vez el nuevo mandatario asuma el poder el próximo 7 de agosto. La nueva administración considera que estas figuras han impuesto restricciones que afectan el uso productivo de la tierra y anunció que revisará los actos administrativos expedidos durante los últimos años con el propósito de desmontarlos, siempre dentro del marco legal vigente.
Según explicó la oficina del presidente electo, la revisión buscará establecer los efectos que las APPA han tenido sobre la producción agropecuaria, la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de las comunidades rurales. El Gobierno entrante aseguró que el proceso se adelantará con criterios de seguridad jurídica y rigor técnico.
Para De la Espriella, eliminar estas figuras permitirá recuperar la confianza de productores e inversionistas, ampliar las posibilidades de desarrollo del campo colombiano y fortalecer la oferta de alimentos mediante un modelo que prioriza la propiedad privada y el aprovechamiento productivo de la tierra.
¿Qué son las áreas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)?
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) fueron incorporadas al ordenamiento jurídico mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. Esa disposición modificó la Ley 388 de 1997 e incorporó estas áreas como determinantes de ordenamiento territorial de superior jerarquía.
Su objetivo es proteger los suelos con vocación agrícola ubicados dentro de la frontera agrícola nacional para garantizar la producción de alimentos, preservar la seguridad alimentaria y evitar que esos terrenos sean destinados a usos considerados incompatibles con la actividad agropecuaria.
En la práctica, cuando el Ministerio de Agricultura declara una zona como APPA, los municipios deben incorporar esa condición dentro de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
Esto puede limitar cambios en el uso del suelo para proyectos urbanos, industriales, turísticos, mineros o de otro tipo cuando sean incompatibles con la vocación agrícola establecida para esos predios.
Precisamente ese alcance ha generado un amplio debate entre sectores productivos, autoridades territoriales y organizaciones rurales. Mientras el gobierno Petro defendió la medida como un instrumento para proteger la producción de alimentos y los mejores suelos agrícolas del país, sus críticos sostienen que concentra decisiones sobre el uso del suelo en el Gobierno Nacional y restringe la autonomía de los municipios.
¿Por qué el Gobierno De la Espriella quiere eliminarlas?
La decisión de revisar estas áreas coincide con una solicitud presentada por la senadora electa Sara Castellanos y los representantes electos Carol Borda y Daniel Briceño, quienes pidieron al futuro ministro de Agricultura revocar las resoluciones mediante las cuales fueron creadas las APPA y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA).
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Los congresistas consideran que estas figuras han generado incertidumbre jurídica para propietarios rurales, productores e inversionistas, además de afectar derechos relacionados con la propiedad privada y la libertad económica.
Según los legisladores, el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo terminó convirtiendo una disposición que inicialmente se presentó como un mecanismo de protección agrícola en una herramienta que permite al Ministerio de Agricultura intervenir decisiones sobre el uso del suelo que históricamente han correspondido a las autoridades locales.
La representante Carol Borda afirmó que estas medidas permiten que desde el nivel central se impongan restricciones a actividades como el comercio, la industria, el turismo, la minería o la construcción de vivienda, sin que existan, según su criterio, suficientes estudios técnicos que respalden esas limitaciones.
¿Dónde están ubicadas las APPA que serían derogadas?
La solicitud de revocatoria presentada al nuevo Gobierno incluye las resoluciones mediante las cuales se declararon APPA y ZPPA en distintas regiones del país.
Entre ellas aparecen:
- Sabana Centro (Cundinamarca): resoluciones 507 de 2023, 266 de 2025 y 153 de 2026.
- La Guajira: resoluciones 230 de 2023, 161 de 2024 y 289 de 2025.
- Suroeste de Antioquia: resoluciones 377 de 2024; 330, 393 y 394 de 2025; además de las resoluciones 11, 12, 18, 63, 64, 116 y 117 de 2026.
- Córdoba: resoluciones 242 de 2025 y 93 de 2026.
- Tolima: resoluciones 352 de 2024 y 44, 45 y 52 de 2026.
- Santander: resolución 269 de 2025.
Adicionalmente, los congresistas solicitaron revisar el Decreto 1147 de 2024, al considerar que otorga facultades a la Agencia Nacional de Tierras para establecer límites sobre la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina.
La petición para desmontar estas figuras también hace referencia a pronunciamientos de organismos de control.
Los congresistas recuerdan que la Contraloría General de la República ha advertido riesgos de carácter legal, fiscal y de gobernanza relacionados con la implementación de las APPA. De igual forma, señalan que la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que dio origen a esta figura.
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No obstante, mientras no exista una decisión judicial o una derogatoria de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Agricultura, las APPA continúan vigentes.
