Miles de colombianos podrían dejar de pagar el 4×1000 en un movimiento financiero cotidiano si prospera un proyecto de ley que acaba de llegar al Congreso. La iniciativa busca ampliar las exenciones del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y evitar que determinadas transferencias sigan generando este cobro.
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La propuesta fue radicada por el representante a la Cámara Daniel Briceño, quien plantea eliminar el pago del impuesto cuando una persona traslade dinero entre cuentas bancarias de las que es titular. Según el congresista, este tipo de operaciones no representan una compra, una venta ni implican la participación de un tercero, por lo que considera que el cobro carece de justificación.
«Hay una enorme injusticia que durante años los colombianos hemos aguantado y es que usted tiene su dinero en una cuenta de un banco y, únicamente cuando lo quiere trasladar a otra cuenta de otro banco, siendo dueño de ambas, el Estado le cobra el 4×1000. No tiene ningún sentido», afirmó Briceño al presentar la iniciativa.
El representante aseguró que la medida beneficiaría a personas que administran sus recursos en diferentes entidades financieras o billeteras digitales y que constantemente deben mover dinero entre cuentas propias para ahorrar, pagar servicios o cumplir obligaciones financieras.
«Piense en un microempresario que ahorra en una billetera digital y luego necesita trasladar esos recursos a otra cuenta para pagar un proveedor. O en una familia que mueve su dinero entre cuentas propias para realizar una compra. En esos casos el Estado termina cobrando el 4×1000, pese a que no existe ningún tercero beneficiado con la operación», agregó.
¿En qué transacciones dejaría de cobrarse el 4×1000?
Si la iniciativa llega a convertirse en ley, el beneficio aplicaría para las transferencias entre cuentas que pertenezcan al mismo titular, incluso cuando estas estén abiertas en diferentes entidades financieras.
Actualmente, la legislación ya contempla una exención para algunos movimientos entre cuentas de un mismo propietario, pero únicamente cuando la operación se realiza dentro de la misma entidad financiera. El proyecto busca ampliar ese beneficio para que también cubra las transferencias entre bancos distintos.
En la práctica, una persona que tenga una cuenta de ahorros en un banco y otra cuenta o depósito electrónico en otra entidad podría mover su dinero entre ambas sin pagar el Gravamen a los Movimientos Financieros.
¿Qué falta para que el proyecto se convierta en ley?
La radicación del proyecto apenas marca el inicio del trámite legislativo. Para que la propuesta entre en vigencia deberá surtir el procedimiento establecido por la Constitución y el Congreso.
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El proyecto primero será enviado a la comisión constitucional permanente que corresponda, donde deberá superar un primer debate. Si obtiene el respaldo de esa célula legislativa, pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes para el segundo debate.
Posteriormente iniciará el mismo proceso en el Senado de la República: primero deberá ser aprobado en la comisión correspondiente y luego en la plenaria. En total, la iniciativa tendrá que superar cuatro debates en el Congreso. Si durante el trámite el texto aprobado por Cámara y Senado presenta diferencias, será necesario un proceso de conciliación para unificar su contenido.
Una vez cumplido ese recorrido, el proyecto será enviado al presidente de la República para su sanción presidencial. El jefe de Estado podrá sancionarlo y promulgarlo como ley o presentar objeciones por razones de inconveniencia o de constitucionalidad, caso en el cual la iniciativa regresará al Congreso para un nuevo estudio. Solo después de completar ese proceso la medida podrá entrar en vigor.
¿Qué es el 4×1000 y por qué se cobra?
El 4×1000, conocido oficialmente como Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), es un impuesto nacional que grava determinadas operaciones financieras. En la práctica, por cada $1.000 sometidos al impuesto se pagan cuatro pesos.
Aunque muchas personas creen que este dinero queda en manos de los bancos, las entidades financieras únicamente actúan como agentes de recaudo y posteriormente transfieren esos recursos al Gobierno Nacional.
Este gravamen nació como una medida temporal durante la crisis financiera de finales de los años noventa. Fue creado mediante el Decreto 2331 de 1998 con una tarifa del 2×1000 para enfrentar las dificultades del sistema bancario.
Posteriormente, tras la emergencia ocasionada por el terremoto del Eje Cafetero, la medida fue prorrogada y, en el año 2000, el impuesto pasó a ser permanente. Con el paso del tiempo la tarifa aumentó primero al 3×1000 y finalmente al actual 4×1000, que continúa vigente.
Aunque el proyecto busca ampliar los casos en los que no se pagaría el impuesto, el 4×1000 ya contempla varias exenciones.
Gracias a la implementación de la Ley 2277 de 2022, la exención dejó de aplicarse sobre una única cuenta marcada y pasó a operar por usuario. Para 2026, el beneficio cubre movimientos mensuales de hasta 350 UVT, equivalentes a $18.330.900, sumando los retiros y pagos realizados en todas las cuentas del titular, incluso si están en diferentes entidades financieras.
También están exentas las cuentas AFC, la cuenta donde los pensionados reciben su mesada, algunos movimientos entre inversiones administradas por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, determinadas operaciones de microcrédito y algunas operaciones de factoring electrónico que cumplen los requisitos establecidos por la DIAN.
Durante los últimos años se han presentado varias propuestas para desmontar total o parcialmente el Gravamen a los Movimientos Financieros, pero ninguna ha logrado convertirse en ley.
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Uno de los principales argumentos para mantener el impuesto es su capacidad de recaudo. Al cobrarse automáticamente sobre las operaciones financieras, representa una fuente importante de ingresos para el Estado y un mecanismo de fácil administración.
La iniciativa presentada por Daniel Briceño reabre ese debate, aunque todavía deberá recorrer un largo camino en el Congreso antes de traducirse en un cambio para los usuarios del sistema financiero. Mientras tanto, el cobro del 4×1000 seguirá aplicándose bajo las reglas vigentes hasta que una eventual nueva ley disponga lo contrario.
