El Consejo de Estado indicó que Empresas Públicas de Medellín (EPM) está llamada a responder patrimonialmente a las familias que fueron desplazadas de sus viviendas aguas abajo del río Cauca, en el marco de la contingencia que tuvo el proyecto Hidroituango en 2018.
En abril de ese año varias zonas rurales de algunos municipios de Antioquia aledaños al afluente tuvieron que ser evacuados como consecuencia de los derrumbes en el túnel de desviación de la Hidroeléctrica de Ituango. (Ver más de Empresas)
Sobre ese caso, la sociedad Hidroituango llamó a EPM en un proceso de garantía que intentó dirimir sobre qué actor sería el llamado a responder en caso de demandas, litigio que comenzó su curso en el segundo semestre de 2018.
No obstante, ese año el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que EPM no tenía responsabilidad patrimonial en ese asunto. Así las cosas, la sociedad acudió al Consejo de Estado para apelar esa providencia.
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Tras el suceso ocurrido entre abril y mayo de 2018 los habitantes de municipios aledaños al río Cauca instauraron una demanda de acción, argumentando que tuvieron que evacuar sus casas ante el riesgo de avalancha que se vivió en esa zona norte del departamento de Antioquia, por la inundación del túnel de desviación de Hidroituango.
Al estudiar el caso, según la misiva de la autoridad judicial, “EPM sí debe ser reconocida como la llamada a responder patrimonialmente por los eventuales perjuicios que genere la construcción y posterior operación de la hidroeléctrica de Ituango”.
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En línea con esa premisa, ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia reconocer que la empresa pública es la llamada a dar garantía dentro del proceso de reparación colectiva que está en curso contra Hidroituango.
La decisión del Consejo de Estado revoca el auto de diciembre de 2018 mediante el que el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó el llamamiento de garantía que formuló la sociedad Hidroeléctrica Ituango a EPM.
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