En entrevista con este medio, el gerente de EPM (Empresas Públicas de Medellín), John Maya, señaló que la organización tendrá su propia regasificadora en Antioquia en 2026. Este punto, que servirá como infraestructura para importar gas y así abastecer la demanda de los usuarios, estará localizado en Copacabana, al norte de Medellín, y a su vez se sumará a una amplia red de regasificadoras en Colombia, lo cual confirma el viraje que dio la política energética en los últimos años: de producir el propio gas a comprarlo en el exterior para abastecer hogares, pequeños comercios y gas vehicular.
Cabe mencionar que una planta de regasificación es una instalación donde se recibe gas natural licuado (GNL), que llega en estado líquido para facilitar su transporte marítimo. Allí se convierte nuevamente en gas (a estado gaseoso) y luego se inyecta al sistema de gasoductos para abastecer la demanda. Lo paradójico de esta situación es que, mientras múltiples actores de la cadena hablan de recuperar el autoabastecimiento de Colombia en esta materia, las últimas señales del sector apuntan a más proyectos de regasificación.
Lo anterior no es una exageración. Incluso el Centro Regional de Estudios Energéticos (CREE), dirigido por Tomás González, contó 14 proyectos potenciales de regasificación. Seis serían de gran tamaño, mientras los otros siete serían de pequeño o mediano, sumados al proyecto de expansión que hay en la única planta de regasificación a gran escala con la que hasta la fecha cuenta Colombia para abastecer la demanda interna con gas importado, SPEC (Sociedad Portuaria El Cayao). Adicionalmente, organizaciones como Retramar y Affinity Energy, a través de Amazónica LNG, señalaron que habrá otra planta de regasificación en Palermo (Magdalena).
Este aumento en proyectos también podría ser consecuencia de un escenario en el que el Gobierno Petro limitó nuevas exploraciones en hidrocarburos (petróleo y gas). Lo que llevó a algunas empresas a garantizar el abastecimiento de gas a través de importaciones. Lo anterior también se da en un contexto en el que se espera que Sirius, yacimiento localizado en el mar Caribe, entre en operación y pueda abastecer parte de la demanda de gas. Sin embargo, su entrada será en 2029 o 2030.
“No hay política a largo plazo, no hay una planificación del sistema. Tampoco hay una planificación, incluso gremial, donde haya una articulación de los actores para poder abastecer de la forma más conveniente. En un mercado de importación de márgenes pequeños, con la entrada de capacidad de tantos proyectos, esto va a terminar afectando económicamente a los más vulnerables, quebrándolos, si no tienen la capacidad de acceder al recurso de menor costo,”, señaló Felipe Bernal, miembro del Centro Global de Estudios de Energía de la Universidad de Columbia.
De esta forma, mientras en la industria, no solo a nivel nacional, sino internacional, se habla de reducir la vulnerabilidad causada por la dependencia de la importación de energéticos como el gas, en Colombia lo que se está haciendo es ampliar la infraestructura para importarlo. Bernal dejó entrever que debe evaluarse si lo que se está haciendo con los puntos de regasificación es un respaldo transitorio o si la política energética de Colombia está avanzando estructuralmente hacia una mayor dependencia del mercado internacional, lo que a su vez ocasionaría una reversión difícil y prolongada.
“En la eventualidad de una reactivación de proyectos en Colombia, estaríamos recuperando el autoabastecimiento entre ocho y 10 años, cuando la oferta mundial de gas licuado posiblemente se haya incrementado, según estimaciones, entre 40 % y 60 %. ¿Cuáles serán las condiciones para que el gas nacional conserve su competitividad sin carga fiscal?”, añadió. Para luego mencionar que la salida está en el desarrollo de yacimientos no convencionales, es decir, aplicar la técnica del fracking.
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Varios actores en la cadena (sindicatos, empresarios, líderes gremiales, académicos y expertos del sector) manifiestan que lo que se requiere es recuperar el autoabastecimiento, incentivando su explotación en Colombia. El Gobierno señala que no incentivará esta industria porque “contamina”, pero a su vez importa gas de otros países que sí desarrollan actividades de explotación. Esto permite concluir que todo esto responde a una carencia de la que se ha hablado durante años en el sector: la falta de una política energética de largo plazo, y con ello, la ausencia de planeación y objetivos claros en el futuro.
