César Giraldo, codirector del Banco de la República, publicó un análisis en el que denuncia que las tres agencias calificadoras más grandes, conocidas como Big Three, han pasado de ser simples proveedoras de información a convertirse en organismos que disciplinan a los gobiernos y moldean sus políticas económicas.

El doctor en economía señaló a las firmas Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings de haberse apoderado del rol de calificar el manejo monetario y fiscal de los países bajo una estructura oligopólica (controlan más del 90 % del mercado), sin que para ello se hubiera llegado a un acuerdo entre naciones.

De acuerdo con el codirector, la paradoja es que, ante litigios, las agencias suelen defender sus notas como meras opiniones protegidas por la libertad de expresión. Sin embargo, asegura que en la práctica se han transformado en mecanismos regulatorios de facto que determinan el costo del financiamiento público.

Pero no es el primero en abordar esta discusión. La crítica más reciente provino de Yuefen Li, en calidad de experta Independiente en deuda externa y derechos humanos de las Naciones Unidas. En un informe al Consejo de Derechos Humanos en 2021 señaló que las agencias de calificación crediticia “sufren de defectos de nacimiento, como el conflicto de intereses y la falta de rendición de cuentas o de transparencia en sus evaluaciones”.

Incluso planteó la falta de advertencias ante posibles crisis de deuda, incumpliendo así con el papel preventivo que deberían desempeñar y contribuyendo a agudizar las recesiones, citando como ejemplos los casos de la crisis mundial de las hipotecas subprime en 2007 y la crisis financiera en Asia, cuando quedaron expuestos los problemas estructurales inherentes a ellas.

De acuerdo con el profesor Alejandro Espitia de la Universidad Javeriana, si bien es cierto que las agencias calificadoras responden a intereses particulares y participan en un mercado muy concentrado, también lo es que están sometidas a controles y sus notas son fácilmente verificables. “No se puede decir que sean instrumentos de gobiernos para empobrecer a otros países o ponerles condiciones gravosas porque son firmas que también se juegan su prestigio si fallan”, enfatizó.

Así se volvieron un requisito de los mercados

El artículo del codirector explica que llegamos a este punto luego de que el sistema financiero global insertara las calificaciones en su arquitectura normativa. Y es que instituciones como los fondos de pensiones y aseguradoras están sujetos a reglas que convierten la calificación soberana en un requisito que determina dónde se pueden exponer.

De esta forma, cuando una agencia baja la nota de un país, se activan cláusulas automáticas que obligan a los grandes fondos a retirar sus inversiones, elevando instantáneamente las tasas de interés que un estado debe pagar por su deuda porque esta pasa a considerarse de mayor riesgo.

Para Giraldo, el caso colombiano es un reflejo de esta dinámica, pues la pérdida del grado de inversión por parte de dos de las tres grandes firmas (Standard & Poor’s y Fitch Ratings), en respuesta al deterioro de indicadores fiscales, ha fundamentado decisiones de asignación de capital e inversión en el país.

“El caso colombiano revela la vulnerabilidad estructural de economías integradas a mercados financieros globales sin contar con moneda de reserva internacional y con alta sensibilidad a movimientos de portafolio”, escribió.

Sin embargo, es un hecho, no solo para las agencias calificadoras sino para los analistas locales y externos, quienes revisan la información que hace pública el Ministerio de Hacienda como insumo, que Colombia viene registrando un deterioro de su balance fiscal por cuenta de una diferencia sostenida entre los ingresos y los gastos y un incumplimiento de las proyecciones públicas.

Recientemente el Gobierno confirmó que el año, pasado el déficit fiscal llegó a $117,8 billones, lo que equivale al 6,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), el segundo más alto en la historia reciente del país, excluyendo los años de pandemia (2020 y 2021).

Por su parte, el déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos sin contar intereses de deuda) fue del 3,5 % del PIB o $65,7 billones, muy lejos de la meta del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del 2,4 %.

Para este año, según la actualización del Plan Financiero, el Gobierno estima que el déficit fiscal llegue al 5,1 % del PIB, pero las proyecciones del mercado se mueven entre el 7 % y el 8 %.

Giraldo lamentó que, al final, las calificaciones ni siquiera son solicitadas, sino que son emitidas unilateralmente por la agencia con base en información pública con o sin consentimiento del gobierno, y esa evaluación tiene efectos inmediatos en los mercados.

“Las calificadoras son la expresión de instituciones privadas que tienen el poder de imponerle al estado decisiones políticas en beneficio de los rentistas financieros”, sentenció.

El poder de amplificar las crisis

César Giraldo advirtió en su artículo académico que la actuación de estas agencias suele ser procíclica, lo que significa que tienen el potencial de amplificar las crisis económicas, los desequilibrios fiscales y las burbujas financieras al ejercer “un poder político con efectos macroeconómicos y distributivos”.

El autor cita el caso de la crisis de la Eurozona (2010-2012), donde rebajas abruptas en las calificaciones de países como España e Italia generaron espirales de pánico y aumentos en las primas de riesgo que no se explicaban solo por sus indicadores fiscales, sino por la reacción sincronizada de los mercados ante la opinión privada.

Según dijo, esta dinámica traslada un choque financiero privado a una crisis de deuda soberana, tensionando las cuentas públicas y forzando a los estados a adoptar medidas de austeridad para intentar recuperar el grado de inversión.

Otros analistas han mencionado como ejemplos la crisis financiera de Islandia, entre 2008 y 2009, la cual inició a pocas semanas de recibir la calificación triple A por parte de dos de estas firmas, lo que ha ratificado la percepción de que pesan más los intereses económicos que los estudios en material fiscal.

Uno de los puntos más fuertes de la posición de Giraldo es que el sistema restringe la autonomía política de los gobiernos, pues al configurar los costos de las decisiones estatales, las agencias ejercen un poder estructural. Esto se traduce en que el temor a una evaluación negativa genera una reacción anticipada de los mercados.

En consecuencia, a los países se les estrecha drásticamente el margen de maniobra para políticas fiscales, monetarias y sociales.

Por ello, sugiere fortalecer los mercados de capital en moneda local, profundizar los mecanismos regionales de respaldo financiero, diversificar las fuentes de evaluación del riesgo y cuestionar la dependencia automática de criterios externos en la regulación prudencial para reducir la vulnerabilidad de los países.

“En última instancia, la discusión sobre calificadoras es una discusión sobre soberanía económica en un sistema internacional jerárquico”, concluyó.

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