Colombia decretó para 2026 uno de los aumentos al salario mínimo más altos de su historia reciente, un alza del 23,7 %, principalmente, según el Gobierno, como respuesta al la inflación acumulada y el encarecimiento del costo de vida. De su parte, Venezuela optó por la cautela.
El 8 de abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un incremento para el primero de mayo, pero sin precisar el monto, y dedicó una parte de su alocución a explicar por qué no puede hacer lo que hizo Colombia. El contraste revela dos economías con el mismo problema de fondo: salarios que no alcanzan, y apuestas opuestas para resolverlo.
El argumento de Delcy Rodríguez: el «falso aumento»
La tesis central de Rodríguez es que un incremento salarial sin respaldo financiero sólido no protege al trabajador, sino que lo perjudica. Lo llamó directamente el «falso aumento»: un alza nominal que genera inflación, se erosiona en días y deja a los trabajadores en peor situación que antes, mientras todo el país absorbe el costo en precios.
En 2022, un pago por convención colectiva en Venezuela hizo que la inflación mensual saltara de 8,2 % a 28,7 % en dos días, ese aumento, dijo, ya valía un tercio menos al momento de ejecutarse y en el curso de la semana no equivalía a nada.
En 2018, un ajuste salarial había perdido todo su valor entre dos y cuatro meses después de ser decretado. Y entre enero de 2017 y octubre de 2019, el Gobierno ejecutó incrementos que acumularon un aumento nominal de casi 37.000.000 %, pero la inflación en ese mismo periodo fue de 62.000.000 %, destruyendo el poder adquisitivo incluso mientras los salarios subían constantemente en papel.
La conclusión de Rodríguez: cada incremento debe tener una fuente de financiamiento identificada, ser sostenible en el tiempo, y no generar presiones sobre los precios. El aumento de marzo de 2026, que llevó el salario mínimo a un equivalente de US$190, lo atribuyó a un ingreso extraordinario por venta de combustible. El de mayo seguiría la misma lógica, respaldado por fondos soberanos.
El caso colombiano: el mismo debate, otro contexto
El aumento del 23,7 % en Colombia para 2026 se decretó unilateralmente por el Gobierno de Gustavo Petro, tras no alcanzar acuerdo entre empresarios y sindicatos. Y generó un debate inmediato sobre sus consecuencias.
Analistas advirtieron que un aumento por encima del referente técnico, que combinaba inflación causada y productividad, hace previsible que se generen presiones adicionales sobre la inflación. El propio Banco de la República ha documentado que aumentos en el salario mínimo afectan los precios a través de tres canales: el encarecimiento de los costos laborales, el aumento de la demanda agregada, y las expectativas de ajuste de precios por parte de los agentes económicos.
El Gobierno Petro, por su parte, argumentó que la inflación ha disminuido sostenidamente desde 2023 y que el mercado laboral lleva meses de reducción en la tasa de desempleo, como evidencia de que salarios y actividad productiva pueden ir de la mano.
El debate en Colombia sigue abierto. Lo que ilustra es que incluso en una economía con instituciones monetarias sólidas, un banco central independiente y una inflación de un dígito, pero que viene en aumento, decretar un aumento salarial muy por encima de lo que justifica la productividad real del país tiene costos, en precios, en empleo informal, en carga fiscal, que el Gobierno Petro prefiere minimizar pero que el mismo Banco de la República no descarta.
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Venezuela es el caso extremo que ilustra a dónde puede llevar esa lógica cuando se aplica sin restricciones durante años. No porque Colombia esté en el mismo camino, sus condiciones son distintas, sino porque el historial venezolano demuestra lo que ocurre cuando los aumentos salariales se decretan de forma sistemática sin respaldo productivo real: la inflación los devora, el poder adquisitivo cae, y los trabajadores terminan más pobres después de cada aumento que antes.
Eso es exactamente lo que Delcy Rodríguez reconoció en su alocución, y es también la razón por la que hoy Venezuela no puede aplicar la misma fórmula que Petro defiende como política de justicia social. El punto de partida importa, pero también importa el camino que llevó hasta él.
