La posibilidad de un nuevo ajuste al salario mínimo en Colombia, planteada recientemente por el presidente Gustavo Petro, ha encendido las alarmas entre expertos económicos.
Los analistas coinciden en que una medida de este tipo no solo inflaría el costo de vida, sino que desestabilizaría las finanzas de los hogares y la ya desacelerada economía nacional.
La controversia se originó cuando el presidente Petro amenazó con ordenar un nuevo aumento salarial si la Junta Directiva del Banco de la República continuaba con su política de incrementar las tasas de interés.
Bajo el concepto constitucional de “salario vital y móvil”, el mandatario buscaba proteger el poder adquisitivo frente a lo que calificó como una «tontería» por parte del emisor.
«Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos; es más, Germán (Ávila), alístese… si la Junta sigue en esa tontería pues subimos otra vez el salario», afirmó Petro durante un consejo de ministros.
Vale la pena recodar que aproximadamente 2,4 millones de personas ganan exactamente el salario mínimo en Colombia, lo que representa a cerca de una de cada diez personas ocupadas.
El impacto en el bolsillo y las empresas
Desde los centros de pensamiento económico, la propuesta fue recibida con preocupación. César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, fue enfático al señalar que una nueva alza sería perjudicial para el ciudadano de a pie.
“Técnicamente es completamente indeseable una nueva incremento del salario mínimo por las implicaciones que podría tener en la canasta básica, en el costo de vida que tenemos todos los colombianos”, dijo el experto.
Y agregó que el impacto sería particularmente grave para la «economía a pie», afectando a quienes realizan compras diarias.
Por su parte, José Ignacio López, presidente de la ANIF, advirtió que la medida carecería de racionalidad económica y funcionaría más como una presión política hacia el Banco de la República.
López destacó que un incremento adicional generaría más presión inflacionaria, algo que ya se observa en sectores intensivos en mano de obra como el transporte, servicios domésticos y lavanderías.
Así mismo, alertó sobre el riesgo para el tejido empresarial: “habría una desestabilización de muchos negocios empresariales, sobre todo las empresas más pequeñas, estarían viendo como es difícil pagar la nómina”.
En un contexto de desaceleración económica, con crecimientos del Producto Interno Bruto (PIB) inferiores a los del pasado, un choque adicional de este tipo podría, según el analista, exacerbar los problemas de crecimiento.
Un respiro tras la decisión del BanRep
A pesar de la tensión, el panorama cambió el pasado jueves. En una decisión que sorprendió al mercado —que esperaba un alza de hasta 75 puntos básicos—, la Junta Directiva del Banco de la República decidió de forma unánime mantener las tasas de interés inalteradas en 11,25 %.
El emisor justificó esta estabilidad buscando apoyar la recuperación de la actividad económica, mientras vigila una inflación que en marzo se situó en el 5,6 %.
Tras conocerse el consenso logrado en el emisor, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, trajo calma a los mercados al descartar, por el momento, la intención de subir nuevamente el mínimo para 2026.
“Por ahora queda suspendido porque se ha tomado una decisión que permite revisar el comportamiento del ingreso real de los trabajadores”, declaró el ministro, refiriéndose a la estabilidad de las tasas pactada en la junta.
De esta manera, aunque el riesgo de una espiral inflacionaria por decreto parece haberse disipado temporalmente, la economía colombiana permanece atenta a la evolución de los precios y a la convergencia de la inflación hacia la meta del Banco de la República.
