Luego de la publicación para comentarios del proyecto de borrador del Gobierno Petro que da más facultades a los operadores postales, Colombia Fintech volvió a cuestionar la propuesta normativa.
Esta iniciativa busca habilitar a los operadores postales para ofrecer servicios de giros de depósito y transferencias mediante cuentas postales, similares a entidades financieras.
Según el gremio, aunque la nueva versión de la iniciativa incorpora ajustes para fortalecer aspectos de seguridad, el texto mantiene preocupaciones relacionadas con la administración de recursos del público.
Esto, teniendo en cuenta que las nuevas funciones las ejecutarían entidades que no están sometidas a las mismas exigencias regulatorias que bancos, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPE) y empresas fintech.
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Para Colombia Fintech, la propuesta transformaría un servicio de envío inmediato de efectivo en una actividad de captación y custodia de recursos, sin que los operadores postales deban cumplir con las obligaciones que actualmente exige el sistema financiero.
“Este decreto crea un riesgo sistémico y una asimetría normativa preocupante, reviviendo una iniciativa que en el pasado ya fue criticada por el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera”, afirmó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.
Los riesgos que identifica Colombia Fintech
Entre las principales preocupaciones planteadas por el gremio está la ausencia de mecanismos equivalentes a los que hoy protegen los depósitos de los usuarios dentro del sistema financiero.
De acuerdo con Colombia Fintech, los operadores postales no estarían obligados a contar con el respaldo del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), lo que dejaría a los usuarios sin una protección similar en casos de insolvencia o fraude.
Otro de los puntos señalados tiene que ver con los controles para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Según el gremio, los mecanismos contemplados para los operadores postales serían más limitados que los estándares SARLAFT que actualmente cumplen las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, lo que podría generar vulnerabilidades frente a actividades ilícitas.
La asociación también advirtió sobre posibles asimetrías regulatorias entre los diferentes actores del mercado.
Mientras bancos, sociedades de pagos y empresas fintech deben cumplir requisitos relacionados con capital, solvencia y supervisión financiera, el proyecto contempla que la vigilancia de estas actividades recaiga en el MinTIC y no en la Superintendencia Financiera.
“Además, el supervisor sería MinTIC y no la Superintendencia Financiera, la cual tiene la experiencia exclusiva para vigilar el ahorro del público”, señaló la organización.
Preocupación por la interoperabilidad de los pagos
Otro de los cuestionamientos se relaciona con la interoperabilidad del sistema de pagos.
Colombia Fintech considera que la creación de cuentas postales independientes podría generar esquemas paralelos que terminen fragmentando los avances alcanzados por el país en materia de pagos inmediatos.
Según el gremio, la normativa podría aislar estos recursos de desarrollos como Bre-B, que buscan facilitar las transferencias interoperables entre entidades financieras.
Finalmente, la asociación recordó que Colombia ya cuenta con mecanismos para promover la inclusión financiera en regiones apartadas, como las SEDPEs y las redes de corresponsalía, los cuales operan bajo esquemas de supervisión y regulación financiera.
Por ello, concluyó que habilitar a los operadores postales para realizar estas actividades por fuera del sistema financiero resultaría innecesario y podría generar riesgos para los consumidores.
