Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), una de las herramientas de ordenamiento territorial impulsadas durante el gobierno Petro, volvieron al centro del debate político.
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Un grupo de congresistas electos solicitó al futuro ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, que una de sus primeras decisiones sea revocar las resoluciones mediante las cuales fueron creadas en distintas regiones del país.
La petición fue presentada por la senadora electa Sara Castellanos y los representantes electos a la Cámara por Bogotá Carol Borda y Daniel Briceño, quienes consideran que estas figuras han generado incertidumbre jurídica para propietarios rurales, productores e inversionistas y piden, además, revisar el marco normativo que las sustenta.
La solicitud se conoce en medio del proceso de empalme del presidente electo Abelardo De la Espriella, cuyo equipo ha anticipado una revisión de varias políticas adoptadas por la administración saliente, especialmente aquellas relacionadas con tierras, ordenamiento territorial y desarrollo rural.
¿Qué son las APPA y por qué generan controversia?
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) fueron incorporadas al ordenamiento jurídico mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. La norma modificó la Ley 388 de 1997 e incorporó estas áreas como determinantes de ordenamiento territorial de superior jerarquía.
Su objetivo, según el Ministerio de Agricultura, es proteger los suelos con vocación agrícola ubicados dentro de la frontera agrícola nacional para garantizar el derecho humano a la alimentación, la seguridad alimentaria y evitar que estos terrenos sean transformados hacia otros usos incompatibles con la producción de alimentos.
En la práctica, cuando un territorio es declarado como APPA, los municipios deben incorporar esa condición en sus instrumentos de ordenamiento territorial, lo que puede limitar cambios en el uso del suelo para actividades como desarrollos urbanos, proyectos industriales, mineros o turísticos cuando estos sean incompatibles con la vocación agrícola definida para la zona.
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Precisamente ese alcance ha despertado críticas de algunos sectores económicos y políticos, que consideran que la figura otorga amplias facultades al Gobierno Nacional sobre decisiones tradicionalmente adoptadas por las autoridades territoriales.
¿Por qué piden desmontar estas áreas de protección creadas durante el Gobierno Petro?
En un documento dirigido al futuro ministro de Agricultura, los congresistas solicitaron la revocatoria directa de todas las resoluciones expedidas durante el gobierno Petro mediante las cuales se declararon APPA y ZPPA en diferentes regiones del país.
Según explicaron, la medida busca «restablecer la seguridad jurídica, garantizar el respeto por la autonomía territorial y proteger el derecho a la propiedad privada», frente a una política que, a su juicio, ha generado incertidumbre para propietarios rurales, productores e inversionistas.
Los legisladores sostienen que el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo convirtió una disposición inicialmente temporal en una herramienta que permite al Ministerio de Agricultura intervenir el uso del suelo rural, afectando competencias constitucionales de los municipios y limitando derechos relacionados con la propiedad privada y la libertad económica, razón por la cual anunciaron que también impulsarán su derogatoria.
La representante electa Carol Borda afirmó: «Estas medidas permiten que desde el nivel central se determine cómo deben utilizarse los predios rurales, imponiendo restricciones a actividades productivas como el comercio, la industria, el turismo, la minería o la construcción de vivienda, sin que exista una ley que autorice expresamente dichas limitaciones ni estudios técnicos suficientes que las justifiquen».
La solicitud incluye la revocatoria de resoluciones expedidas para declarar APPA y ZPPA en varias regiones del país.
Entre ellas aparecen:
- Sabana Centro (Cundinamarca): resoluciones 507 de 2023, 266 de 2025 y 153 de 2026.
- La Guajira: resoluciones 230 de 2023, 161 de 2024 y 289 de 2025.
- Suroeste de Antioquia: resoluciones 377 de 2024; 330 y 393 de 2025; además de las resoluciones 394 de 2025 y 11, 12, 18, 63, 64, 116 y 117 de 2026.
- Córdoba: resoluciones 242 de 2025 y 93 de 2026.
- Tolima: resoluciones 352 de 2024 y 44, 45 y 52 de 2026.
- Santander: resolución 269 de 2025.
Adicionalmente, solicitaron revisar el Decreto 1147 de 2024, al considerar que otorga facultades a la Agencia Nacional de Tierras para establecer límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina.
Los congresistas argumentan que su solicitud también se fundamenta en observaciones realizadas por organismos de control.
En el documento recuerdan que la Contraloría General de la República ha advertido riesgos de carácter legal, fiscal y de gobernanza asociados con la implementación de las APPA. Asimismo, señalan que la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que dio origen a esta figura dentro del ordenamiento territorial colombiano.
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Ahora, la continuidad o modificación de esta política quedará en manos del nuevo Gobierno, que deberá decidir si mantiene una de las principales herramientas de ordenamiento rural impulsadas durante la administración Petro o atiende el llamado de los congresistas electos para desmontarla.
