El próximo 20 de julio se instalará el nuevo Congreso de la República y, apenas dos semanas después, el 7 de agosto, comenzará el gobierno de Abelardo De la Espriella. Aunque el presidente electo ha anticipado que varias de sus primeras decisiones podrán adoptarse mediante decretos o actos administrativos, buena parte de las reformas estructurales que ha prometido dependerán de la aprobación del Legislativo.
El primer filtro de esas iniciativas estará en las comisiones constitucionales permanentes, siete en el Senado y siete en la Cámara de Representantes, creadas por la Ley 3 de 1992 para dar el primer debate a los proyectos de ley y actos legislativos, según la materia de su competencia.
No todas tendrán el mismo protagonismo durante el próximo cuatrienio. Algunas concentrarán los proyectos más importantes del nuevo Ejecutivo, desde la reforma tributaria y la reorganización del Estado hasta las contrarreformas laboral y de salud.
Comisión Primera: el escenario de las reformas constitucionales
Las comisiones primeras, integrada por 19 senadores y 35 representantes, serán probablemente las más importantes para el nuevo Gobierno. Estas comisiones conocen de los actos legislativos que modifican la Constitución, además de proyectos sobre la estructura de la administración pública, organización territorial, derechos fundamentales y políticas para la paz.
Allí tendría que discutirse una de las principales banderas del gobierno de De la Espriella: la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una iniciativa que implicaría modificar normas constitucionales y revisar aspectos derivados del Acuerdo de Paz.
También pasarían por estas comisiones otras propuestas como la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, que igualmente requeriría una reforma constitucional.
A ello se suma un debate que no dependerá únicamente del nuevo Gobierno, pero que marcará el inicio del periodo legislativo: la Ley de Competencias, considerada el complemento de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada mediante acto legislativo durante el gobierno de Gustavo Petro. Esa ley definirá cómo se distribuirán las nuevas responsabilidades y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, por lo que será uno de los proyectos más relevantes que estudiará esta comisión durante la legislatura.
Comisión Tercera: el pulso de la reforma tributaria
Las comisiones terceras, conformadas por 15 senadores y 29 representantes, serán el escenario donde comenzarán uno de los principales debates económicos del nuevo gobierno.
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Estas comisiones estudian proyectos relacionados con Hacienda, impuestos, contribuciones, régimen monetario, actividad financiera, mercado de valores y regulación económica.
Su protagonismo será doble. Por un lado, deberán discutir la reforma tributaria que el gobierno saliente dejó anunciada para intentar mejorar la situación fiscal del país.
Por el otro, el gobierno de De la Espriella ha anticipado que presentará su propia iniciativa tributaria, con un enfoque distinto, orientado a reducir cargas para la inversión, desmontar impuestos como el 4×1.000, revisar tributos empresariales y estimular el crecimiento económico.
Eso convierte a estas comisiones en uno de los principales escenarios de confrontación entre los modelos económicos del gobierno saliente y el entrante.
Comisión Cuarta: presupuesto y reorganización del Estado
Las comisiones cuartas, integradas por 15 senadores y 27 representantes, tendrán un papel determinante en las propuestas relacionadas con el presupuesto público.
Estas células legislativas estudian las leyes orgánicas de presupuesto, el control fiscal financiero, la organización de establecimientos públicos nacionales y la destinación de bienes del Estado. Allí también podrían discutirse aspectos de la reforma tributaria que tengan incidencia presupuestal, así como los proyectos derivados del plan del nuevo Gobierno para reducir el tamaño del Estado, eliminar entidades, fusionar organismos y reorganizar parte de la administración pública.
Aunque varias de esas decisiones podrían adoptarse mediante facultades administrativas del Ejecutivo, cualquier modificación que requiera cambios legales o presupuestales deberá superar el trámite legislativo en estas comisiones.
Comisión Quinta: el debate alrededor del fracking
Las comisiones quintas, conformadas por 13 senadores y 19 representantes, conocen de los asuntos relacionados con minas, energía, medio ambiente, recursos naturales y tierras.
Aunque el gobierno de De la Espriella ha manifestado que impulsará nuevamente el fracking y los yacimientos no convencionales, esa decisión no requiere, en principio, una ley del Congreso, pues depende de la política energética y de decisiones regulatorias del Ejecutivo.
Sin embargo, estas comisiones sí serán el escenario donde podrían discutirse los proyectos que busquen prohibir o limitar el fracking, como ha ocurrido en legislaturas anteriores. En estas comisiones el Gobierno De la Espriella tendría que defender su política energética frente a iniciativas que intenten vetar esa práctica mediante ley, como el proyecto antifracking que el Gobierno Petro radicará este 20 de julio.
Además, allí podrían tramitarse reformas relacionadas con el sector minero-energético y el régimen ambiental que acompañen la estrategia del Ejecutivo.
Comisión Séptima: las contrarreformas laboral y de salud
Otras de las comisiones que tendrá un alto protagonismo serán las séptimas, integrada por 14 senadores y 19 representantes. Estas comisiones conocen de proyectos relacionados con salud, seguridad social, régimen laboral, empleo, servidores públicos, vivienda, economía solidaria y asuntos de familia.
Durante la campaña, De la Espriella anunció que impulsará contrarreformas frente a varias de las iniciativas aprobadas durante el gobierno Petro, especialmente en materia laboral y de salud.
Si esas propuestas se materializan mediante proyectos de ley, su primer debate deberá realizarse en esta comisión, que históricamente ha sido una de las más sensibles del Congreso por el impacto social de las reformas que tramita.
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Aunque las plenarias del Senado y la Cámara serán las encargadas de aprobar o hundir definitivamente los proyectos, el verdadero pulso político comenzará mucho antes. Será en estas comisiones donde el Gobierno medirá por primera vez la solidez de sus mayorías, negociará cambios a sus iniciativas y enfrentará los principales debates sobre su agenda económica, institucional y social.
