En un nuevo intento por equilibrar las cuentas públicas, el Gobierno anunció que, bajo el marco de una nueva emergencia económica (la cuarta de esta administración), buscará recaudar $8 billones (0,5 % del PIB) mediante la imposición de un impuesto al patrimonio dirigido exclusivamente a las empresas.
Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, esta medida es necesaria para atender la crisis invernal que ha dejado más de 250.000 de damnificados en departamentos como Córdoba, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, sin mencionar las hectáreas de cultivos inundadas y la afectación severa a la infraestructura (vías, colegios, hospitales, casas).
El impuesto está diseñado para personas jurídicas con patrimonios líquidos (excluyendo las deudas) superiores a $10.400 millones (200.000 UVT).
Además, la estructura será progresiva, pues se aplicará una tarifa marginal del 0,6 % para patrimonios hasta los $31.424 millones (600.000 UVT) y una tarifa del 1,2 % para aquellos que superen dicho umbral.
El Ministerio de Hacienda estima que unas 15.000 grandes empresas en el país estarán obligadas a pagar el impuesto, principalmente de sectores financiero, energético, industrial e infraestructura.
En Colombia existen más de 1,6 millones de empresas registradas, según Confecámaras. Actualmente, en el régimen ordinario están obligadas a pagar un impuesto de renta del 35 %, aunque algunos sectores tienen beneficios o sobretasas, más otros impuestos municipales, como el ICA.
Cifras del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hablan de una tributación de entre el 21 % y el 30 % para las empresas en Colombia, donde las compañías más grandes suelen tener tasas efectivas menores que las pequeñas. Además, la OCDE tiene datos que indican que las personas jurídicas aportan cerca del 32,4 % del total de los ingresos fiscales del país. El Gobierno maneja un indicador de tasa efectiva de tributación del 21.3 %.
Golpe a las empresas
Expertos y analistas tributarios han calificado la propuesta como inconveniente y antitécnica. Pedro Sarmiento, socio de Crowe, advirtió al sumar este nuevo impuesto con los que ya existen, la DIAN absorbería entre el 50 % y el 72 % de las utilidades de una compañía, lo que denominó una “asfixia financiera”.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro dijo anoche en el Consejo de Ministros que las empresas más grandes no pagan la tasa nominal del impuesto de renta, “en el caso de los bancos es del 21 %”, recordó. También aseguró que al calcularse sobre el impuesto líquido se seleccionan “las empresas más ricas”, no las endeudadas ni las pequeñas o medianas.
Sin embargo, el CEO de Clevertax, Christian Quiñonez, advirtió que de esas 15.000 empresas, muchas son firmas en crecimiento, ya que solo unas 3.000 son consideradas realmente «grandes contribuyentes».
Y aunque las compañías objeto del impuesto son una fracción reducida del tejido productivo (1,6 millones en total), tienen un peso relevante en inversión y generación de empleo formal, de acuerdo con Roger Roman, socio de Impuestos de la firma Russell Bedford Colombia.
Además, según el experto, varias de las empresas que serán gravadas con este nuevo tributo cotizan actualmente en bolsa y forman parte de los portafolios de fondos de pensiones y de inversión colectiva.
Impacto en la economía
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, afirmó que “sería un impuesto a la inversión” y manifestó en su cuenta de X que “atacar las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo, la capacidad de generar oportunidades”.
Incluso citó otras decisiones del Gobierno que han perjudicado al empresariado, como la reforma tributaria de 2022, los impuestos al uso de energía, las reformas en materia laboral, las actuaciones de la SIC, la estigmatización del sector, entre otras.
Así mismo, Intergremial Antioquia, que agrupa 35 organizaciones, rechazó la propuesta, señalando que los empresarios no pueden seguir siendo los únicos financiadores del Estado, especialmente bajo un gobierno que ha “satanizado la actividad empresarial”. También dijo que “asfixiar a las empresas con nuevos impuestos es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo y de generar oportunidades para todos los colombianos”.
Expertos coinciden en que un país con un impuesto al patrimonio de las empresas es muy poco atractivo para invertir porque envía una señal de que el gobierno se mete con el capital de los empresarios, lo que germina alimentando la incertidumbre jurídica que tanto se ha denunciado.
“¿A quién se le ocurre gravar la riqueza y la inversión productiva con un impuesto al patrimonio a empresas para seguir espantando la inversión?”, dijo José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, haciendo referencia a los indicadores cada vez peores en la relación inversión a PIB y a la salida de capitales del país.
Incluso el ministro de Hacienda reconoció que no le gusta la idea de “tener que generar tributos es al sector de la producción real, compartimos con el presidente de la República una búsqueda permanente de proteger al sector productivo”. Incluso dijo que la intención inicial del Gobierno era trabajar sobre el impuesto al patrimonio de personas naturales, pero como ese quedó en la emergencia económica de diciembre, hoy suspendida, no podía repetirse la medida.
Un impuesto que repite en medio de la necesidad
Colombia tiene antecedentes con este tipo de tributos. En 2002, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se aplicó un impuesto “para preservar la seguridad democrática” del 1,2 % a las empresas que ya declaraban renta en medio de un estado de conmoción interior.
Aunque era un cobro de una única vez, el año siguiente se prorrogó hasta 2006 como “impuesto al patrimonio” con una tarifa del 0,3 % a partir de $3.000 millones. Con los años se siguió extendiendo hasta la administración de Juan Manuel Santos, cuando se llegó a cobrar el 2,4 % a patrimonios superiores a $5.000 millones. Finalmente, se eliminó en 2022 con la primera reforma tributaria del gobierno Petro.
Roger Roman, socio de Impuestos de la firma Russell Bedford Colombia, recordó que la experiencia del impuesto al patrimonio aplicado entre 2011 y 2018 en el país no mostró un choque laboral inmediato. Sin embargo, cree que la evolución de la inversión y la confianza empresarial sí es un factor que conviene seguir, especialmente en sectores intensivos en capital.
“El riesgo no está en el impuesto en sí, sino en la incertidumbre prolongada. Si las reglas son claras y temporales, el impacto suele ser acotado”, indicó respecto a un posible efecto inmediato. También dijo que el nuevo tributo podría sentirse si la economía desacelera, si la inversión se ajusta o si la confianza empresarial se debilita.
El CEO de Clevertax, Christian Quiñonez, explicó que el impuesto no es común porque “el patrimonio de las empresas es el patrimonio de las personas, pues es lo que se distribuye a los socios después de cubrir deudas; cuando tú grabas una empresa sobre esa base, estás básicamente grabando, el patrimonio sucio”, dijo.
Además, podría constituir una doble imposición y generar un sobrecosto, dado que el Gobierno ya cobra a las personas naturales por su patrimonio.
También llama la atención que actualmente el Estado se encuentra devolviendo a varias empresas lo que pagaron por «impuesto a la riqueza» hace una década después de que una sentencia pusiera en duda el cambio de condiciones.
Otros caminos para conseguir recursos
El presidente solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión de la emergencia económica declarada en diciembre para que queden vigentes las medidas tributarias y se puedan cobrar los nuevos impuestos.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó esta mañana en Caracol Radio que el Gobierno se encuentra a la espera de esa decisión para activar medidas adicionales en esta nueva emergencia económica por cuenta de las lluvias para no incurrir en un doble establecimiento de tributos.
El titular de la cartera dijo que, en medio del bloqueo institucional, el desbalance fiscal existente y la nueva coyuntura por la crisis climática optaron por declarar una nueva emergencia económica. “Hay que hacer esfuerzos tributarios nuevos”.
Los analistas también cuestionaron la intención del Gobierno de buscar desesperadamente más ingresos a través de decretos de emergencia, pues este sería el segundo intento en menos de tres meses, producto de la caída de metas de recaudo, el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso y la suspensión de la emergencia económica.
El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, señaló como otros caminos que tiene el Gobierno para conseguir mayores recursos el uso de las regalías no ejecutadas, la posibilidad de vender activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que se encuentran en proceso de extinción, intensificar la lucha contra el contrabando, e incluso “apretar” la Central de Inversiones (CISA), que es la entidad encargada de comprar, comercializar y administrar todo tipo de inmuebles y cartera, propiedad de las entidades públicas.
Tanto Junco como otros expertos han insistido también en que el Gobierno apoye el proyecto de ley de reactivación económica, en trámite en el Congreso de la República desde el año pasado, que incluye un capítulo de amnistía tributaria para disminuir sanciones e intereses y así recuperar la cartera de la DIAN y otras entidades.
“¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad, más inversión y prosperidad, si la primera idea frente a la ola invernal es cobrar un impuesto al patrimonio a las empresas? Políticas que empobrecen solo nos dejan peor para futuras calamidades.”, concluyó el presidente de ANIF, José Ignacio López.
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