La agencia calificadora Fitch Ratings aseguró que las revisiones a los objetivos de déficit anteriores, la suspensión de la Regla Fiscal durante tres años y las amplias desviaciones de las proyecciones presupuestarias han afectado la credibilidad de la política fiscal en Colombia.
Tras la publicación del nuevo Marco Fiscal de Medio Plazo (MFMP), la firma destaca en un análisis que ve un “continuo deterioro de la posición fiscal del país” y un “aumento de la incertidumbre sobre las perspectivas de medidas correctivas”.
Fitch anticipó en marzo que el déficit fiscal del gobierno central sería del 6,2 % del PIB este año. La cifra revelada la semana pasada por el Ministerio de Hacienda es superior a este cálculo: 7,1 % del PIB. Además, para 2026 y 2027, el Gobierno calcula indicadores de 6,2 % y 4,9 %, respectivamente.
Ahora, la firma anticipa que los déficits seguirán siendo estructuralmente altos y advierte que en ausencia de medidas de consolidación más concretas la deuda bruta del gobierno general en relación con el PIB aumentará, superando su pronóstico del 64,8 % en 2028, por encima de la mediana de los países con nota ‘BB’ (53,8 % en 2024).
“Estos factores fueron centrales para nuestra revisión de la perspectiva de la calificación soberana de Colombia de ‘BB+’ a negativa en marzo de este año”, señaló la agencia, al tiempo que indicó que se mantiene en la opinión que tenía para ese entonces: “el continuo bajo rendimiento de los ingresos y la renuencia de la administración del presidente Gustavo Petro a sacrificar prioridades de gasto significan que le costará cumplir con los objetivos fiscales”.
Además, la agencia también cuestionó que el plan de reducción del déficit en el MFMP “se basa en medidas de ingresos inciertas, incluyendo una reforma tributaria no especificada y recortes de gastos aplazados que serán implementados por la próxima administración después de las elecciones del próximo año”.
Respecto a la reforma tributaria, recordó que el año pasado el Congreso rechazó un proyecto que esperaba recaudar $9,8 billones y señaló que será difícil que se apruebe una ley sobre el tema antes de las elecciones presidenciales previstas para mayo de 2026. Además, como el ajuste del gasto no está programado para comenzar hasta 2027, también queda sujeto a incertidumbres relacionadas con las elecciones.
“Creemos que esto genera dudas sobre el ajuste fiscal neto de 1 punto porcentual del PIB planeado para 2026, que provendría únicamente del aumento de ingresos”, dijo Fitch.
A este riesgo incluyó el hecho de que las rigideces presupuestarias pueden aumentar aún más en el mediano plazo tras la aprobación el año pasado de reformas pensionales y legislaciones para aumentar las transferencias del gobierno central a las regiones, haciendo referencia al Sistema General de Participaciones (SGP).
Finalmente, el informe critica la falta de medidas de consolidación detalladas en el Marco Fiscal. “El cronograma propuesto significa que las perspectivas de implementación son muy inciertas”, concluyó.
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