En un balance de cierre de gestión en el marco del proceso de empalme con el nuevo gobierno, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que las decisiones emanadas del Congreso de la República y las altas cortes, las configuraron una «asfixia económica» contra el Gobierno Nacional.
El titular de la cartera aseguró que estas determinaciones impidieron el ingreso de $61,9 billones, recursos que habrían sido fundamentales para corregir el desbalance fiscal del país.
Ávila detalló que este millonario hueco fiscal es el resultado de una serie de reveses legales y legislativos: los $16,6 billones perdidos tras la negación de la ley de financiamiento en 2026, los $12 billones el proyecto de ley que tenía el mismo fin pero en 2025, los $10 billones por la reducción del Presupuesto General de la Nación de este año, los $9,6 billones tras la caída de los decretos de emergencia económica de 2025, los $7 billones debido a la suspensión temporal de un decreto sobre retenciones en la fuente por parte del Consejo de Estado y los $6,7 billones luego de que la Corte Constitucional declarara inexequibles ciertos puntos de la reforma tributaria de 2022.
Indicadores fiscales y la defensa del modelo
A pesar del bloqueo denunciado por el ministro Ávila, el funcionario defendió los logros macroeconómicos y fiscales alcanzados entre 2022 y 2026, lo que duró la administración de Gustavo Petro.
En materia de deuda pública, desmintió las versiones de un crecimiento descontrolado, señalando que mientras en el gobierno anterior (Iván Duque) la deuda creció un 76,97 %, en el actual el incremento fue del 43,97 %. También destacó que la gestión logró estabilizar el indicador en un 57,9 % del PIB este año.
De hecho, Ávila señaló que se logró reducir el costo de los intereses de la deuda externa de US$47.000 millones en enero de 2025 a US$30.000 millones en abril de 2026.
En cuanto al déficit fiscal, recordó que para 2025 se situó en un 6,4 % del PIB, una cifra menor a las proyecciones más pesimistas. Incluso cuestionó los cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), calificándolos de desacertadas, pues el organismo anticipó un desbalance del 7,1 % el año pasado y una deuda neta del 61,4 %.
No obstante, reconoció que el gasto público mostró una fuerte inflexibilidad, alcanzando el 93,7 % del presupuesto de 2026. Esta rigidez se explica por compromisos ineludibles como el pago de intereses de la deuda, que representó el 18,4 % del presupuesto, y las pensiones, con un 15,3 %.
A pesar de que en menos de un mes tomará posesión el presidente electo Abelardo de la Espriella, el gobierno saliente anunció que radicará una nueva ley de financiamiento (reforma tributaria) el próximo 20 de julio para enfrentar el problema estructural de ingresos.
Esta propuesta busca recaudar $21,8 billones en 2027 y hasta $37 billones en 2030, pues tiene un carácter progresivo, enfocándose en los mayores patrimonios para proteger a las clases media y baja.
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