La novela por la continuidad del proyecto Hidroituango sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando se conoció que los actuales contratistas demandaron penalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Por medio de acciones individuales, las compañías Camargo Correa, Coninsa Ramón H. y Conconcreto aseguraron que el mandatario presuntamente los injurió y calumnió en diversos aspectos del caso de la hidroeléctrica. Lea más en Empresas.
“Él (Quintero) indicó que las empresas cometieron actos de corrupción, disminuyeron la calidad de los materiales y modificaron los diseños del proyecto”, asegura la demanda, presentada por el abogado del Consorcio CCC Ituango, Fabio Humar.
Además, detalla que las tres compañías no han sido condenadas penal, disciplinaria o fiscalmente por hechos relacionados con actos de corrupción, ni por otros delitos relativos a los comentarios del alcalde Quintero.
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“El alcalde no tiene fundamentos fácticos, judiciales o administrativos para sustentar tales afirmaciones, pues no existe sanción disciplinaria, condena penal o sanción fiscal que las sustenten. La sanción fiscal es de primera instancia y no se encuentra en firme y, en todo caso, no es cierto lo aseverado por el alcalde sobre el contenido del fallo”, agrega.
Vale recordar que la Contraloría halló fiscalmente responsables a las compañías por la crisis generada en la hidroeléctrica en el 2018.
Pero este caso está pendiente de resolverse en segunda instancia, sin contar con que los funcionarios del ente de control fueron recusados, lo que implica que los términos están suspendidos y solo podrían retomarse en unos meses.
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Mientras ese momento llega, las discusiones por la continuidad de CCC Ituango al frente del proyecto sigue generando polémica. Esta semana, desde EPM aseguraron que buscarán sacar una nueva licitación para lo que resta de la iniciativa, ya que los actuales contratistas no quieren cederlo.
Según Jorge Andrés Carrillo, gerente de la empresa, el futuro estaría en prorrogar el actual contrato hasta marzo o abril del próximo año. Pero, a la par, se abriría el nuevo proceso para que un nuevo contratista tome las riendas a partir del segundo trimestre del 2022.
Esto último podría comenzar a darse desde noviembre, cuando EPM comience la búsqueda de un nuevo grupo de empresarios.
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Si bien esta salida es válida, CCC Ituango asegura que nunca les notificaron el eventual cambio de contratistas, tal y como lo estipulaba el documento firmado entre las partes hace unos años.
Así las cosas, si no se confirma el fallo de la Contraloría, las compañías podrían demandar a EPM, que eventualmente tendría que pagar, incluso, con parte de su patrimonio.
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