La decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo en más del 23 % este año, el incremento real más alto en al menos cuatro décadas, traerá consecuencias críticas para la economía, según estimaciones de Fedesarrollo.

El centro de pensamiento anticipó que una microempresa podría ver reducido su margen de ganancia en 3,7 puntos porcentuales (pp) y advirtió que el traspaso de estos costos laborales a los precios de productos y servicios, sumado a los mecanismos de indexación, podría elevar la inflación en hasta 1,7 pp.
Estas presiones económicas, sumadas a la estructura actual del mercado, podrían desencadenar la pérdida de hasta 600.000 empleos formales y aumentar en 3 puntos porcentuales la informalidad laboral.
Impacto en las microempresas y el empleo
El tejido empresarial colombiano está compuesto en un 95 % por microempresas, las cuales emplean al 62,2 % de los ocupados en el país. Fedesarrollo detalla que estas unidades productivas operan con márgenes de maniobra muy limitados, pues una microempresa formal típica tiene un margen operativo cercano al 4,7 %.
Con el nuevo ajuste salarial, sus gastos laborales mensuales pasarían de $2,4 millones a $2,8 millones, lo que reduciría su margen operacional a un escaso 1 %.
“Ante este mayor costo, las empresas pueden reaccionar de distintas maneras: reducir la demanda de empleo formal, sustituirlo por contratación informal, ajustar su planta de personal o adoptar tecnologías que disminuyan la necesidad de mano de obra”, señaló el centro de investigación.
Presiones sobre la inflación y tasas de interés
Fedesarrollo recordó que el aumento salarial impacta el costo de vida a través de dos canales principales: la indexación de tarifas y el traslado de costos al consumidor. Cerca del 6,3 % del Índice de Precios al Consumidor, que incluye servicios de salud, educación y mantenimiento, se ajusta sistemáticamente con el salario mínimo.
La firma estima que por cada 1 % de incremento en el salario mínimo, la inflación aumenta 0,10 puntos porcentuales. Bajo esta premisa, el ajuste del 23 % podría llevar la inflación hasta el 6,1 %, alejándola de la meta del 3 % del Banco de la República.
Esto obligaría al banco central a iniciar un ciclo contractivo, elevando las tasas de interés hasta un posible 11,25 % a finales de 2026, lo que frenaría aún más el crecimiento económico. Vale la pena recordar que en la primera junta del año, el emisor anunció un ajuste al alza de de 100 pb.
Un aumento innecesario
Por su parte, el centro de pensamiento económico ANIF criticó la medida argumentando que el salario mínimo decretado supera significativamente el costo de las necesidades básicas.
Según sus cálculos, el salario mínimo para 2026 es 18 % superior al salario vital estimado para una familia de tres integrantes. Además, en el caso de trabajadores sin dependientes (hogares unipersonales) la brecha llega al 87 %.

En su comentario económico, ANIF advirtió que esta desproporción desincentiva la creación de empleo formal y pone en riesgo la estabilidad de las pequeñas empresas, que son intensivas en mano de obra y poseen baja productividad.
Además, insistió en que incrementos que se alejan de la productividad y la inflación generan barreras de entrada al mercado laboral, perjudicando especialmente a los jóvenes y a los trabajadores menos calificados.
Críticas a la metodología del Gobierno
Finalmente, ANIF cuestionó la metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el Gobierno adoptó para justificar el concepto de salario vital.
Dijo que el modelo no tiene en cuenta que el costo de vida y los servicios varían drásticamente entre ciudades grandes como Bogotá y municipios pequeños. De hecho, dijo que no es claro cómo se traduce exactamente el costo de las necesidades en la cifra final.
También señaló que no se explican los bienes o servicios que integran la categoría de «otras necesidades», la cual representa el 28 % de la canasta de costos estimada.
Por otra parte, encontró que el Gobierno utilizó la cifra de la OIT (que ya contempla gastos de transporte) y le adicionó nuevamente el subsidio de transporte, generando un cálculo redundante.




