La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) encendió las alarmas tras la publicación de los últimos datos de distribución de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
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Según la agremiación, las entidades territoriales enfrentan una situación crítica debido a una reducción drástica en el flujo de caja para el cierre del año 2025.
La preocupación surge tras conocerse un documento emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el 30 de diciembre de 2025, en el cual se establece que el monto para el cierre de 2025 asciende a $1,09 billones.
Esta cifra representa una caída del 48,8 % en comparación con los $2,1 billones que se distribuyeron en el mismo periodo del año 2024.
La diferencia en los recursos de fin de año afecta transversalmente a los sectores más sensibles para la ciudadanía. Por ejemplo, a salud, al cierre de 2024 se asignaron $1,1 billones, mientras que para el mismo periodo de 2025 el monto cayó a $586.857 millones.
Respecto a agua potable y saneamiento básico el último giro del año pasó de $252.442 millones en el cierre de 2024 a solo $129.348 millones en 2025. Además, el propósito general, donde se concentra la inversión libre de los municipios, se redujo de $542.283 millones en la última etapa de 2024 a $277.859 millones en 2025.
Incluso las asignaciones especiales, que comprenden el conjunto de recursos para alimentación escolar, resguardos indígenas y municipios ribereños, sumaron $194.785 millones en el último pago de 2024, frente a los $99.806 millones de 2025.
Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios, calificó la medida como un «golpe fiscal» basado en una interpretación cuestionable de la normativa.
«Esta decisión está fundamentada en una interpretación inconstitucional de la norma e impacta fuertemente las finanzas de los municipios que se verán obligados a recortar programas sociales fundamentales para el bienestar de la gente», aseguró Toro.
El dirigente gremial instó al Gobierno Nacional a rectificar para evitar la vulneración de derechos fundamentales que se garantizan a través de estos recursos. De hecho, le contó a Valora Analitik que se reunirá con el Ministerio de Hacienda y al DNP el próximo martes 13 de enero y pedirá que les certifiquen los montos de 2025.
El contraste con la reforma al SGP
Esta reducción en el último pago de 2025 resulta paradójica frente al contexto legislativo reciente.
A finales de 2024, el Congreso de la República aprobó una reforma al SGP que daba cuenta de un interés del Gobierno por fortalecer la descentralización, según lo señalado por los funcionarios que lideraron la iniciativa. La nueva ley ordena un aumento progresivo de las transferencias de la Nación a las regiones, pasando del actual 24 % al 39,5 % de los ingresos corrientes.
Sin embargo, la plena aplicación de este nuevo esquema depende de una ley de competencias que aún no ha iniciado su trámite en el Legislativo, aunque ya se encuentra radicada en la Cámara de Representantes desde finales de 2025.
Es importante recordar que, por ley, es competencia del Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizar la distribución de estos recursos desde el año 2015, tras la eliminación de esta facultad al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
Balance anual: un acumulado en crecimiento
A pesar del fuerte descenso en el giro final, la ejecución total de los recursos durante el año muestra una tendencia distinta. Según los datos certificados por el Ministerio de Hacienda y reportados por el DNP, el acumulado anual de 2025 ($80,9 billones) es superior al de 2024 ($69,2 billones).
Esto indica que, aunque el último pago del año sufrió un recorte significativo que afecta la liquidez inmediata de las alcaldías, el acumulado anual de recursos transferidos ha aumentado de manera importante (16,9 %).
La diferencia podría explicarse en el desbalance entre los ingresos y gastos del Gobierno y la necesidad de recortar o aplazar algunas obligaciones.
De hecho, de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación de 2025, para ese año se apropiaron $81,9 billones de los recursos del Gobierno para el Sistema General de Participaciones (SGP), que es el que más peso tiene dentro del rubro de transferencias, que incluye también pensiones, aseguramiento en salud, instituciones de educación superior, entre otros.
Con corte a noviembre, de ese monto se habían obligado $72,3 billones, es decir, se habían recibido bienes y servicios por el 88,2 % del valor total.
El panorama para el inicio del próximo año sigue siendo incierto. A la fecha, solo se ha hecho público el monto y la distribución de los recursos para el sector educación de la vigencia 2026, los cuales ascienden a $29,3 billones. Los rubros correspondientes a salud, agua potable y saneamiento básico aún no han sido publicados, lo que mantiene en vilo la planeación presupuestal de los mandatarios locales.
