Partidos Verde y Liberal trazan ‘líneas rojas’ al Gobierno por su propuesta de tributaria

Aunque el Gobierno anunció ajustes al proyecto de ley, las mayorías legislativas advierten que no permitirán impuestos a la canasta familiar.

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Las bancadas mayoritarias del Partido Alianza Verde y del Partido Liberal Colombiano marcaron su postura frente al proyecto de ley de rescate económico (reforma tributaria), impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Ambas colectividades manifestaron que, si bien reconocen la delicada situación fiscal de la Nación y la necesidad de detener el endeudamiento público, no respaldarán un articulado que descargue el peso del ajuste fiscal sobre los hogares de clase media, los sectores vulnerables, los pequeños comerciantes y el aparato productivo agropecuario.

Esta toma de postura condiciona la viabilidad de la iniciativa en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado días antes de que arranquen los debates legislativos, pues aún se llevan a cabo reuniones conjuntas entre los ponentes y el Gobierno.

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La fijación de estas líneas rojas coincide con anuncios realizados por el Ejecutivo en el marco del debate parlamentario. Este miércoles, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó de forma oficial el retiro de la imposición de una tarifa general del 19 % de IVA a las medicinas prepagadas y a las pólizas o seguros de salud.

Esta rectificación se suma al anuncio previo realizado por el presidente Abelardo de la Espriella de no aplicar el IVA del 19 % a los alimentos básicos de la canasta familiar ni a los insumos agropecuarios. Para compensar los recursos que dejarán de recaudarse por estas vías, el jefe de la cartera explicó que el Gobierno contempla aplicar una política de austeridad y recortes estructurales en el gasto público.

De forma paralela, durante su intervención en la Milagro Week en la sede de J.P. Morgan Chase en Nueva York, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, reveló que el Gobierno está abierto a ampliar el periodo de beneficio tributario del Régimen de Megainversiones (RUGE).

Ante las peticiones del sector empresarial para extender la estabilidad jurídica tributaria proyectada inicialmente a 16 años, dijo que el Ejecutivo evaluará extenderla a plazos de entre 20 y 30 años con el objetivo de brindar confianza a la inversión extranjera.

Verdes piden freno a los castigos a la clase media

La bancada del Partido Alianza Verde fijó en una rueda de prensa las propuestas del proyecto que no acompañará bajo ninguna circunstancia, dentro de las cuales figuran el tratamiento del componente inflacionario en los rendimientos financieros, por considerar que castigaría el ahorro de los hogares frente a la inflación, así como la reducción de la renta exenta laboral de 790 a 630 UVT, la disminución del tope total de deducciones de 1.340 a 1.180 UVT y la eliminación de la deducción de 72 UVT por dependiente económico.

También rechazó el recorte de la exoneración de aportes patronales (SENA, ICBF y salud), que pasaría de aplicar a salarios de hasta 10 SMLMV a solo 2 SMLMV, por considerar que encarecería la contratación formal hasta en un 13,5 % para sueldos superiores a 3 SMLMV, disparando la informalidad en las MiPymes.

Incluso se opuso a otorgar una tarifa de renta preferencial del 20 % (y 26 % desde 2029) junto a depreciación acelerada del 50 % a megainversiones en grandes ciudades y exigió restringir estos incentivos exclusivamente a municipios de categorías 4, 5 y 6, y a zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Finalmente, los representantes Catherine Juvinao y Diego Fernando García, en calidad de voceros del partido, dijeron «no» a conceder facultades amplias al Ejecutivo para suprimir, fusionar o escindir entidades públicas sin especificar previamente las instituciones afectadas ni sus impactos fiscales y territoriales y se negó a que el Ministerio de Hacienda pueda aplazar o recortar transferencias ordenadas por ley.

Liberales defienden el consumo y las tiendas de barrio

Por su parte, el Partido Liberal Colombiano, tras una cumbre de bancada encabezada por la Dirección Nacional, con la participación de Simón Gaviria y la asesoría del tributarista Santiago Pardo, sostuvo un encuentro directo con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, para notificar formalmente los puntos innegociables de su contrapropuesta.

El ponente del proyecto en la Comisión Cuarta de la Cámara, el representante Álvaro Monedero, y la bancada liberal expresaron su preocupación por el impacto del ajuste fiscal sobre el costo de vida y los pequeños comercios.

De hecho, el partido rechazó cualquier intento de gravar con IVA del 19 % o del 5 % a productos fundamentales como la sal, lentejas, frijoles, garbanzos, tomate, cebolla, zanahoria, frutas, café tostado, azúcar, harinas, pastas y chocolate de mesa.

Así mismo, se opuso a las modificaciones tributarias a la cerveza y las bebidas endulzadas, advirtiendo que afectarían severamente los ingresos y ventas de las tiendas de barrio y pequeños distribuidores.

Respecto al modelo de devolución del IVA propuesto por el Gobierno, advirtió que las exigencias técnicas, los condicionamientos de focalización y los requerimientos de facturación electrónica terminarían excluyendo a las familias vulnerables que realizan sus compras cotidianas en plazas de mercado y tenderos informales.

Finalmente, la colectividad se negó a gravar o imponer mayores deducciones a la contratación de prestación de servicios y propuso aplazar la reducción gradual de la tarifa general de renta corporativa (que planteaba pasar del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028), así como las modificaciones a la tributación mínima y al impuesto al patrimonio.

Los voceros indicaron que mantener las reglas vigentes en el sector empresarial permitiría al Estado preservar en promedio $11 billones anuales entre 2028 y 2030, evitando trasladar esa carga financiera al consumo de los hogares.

Con la radicación formal de estas posturas, el proyecto de ley de rescate económico entra en una fase decisiva de renegociación del articulado. El Congreso de la República se dispone ahora a redactar la ponencia para primer debate en las comisiones económicas conjuntas.

El mensaje que los partidos le han enviado al Palacio de Nariño es categórico: el ajuste fiscal es inaplazable, pero el costo político y económico de la reforma deberá redistribuirse bajo estrictos criterios de progresividad, equidad social y justicia tributaria.

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