A menos de 24 horas de la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro dejó expedido un decreto que ya genera una fuerte controversia entre las plataformas digitales de reparto y parte del sector empresarial.
Lea también: Gobierno Petro aprobó nuevo e importante subsidio a horas de acabar mandato, a pesar de alto déficit
La norma reglamenta el esquema de seguridad social para los repartidores independientes previsto en la reforma laboral, pero, según los críticos, modifica aspectos centrales del acuerdo que el propio Ejecutivo había respaldado durante el trámite de la ley y podría aumentar de forma significativa los costos de operación para las empresas y afectar las oportunidades de ingreso de más de 200.000 repartidores en el país.
El detonante de la polémica fue la expedición del Decreto 0991 del 4 de agosto de 2026, publicado cuando al Gobierno Petro le restaban pocas horas en el poder.
La reglamentación desarrolla los artículos de la Ley 2466 de 2025 —la reforma laboral— relacionados con los trabajadores digitales de reparto en modalidad independiente y autónoma, estableciendo las reglas para la afiliación, cotización y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Ministro de Trabajo de Petro, Antonio Sanguino
Sin embargo, Alianza In Colombia, gremio que reúne a las principales plataformas digitales del país como Rappi, DiDi, entre otras, anunció que demandará el decreto al considerar que contradice el acuerdo alcanzado durante la discusión de la reforma laboral en el Congreso y que termina modificando el modelo que había quedado plasmado en la ley.
El punto de la polémica: ¿qué cambió el nuevo decreto?
Durante el debate de la reforma laboral, el Congreso aprobó que para los repartidores independientes el Ingreso Base de Cotización (IBC) correspondiera al 40 % de los ingresos realmente obtenidos a través de la plataforma. Además, estableció que las plataformas asumirían el 60 % de los aportes a salud y pensión, mientras que los repartidores aportarían el 40 %, y que las empresas cubrirían el 100 % de la cotización a riesgos laborales.
No obstante, el decreto expedido por el Ministerio del Trabajo introduce reglas diferenciadas dependiendo del nivel de ingresos del repartidor.
Para quienes obtengan menos de un salario mínimo mensual, la norma mantiene a estos trabajadores en el régimen subsidiado de salud o como beneficiarios del contributivo, por lo que no deberán realizar aportes al régimen contributivo en salud.
En pensiones, la cotización se hará mediante un esquema escalonado por cuartos de salario mínimo, mientras que en riesgos laborales la plataforma continuará asumiendo el 100 % del aporte.
El decreto establece cuatro rangos para quienes ganen menos del salario mínimo:
- Hasta un cuarto del salario mínimo: cotización equivalente a una semana.
- Entre un cuarto y la mitad del salario mínimo: dos semanas.
- Entre la mitad y tres cuartos del salario mínimo: tres semanas.
- Entre tres cuartos y un salario mínimo: cuatro semanas de cotización.
Para quienes reciban un salario mínimo o más, el decreto dispone que se aplicarán las reglas generales del régimen contributivo. Sin embargo, agrega un punto que concentra buena parte de las críticas: si el 40 % de los ingresos reales resulta inferior a un salario mínimo, la cotización deberá hacerse, como mínimo, sobre un salario mínimo completo.
El costo de la ARL es uno de los aspectos más cuestionados del nuevo decreto
Según Alianza In Colombia, el decreto «vuelve complicado lo que la ley dejó claro» y genera obligaciones que no estaban contempladas en el acuerdo alcanzado durante la discusión de la reforma laboral.
Puede interesarle: Fallo histórico: la Corte cambia una regla del transporte público que afecta a miles de usuarios en Colombia
El gremio sostiene que uno de los principales problemas está en el Sistema General de Riesgos Laborales (ARL). Asegura que el decreto obliga a las plataformas a cotizar sobre una base equivalente a un salario mínimo, lo que representa aportes cercanos a $76.000, incluso cuando un repartidor haya hecho incluso un solo pedido en el mes.
Desde la organización advierten que esta situación desconoce la realidad del trabajo mediante plataformas, donde muchos repartidores utilizan varias aplicaciones al mismo tiempo y realizan esta actividad únicamente algunas horas al día como una fuente complementaria de ingresos.
También cuestionan que el esquema previsto para pensiones sustituya el cálculo sobre ingresos efectivos por rangos de cuartos de salario mínimo, lo que, a su juicio, puede incrementar artificialmente las cotizaciones tanto para las plataformas como para los trabajadores.
Alianza In anuncia demanda y pide al Gobierno De la Espriella derogar el decreto
La reacción del gremio fue inmediata. José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, aseguró que el decreto desconoce el consenso construido entre el Gobierno, el Congreso, las plataformas y representantes de los repartidores.
«Es tan malo el cierre del Gobierno Petro, que incluso está implosionando una de las pocas cosas buenas que logró. La protección con seguridad social de los repartidores fue el resultado de un proceso de concertación (…). Con este decreto, el Gobierno borra con el codo lo que entre muchos escribimos con la mano. Por fortuna, el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella tiene la oportunidad de revertir esta muy mala decisión», afirmó López.
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia
Posteriormente, el dirigente hizo un llamado directo al nuevo Gobierno para que derogue la reglamentación: «Hacemos un llamado respetuoso al nuevo gobierno para que derogue este decreto con urgencia. De mantenerse, podrían destruirse decenas de miles de oportunidades de trabajo que benefician especialmente a jóvenes y migrantes. Esta reglamentación como está es antitécnica e impracticable e incentiva la informalidad que supuestamente pretende combatir», agregó.
Aunque el decreto ha recibido fuertes críticas, el Gobierno Petro sustentó la reglamentación señalando que los trabajadores digitales presentan características diferentes a las de otros independientes.
En los considerandos del decreto, el Ministerio del Trabajo argumenta que quienes desarrollan esta actividad obtienen ingresos variables, trabajan bajo esquemas flexibles y, en muchos casos, perciben ingresos inferiores al salario mínimo, razón por la cual consideró necesario establecer reglas diferenciadas que garanticen progresividad y acceso a la protección social sin afectar el mínimo vital.
Asimismo, la norma crea un Programa de Formalización e Incentivo Económico en Riesgos Laborales, mediante el cual el Estado podría cubrir total o parcialmente la diferencia entre la cotización calculada sobre los ingresos reales y el piso mínimo exigido para riesgos laborales.
Sin embargo, ese apoyo dependerá de estudios técnicos, disponibilidad presupuestal y aprobación del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, por lo que no operará automáticamente.
También puede leer: Estos son los tres impuestos que se eliminarían en Bogotá de forma permanente
La controversia queda ahora en manos del nuevo Gobierno que asumirá funciones este 7 de agosto, ya que la reglamentación fue expedida en las últimas horas de la administración Petro y Alianza In confirmó que acudirá a la justicia para solicitar su nulidad.
Lea el decreto completo haciendo clic en este enlace.
