La Contraloría General de la República de Colombia (CGR) informó este jueves que, tras una actuación de fiscalización al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingresos (Fssri), que administra el Ministerio de Minas y Energía, encontró que no ha habido una debida aplicación de los recursos invertidos en el mismo por parte de algunas empresas comercializadoras de energía. Para más información de energía haga clic aquí.
Es el caso de Dicel, con sede principal en Cali, y de A.S.C. Ingeniería S.A. E.S.P., ubicada en Pasto, que con sus incumplimientos en los giros al Fondo habrían ocasionado un presunto detrimento patrimonial, de $31.192 millones en el primer caso, y de $1.015 millones en el segundo.
Ante esta situación, la Contraloría realiza un seguimiento para constatar si la conducta detectada en estas dos empresas se está presentando en el resto de las compañías que tienen las mismas obligaciones.
De las 61 comercializadoras de energía, ya se han revisado nueve y se examina a las demás, hasta establecer que todas estén cumpliendo sus obligaciones.
“Es inadmisible que estos recursos públicos que tienen la finalidad de subsidiar a los estratos de menores ingresos en el país se estén quedando en el bolsillo de unos agentes privados, por la falta de control efectivo del Ministerio de Minas y Energía”, manifestó el contralor delegado para este sector, Orlando Velandia Sepúlveda.
Entre tanto, como resultado de la evaluación realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, sobre las vigencias 2018-2020, se evidenció que la Empresa Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. (Dicel) no giró a los comercializadores incumbentes* (Codensa y Emcali, entre otras) ni al Ministerio de Minas y Energía las contribuciones recaudadas de los usuarios comerciales y residenciales de los estratos cinco y seis, correspondientes al período comprendido entre el cuarto trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2020 inclusive, que suman $31.192 millones, como se muestra en el siguiente cuadro:
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Fuente: Formatos entregados a la CGR
Según la Contraloría, la situación descrita fue ocasionada por la falta de seguimiento por parte del Ministerio de Minas y Energía a los reportes que presentan los comercializadores, conforme lo establecido en la ley y en sus procedimientos internos, así como al incumplimiento por parte de Dicel de los términos consagrados en la norma para realizar las transferencias de las contribuciones.
Estos hechos conllevaron a que el Ministerio de Minas y Energía, a través del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingresos, tuviera que girar vía subsidios estos recursos a cada una de las empresas incumbentes para cubrir el valor dejado de pagar en su momento por Dicel por concepto de las contribuciones ya recaudadas; ocasionando así un presunto detrimento al erario por la suma de $31.192.410.862.
Igualmente, revisados los formatos de conciliación y los soportes entregados por A.S.C Ingeniería S.A. E.S.P. a la Contraloría General de Republica, se evidenció que, con corte a 31 de diciembre de 2020, esta empresa dejó de girar al Fondo contribuciones por valor de $1.015.299.807.
Lo anterior dado que recaudó contribuciones de las vigencias 2018, 2019 y 2020 por valor de $2.455.715.694, asignó subsidios por valor de $61.398.096, y realizó giros de contribuciones por valor de $1.379.017.791, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
Fuente: Formatos entregados a la CGR
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La CGR constató que la empresa comercializadora A.S.C Ingeniería S.A E.S.P. no reporta información de conciliaciones desde el segundo trimestre de 2018 y sólo a partir del 30 de marzo de 2020 el Ministerio de Minas y Energía le requirió que las enviara.
Asimismo, hasta el día 13 de octubre de 2021 informó sobre esta situación irregular a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La inoportunidad en el seguimiento por parte del Ministerio permitió que A.S.C Ingeniería S.A E.S.P. dejara de girar al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingresos en total suma de $1.015.299.807 por concepto de contribuciones recaudadas durante los años 2018, 2019 y 2020, generando un presunto detrimento al erario por este valor.
En desarrollo de su plan anual de vigilancia fiscal, la Contraloría General de la República encontró que empresas comercializadoras cuyo balance generó superávit no transfirieron los dineros recaudados al Fondo Fssri, necesarios para cubrir los subsidios de los estratos uno, dos y tres.
“Dichas empresas (Dicel y A.S.C. Ingeniería S.A. ESP) han venido apropiando estos recursos para apalancar su operación comercial desconociendo que son de carácter público, destinación especifica y de pago obligatorio”, manifestó el ente de control.
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