Este 2025 fue un periodo en el cual los asuntos energéticos ocuparon gran parte de la agenda mediática. Algunos de los hechos más relevantes fueron el proceso de venta de activos de Shell en Colombia, la desinversión de South32 en Cerro Matoso, la importación de gas y el reconocimiento del gobierno colombiano al proceso de reestructuración de Canacol.
También hubo rumores sobre la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, temas relacionados con el cobro que pretende realizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por concepto de IVA a la Refinería de Cartagena y la contracción del PIB del sector.
Desde enero varios gremios advertían que en 2025 habría un incremento en las tarifas. En ese mismo mes se decretó el estado de conmoción interior por la crisis de seguridad en el Catatumbo, una medida que tuvo un impacto directo en el sector minero-energético.
Esta conmoción incluyó un impuesto especial a la extracción de hidrocarburos y carbón. La medida era de carácter temporal, pero meses más tarde el Gobierno intentó incorporarla de manera permanente dentro de su ley de financiamiento para el Presupuesto de 2026.
Importación de gas
Desde el 1 de diciembre de 2024, Colombia comenzó a importar gas como respuesta al déficit estructural en la capacidad de abastecimiento. Si bien el país ya importaba este energético desde años atrás, fue a partir de esa fecha cuando se iniciaron compras para atender la demanda de hogares y pequeños comercios, lo que en el sector se denomina “demanda esencial”.
A su vez, para marzo de 2025, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la orden presidencial era clara: importar gas desde Catar. Si bien no se registraron anuncios concretos que evidenciaran avances en esta línea, dadas las complejidades logísticas que implica traer gas desde ese país, el gobierno comenzó a dar señales de un viraje en la política energética, orientado a una mayor dependencia de importaciones.
Viraje a la importación
Durante el congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ecopetrol expuso las líneas del viraje en la política energética. La compañía planteó tres puntos de regasificación: dos en el Caribe y uno en el Pacífico, como alternativa para garantizar el abastecimiento de gas.
Inicialmente se habló de un punto en Buenaventura (Valle del Cauca) y de otro en Ballena (La Guajira), este último fue impulsado por el Grupo Energía Bogotá (GEB) a través de su filial la Transportadora de Gas Internacional (TGI). No obstante, Roa indicó que la apuesta de Ecopetrol sería en Coveñas (Sucre); expertos del sector advirtieron que este proyecto requeriría convertir el oleoducto Coveñas–Ayacucho en gasoducto, un proceso que podría tardar hasta dos años.
Estos puntos de regasificación serían clave para abastecer la demanda mientras entra en operación el proyecto Sirius, un yacimiento en aguas profundas del Caribe, en el que Ecopetrol y Petrobras anunciaron un acuerdo de comercialización conjunta. Roa reiteró, tanto en el Congreso de la ANH como en el Congreso de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), que la compañía seguiría apostando por la producción de petróleo y gas, utilizando este último como combustible de transición, al tiempo que fortalecería el negocio de energías renovables.
El clúster eólico de La Guajira, la inauguración de la granja solar La Iguana (Antioquia) y la aprobación de inversiones para el parque eólico Windpeshi fueron algunas de las iniciativas que reflejaron ese viraje.
Cambios en el sector empresarial
Las ventas empresariales también hicieron parte de la agenda. En agosto, Shell solicitó ceder sus activos en proyectos de extracción de gas en el Caribe, y tras surtir los procesos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, estos fueron finalmente transferidos a Ecopetrol.
Otro anuncio relevante fue la venta de Cerro Matoso. Ricardo Gaviria, presidente de la compañía, explicó que South32 decidió desinvertir al considerar que tenía activos estratégicos en otros mercados, como el cobre y el zinc, frente al ferroníquel.
CoreX asumió la propiedad de la empresa y Gaviria señaló, en conversación con Valora Analitik, que esta multinacional apunta no solo al ferroníquel colombiano, sino también al de Macedonia, Costa de Marfil y Kosovo.
Ecopetrol y las finanzas públicas
Hacia mayo de 2025 circularon versiones según las cuales Ricardo Roa dejaría la presidencia de Ecopetrol. Incluso se habló de un posible enroque con el entonces ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Pero la salida de Roa no se materializó, y pese a que Ecopetrol reportó en ese trimestre una de sus utilidades más bajas en años, el directivo se mantuvo en el cargo.
Lo anterior se menciona porque en el segundo trimestre de 2025, las utilidades de Ecopetrol se ubicaron en $1,8 billones, uno de los niveles más bajos desde la pandemia. Posteriormente, en el tercer trimestre, la compañía tuvo un repunte de $2,5 billones.
Otro tema que marcó agenda fue la denuncia del expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, quien habló de presuntas persecuciones, amenazas e irregularidades al interior de Ecopetrol. Posteriormente, Rojas fue reemplazado por Luis Carlos Parra en la presidencia de la filial.
PIB y política pública
Otro de los retos fue la caída progresiva del PIB del sector energético. En noviembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que el PIB minero-energético se contrajo por séptima vez consecutiva. Gremios del sector atribuyeron este comportamiento, en buena parte, a decisiones de política pública. Además del discurso oficial contrario a la minería y a los hidrocarburos, se prohibieron las exportaciones de carbón a Israel y se promovieron acciones para frenar cargamentos en el Caribe. Adicionalmente, se llevó al Congreso el proyecto de ley minera.
A todo esto se sumó el cobro de IVA que la DIAN pretendía imponer a la Refinería de Cartagena, un pago que, según la empresa, podría generar riesgos para el suministro de combustibles.
El sector también se vio impactado por la reforma tributaria que buscaba recaudar $16,3 billones. Impuestos al carbón, sobretasas a la renta, cargas para vehículos híbridos e incrementos en los costos del gas fueron algunas de las medidas que finalmente se evitaron, aunque la iniciativa sí contemplaba incentivos para proyectos de energías renovables.
Reestructuración de Canacol
Otro punto sensible fue el anuncio de Canacol de acogerse a un proceso de reestructuración. Esta compañía es clave para Colombia, al ser la segunda mayor productora de gas, solo por detrás de Ecopetrol. Tras acogerse a una ley de insolvencia en Canadá, el gobierno colombiano reconoció el proceso, protegiendo sus activos y evitando embargos por parte de acreedores, con el fin de garantizar su liquidez y continuidad.
