El proyecto vial Pacífico 1 continúa enfrentando desafíos relevantes en materia de movilidad y articulación territorial, a pesar de los avances reportados en su ejecución.
Si bien la concesión encargada ha señalado que el alcance contractual asignado se viene cumpliendo conforme a lo previsto, distintos actores regionales coinciden en que el corredor aún requiere intervenciones adicionales para garantizar una operación eficiente y minimizar los impactos sobre las comunidades del suroeste antioqueño.
En declaraciones concedidas a Valora Analitik, el gerente de Covipacífico, Mauricio Millán, explicó que se adelanta la reconstrucción de un paso ubicado sobre la vía nacional existente, mediante un esquema de obras menores acordado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esta intervención hace parte de los frentes activos del proyecto y busca corregir condiciones que afectan la seguridad y la fluidez del tránsito en ese punto específico.
Sin embargo, su ejecución ha derivado en una nueva controversia relacionada con las obras previstas en el sector conocido como Las Areneras, ubicado dentro del municipio de Amagá.
De acuerdo con lo expuesto por autoridades locales, la propuesta técnica presentada por Covipacífico contempla cierres prolongados de la vía, con interrupciones de hasta cinco horas durante varios meses, a partir de enero de 2026. Estas restricciones, necesarias para la intervención estructural del corredor, han generado una fuerte reacción en los municipios del suroeste, que advierten afectaciones de gran alcance sobre la conectividad regional.
Los alcaldes de la subregión han coincidido en señalar que una medida de esta magnitud comprometería seriamente la economía local y la dinámica social del territorio. El alcalde de Amagá, Wilser Molina, fue uno de los más enfáticos al rechazar la propuesta, al considerar que los puntos críticos de las obras se concentran precisamente en las vías que conectan directamente con el municipio. A su juicio, la concesión no ha evidenciado avances suficientes en otros frentes del proyecto que justifiquen una restricción tan severa sobre la movilidad.
El mandatario también advirtió que los cierres impactarían de manera directa el transporte de carbón desde la cuenca de la Sinifaná, el desplazamiento diario de estudiantes hacia municipios vecinos y el acceso oportuno de pacientes que requieren atención médica en Medellín y su área metropolitana. Estas actividades, señaló, dependen en gran medida de la continuidad del corredor vial.
A estas preocupaciones se sumaron otros mandatarios locales. El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, alertó sobre las consecuencias que un nuevo cierre tendría para el turismo, uno de los sectores estratégicos de la subregión, que ha recibido inversiones significativas y atrae cada año a un alto número de visitantes.
Por su parte, la alcaldesa de Concordia, Alexandra Herrera, señaló que las restricciones encarecerían aún más los costos logísticos en plena temporada cafetera, una situación que ya se ve agravada por las limitaciones al tránsito de vehículos pesados en el puente de Bolombolo.
Desde la Gobernación de Antioquia se reiteró que el suroeste no aceptará decisiones unilaterales en el desarrollo del proyecto Pacífico 1. La administración departamental insistió en que cualquier avance deberá construirse a partir del diálogo y la concertación con los territorios, priorizando el bienestar de una región que históricamente ha asumido los efectos del rezago en infraestructura vial.
