Una decisión inesperada dentro de la Junta Directiva del Banco de la República (BanRep) encendió alertas en el mercado y en el frente institucional del país. La decisión del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de retirarse de la reunión en la que se discutía el futuro de las tasas de interés, junto con su anuncio de que no asistirá a futuras sesiones, plantea un escenario inédito con implicaciones directas sobre la política monetaria de Colombia.
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Más allá del choque político con el Gobierno Petro, la situación abre interrogantes de fondo: ¿puede la Junta tomar decisiones sin el ministro? ¿qué ocurre si no asiste? ¿y hasta qué punto se podría afectar la credibilidad del banco central?
El episodio se dio en medio de la Junta del martes 31 de marzo, en la que se definía el rumbo de las tasas de interés. El ministro Ávila no solo se retiró de la decisión, sino que señaló que se ausentaría de futuras reuniones donde se discuta política monetaria.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, recordó que el ministro tiene la obligación constitucional de asistir, ya que no solo representa al Gobierno, sino que además actúa como presidente de la Junta Directiva.
Este punto es clave: la participación del ministro no es opcional, sino estructural dentro del funcionamiento del banco central.
El punto legal: sin ministro en la junta del BanRep no habría decisiones
De acuerdo con el análisis de Andrés Pardo, Head of Latam Macro Strategy en XP Investments, la normativa vigente deja poco margen de interpretación.
Según explicó, el artículo 35 del Decreto 2520 establece que la Junta “puede reunirse, deliberar y decidir solo con la asistencia de al menos cinco de sus miembros, uno de los cuales debe ser el ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá”.
Bajo esta lectura, Pardo advierte que la presencia del ministro —o de un delegado— es condición obligatoria para cualquier decisión, incluida la fijación de tasas de interés.
En otras palabras, sin el ministro en la mesa, la Junta podría quedar jurídicamente impedida para tomar decisiones de política monetaria.
El impacto práctico de esta interpretación es inmediato. Según Pardo, “en la práctica, la ausencia del ministro podría bloquear la capacidad del Banco de la República para tomar decisiones de política monetaria, incluso en escenarios de emergencia”.
Este riesgo adquiere mayor relevancia en un contexto de alta incertidumbre macroeconómica, con factores como: déficit fiscal elevado, déficit en cuenta corriente en aumento, dinámicas de consumo consideradas insostenibles, inversión débil, expectativas de inflación desancladas
En este entorno, cualquier interrupción en la capacidad de decisión del banco central podría amplificar los riesgos económicos. El análisis también advierte sobre eventuales implicaciones legales si el ministro mantiene su postura.
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El artículo 35 de la Ley 31 señala que la ausencia injustificada a más de dos reuniones consecutivas puede constituir causal de vacancia del cargo. Esto abre un escenario potencial en el que, si se acumulan ausencias, podría activarse un proceso de remoción.
Sin embargo, el propio Pardo advierte que este punto no es completamente claro, ya que podría aplicar solo a miembros independientes de la Junta.
Además, cualquier decisión sobre el cargo del ministro recaería en el presidente de la República, lo que limita la probabilidad de una acción inmediata.
Otras alternativas institucionales —como mociones de censura en el Congreso o decisiones judiciales— existen, pero tomarían tiempo en materializarse.
El trasfondo del episodio también incluye una propuesta del Gobierno Petro para revisar el mecanismo de toma de decisiones del Banco de la República, con el argumento de que debería alinearse más con el impulso de la actividad económica.
Sin embargo, el gerente Villar fue claro en señalar que el esquema actual está definido por la Constitución, que exige decisiones por mayoría dentro de la Junta.
Modificar ese modelo implicaría una reforma constitucional, lo que eleva significativamente el nivel del debate.
Más allá del debate jurídico, el principal riesgo identificado por XP Investments es reputacional y de mercado. Pardo advierte que una eventual politización del marco monetario “podría aumentar las primas de riesgo país y afectar múltiples variables financieras”.
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Además, un escenario en el que el Banco de la República no pueda actuar con normalidad podría deteriorar su credibilidad y dificultar la convergencia de la inflación hacia su meta. Para inversionistas, empresas y analistas, este tipo de señales genera incertidumbre sobre la estabilidad macroeconómica.
