En una respuesta enviada a la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República manifestó que no avala la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nacional el pasado mes de febrero.
Según el ente de control, la decisión, motivada por las intensas lluvias y un frente frío en varias regiones del país, carece de una justificación técnica y financiera sólida. Además, advirtió a la Corte que las medidas propuestas ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal de la Nación.
El Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de excepción en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, justificó que el fenómeno hidrometeorológico atípico desbordó las capacidades ordinarias del Estado para atender a los damnificados y reparar la infraestructura dañada.
Sin embargo, la Contraloría fue enfática al señalar que no existe respaldo suficiente para garantizar la sostenibilidad fiscal en la ejecución de los recursos de la emergencia.
Uno de los puntos más críticos, según señaló, es que el Gobierno no habría agotado los mecanismos ordinarios antes de acudir a la excepción. De hecho, la entidad identificó que varias instituciones, como el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, cuentan con recursos ordinarios disponibles en proyectos de inversión para 2026 que no fueron plenamente considerados al sustentar la necesidad de adiciones extraordinarias.
Así mismo, la CGR cuestionó que el Gobierno pretenda sustentar la emergencia en la no aprobación de la ley de financiamiento por parte del Congreso, argumentando que dicho proyecto ni siquiera contemplaba partidas específicas para atender este desastre.
La entidad también advirtió que el Gobierno tiene “una programación tan baja» de los recursos para desastres en el presupuesto nacional de 2026, que considera que el Ejecutivo se vería obligado a pedir fondos extraordinarios ante cualquier evento.
Vacíos metodológicos y falta de rigor presupuestal
El análisis técnico de la Contraloría reveló debilidades en la estructuración de los presupuestos presentados por los diferentes sectores.
La propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reconoció que sus presupuestos son «estimaciones dinámicas» sujetas a ajustes, lo que para la Contraloría genera un nivel de imprecisión que impide que los datos sean contrastados o auditados rigurosamente.
Además, en sectores como vivienda, la Contraloría encontró que no existen criterios técnicos claros para la focalización territorial, lo que podría derivar en asignaciones ineficientes que no correspondan a los niveles reales de afectación.
Por otro lado, el ente de control señaló que instituciones como el INVIAS presentaron necesidades presupuestales sin contar con estudios y diseños detallados de las obras, lo que genera un alto riesgo de sobreestimación o de proyectos inconclusos.
Del mismo modo, en educación, se propuso el uso de aulas modulares en madera de forma generalizada sin un diagnóstico previo del estado de la infraestructura afectada.
Respecto a las afectaciones, mientras la UNGRD reportó 113.641 hectáreas inundadas en Córdoba, la Contraloría estimó solo 66.276, una diferencia de más de 47.000 hectáreas. Incluso se señaló que en los mapas del Gobierno se clasificaron sombras en áreas montañosas como cuerpos de agua.
El costo de la emergencia bajo la lupa
El Gobierno nacional estimó el costo total para atender la emergencia en una cifra que supera los $8 billones. Sin embargo, la Contraloría advirtió que este monto es una «agregación de necesidades» de diversas entidades sin una estructura financiera consolidada que las articule bajo supuestos homogéneos.
Incluso, el ente de control alertó que estas cifras presentan inconsistencias aritméticas y duplicidades, especialmente en proyectos de recuperación pecuaria y pesquera.
Además, la entidad cree que como el Ministerio de Hacienda ha informado que el recaudo de los nuevos impuestos propuestos para financiar la crisis (como el impuesto al patrimonio y a las apuestas en línea) tiene un carácter «prospectivo y probabilístico», los ingresos no están plenamente garantizados.
En conclusión, para la Contraloría, la declaratoria de emergencia no cuenta con los elementos de juicio suficientes para ser avalada, advirtiendo que la falta de rigor en la planeación podría derivar en desfinanciaciones parciales, inversiones ineficientes y mayores presiones fiscales para el país.
Actualmente, el decreto está bajo el examen de exequibilidad de la Corte Constitucional, por ello el tribunal solicitó a la Contraloría evaluar la precisión de los cálculos y la idoneidad de los medios de financiación.
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