La economía colombiana se enfrenta a presiones significativas en materia de sostenibilidad fiscal, una situación que ha sido alertada por organismos de control y centros de pensamiento, quienes señalan un creciente desequilibrio entre el gasto y los ingresos.
Los analistas han advertido que el balance de las decisiones fiscales de la actual administración muestra un impulso sustancial en el gasto público que, combinado con un recaudo tributario inferior al esperado, ha disparado las proyecciones de déficit y deuda a niveles históricos.
La decisión de gastar y la cláusula de escape
Una de las decisiones más criticadas del Gobierno ha sido el aumento significativo en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023, 2024 y 2025, con un crecimiento en los gastos de funcionamiento que superó incluso los niveles extraordinarios vistos durante la pandemia.
Solo en 2024, el gasto en funcionamiento creció aproximadamente un 25,8 % nominal y un 14 % real respecto al año anterior, muy por encima del crecimiento del PIB. Este patrón se mantiene en las proyecciones para 2026, donde el gasto de funcionamiento crece un 8,8 %, superior al crecimiento nominal del PIB (6,3 %), lo que no refleja un compromiso con la eficiencia del gasto.
A pesar de que las operaciones de manejo de deuda han sido exitosas, generando un ahorro estimado en intereses cercano a los $20,9 billones en 2025, la administración ha utilizado ese espacio fiscal para aumentar su gasto en 0,5 % del PIB.
La situación de gasto elevado e ingresos insuficientes llevó al Gobierno a tomar la decisión de activar la «cláusula de escape» de la Regla Fiscal en junio de este año. Esta medida se fundamentó en la elevada rigidez del gasto público (92 % es inflexible) y la necesidad de sostener la demanda agregada.
La Contraloría advirtió que la activación se dio en un contexto donde el Gobierno proyectaba un déficit por encima del límite legal. Los críticos de esta decisión señalaron que no existían las «circunstancias extraordinarias» que justificaran la suspensión temporal de los límites de la Regla Fiscal, abriendo la puerta a un mayor endeudamiento.
El fracaso del recaudo y el agujero de 2026
Paralelo al aumento del gasto, la administración ha enfrentado problemas persistentes en el lado de los ingresos. A pesar de la Ley 2277 de 2022, la primera reforma tributaria del gobierno, el recaudo efectivo fue significativamente inferior a la meta proyectada de $20 billones para 2023.
Esta deficiencia se ha agudizado, pues a octubre de 2025, el recaudo tributario neto presentaba un rezago de $9,8 billones frente a la meta de la DIAN, cumpliendo solo el 95,8 %. Este desfase llevó a la Contraloría a alertar que solo un repunte considerable podría evitar un cierre crítico
Además, los esfuerzos por conseguir recursos adicionales se vieron frustrados cuando el Congreso de la República negó o archivó dos proyectos de reforma tributaria. El más reciente, que buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el PGN de 2026, fue hundido por falta de apoyo en el Legislativo a principios de este mes, dejando un hueco fiscal considerable para el próximo año.
Las repercusiones: Déficit récord y alertas de mercado
La combinación de alto gasto y bajo recaudo ha generado un deterioro fiscal evidente. El déficit fiscal proyectado para 2025, luego de la activación de la cláusula de escape, es del 7,1 % del PIB, superando ampliamente el límite legal.
Sin embargo, las estimaciones de los analistas se aleja de la meta oficial: Fedesarrollo proyecta que el déficit fiscal alcanzará el 7,5 % del PIB en 2025, el segundo más alto de la historia, y advierte que en 2026 podría escalar a un récord del 8,1 % del PIB, el nivel más alto en 125 años.
Algunas oficinas de direcciones económicas de las entidades financieras que habían alertado un desbalance históricamente alto entre ingresos y gastos, por su parte, han ajustado sus estimaciones a la baja producto del ahorro en el pago de intereses que ha permitido la estrategia de endeudamiento. Incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) reveló que le apunta a que déficit fiscal para este año sea del 6,7 % del PIB.
En cuanto a la deuda, la Contraloría estima que esta llegará al 61,3 % del PIB en 2025, superando el ancla fiscal prevista por ley en 6,3 puntos. Además, la trayectoria proyectada muestra que la deuda podría alcanzar un pico del 64 % del PIB en 2027.
El deterioro fiscal ha tenido consecuencias directas en la credibilidad internacional. La falta de disciplina macroeconómica ha provocado que agencias como Moody’s rebajaran la calificación soberana de Colombia, dejándola al borde de perder el grado de inversión.
El mercado interpreta que el Gobierno «prefiere gastar, en lugar de estabilizar las finanzas públicas,» lo que ha mantenido elevada la prima de riesgo y ha encarecido el costo de financiamiento para el país.
Otro efecto directo es la baja ejecución del gasto: a octubre de 2025, solo el 67,2 % del presupuesto total había sido obligado, y la ejecución de inversión se ubicó en un preocupante 46,6 %. Si esta tendencia persiste, el país podría enfrentar una menor provisión de bienes y servicios públicos y la constitución de reservas no ejecutadas.
Los retos fiscales de 2026 y más allá
De cara al cierre de 2025 y el panorama de 2026, los retos fiscales son inmensos. El Presupuesto General de 2026, que asciende a $546,9 billones, dependía de una reforma tributaria de $16,3 billones que fue negada, por lo que ahora está desfinanciado.
Más allá de la financiación inmediata, la Contraloría advierte que el déficit primario (sin pago de intereses) empeorará en 2026 y que actualmente no existe un plan de ajuste creíble que permita retornar a la senda de cumplimiento fiscal.
El organismo concluye que el país necesita una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine la eficiencia del gasto, el realismo en los supuestos de ingreso y medidas estructurales para fortalecer el crecimiento económico.
El desafío fiscal que se cierne sobre el próximo gobierno (o lo que resta del actual para 2026) es monumental. El director de Fedesarrollo estima que, para estabilizar las finanzas públicas y reducir la deuda, se requerirá un ajuste fiscal de aproximadamente tres puntos del PIB, cerca de $54 billones.
Este esfuerzo fiscal es necesario para que el desbalance en las cuentas públicas se mantenga cerca de la meta oficial. Analistas han advertido que el próximo gobierno tendrá que abordar el ajuste fiscal como prioridad principal, dejando de lado posiblemente otras promesas electorales.
La situación actual, marcada por una deuda elevada y un déficit que rivaliza con las peores crisis recientes, sugiere que el ruido fiscal sigue siendo alto, aumentando la urgencia de medidas estructurales para evitar mayores inconvenientes en la economía.
