Luego de vencerse el plazo del Congreso de la República para discutir el monto del proyecto de Presupuesto de 2026, el Legislativo debatirá artículo por artículo la propuesta de distribución de recursos, para lo cual tiene hasta el día 25 de este mes.
Tras suspenderse la votación del monto, el jueves pasado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó ver que el Gobierno insistirá en inclinarse por un presupuesto de $557 billones y una reforma tributaria de $26 billones para financiarlo, a pesar de que senadores y representantes propusieron recortes de entre $6,9 y $39,5 billones.
Esto ha llevado a los expertos a advertir que si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria habría consecuencias sobre las finanzas públicas y el país viviría un nuevo momento de incertidumbre económica
Un análisis del decano de la Universidad de San Buenaventura, Julio Enrique Duarte, señala que, como el 91,4 % del presupuesto ya está comprometido con gastos obligatorios (pensiones, salud, transferencias y salarios), el Gobierno quedaría con un mínimo espacio de maniobra en nuevas obras o programas sociales el próximo año.
En consecuencia, sería inevitable un ajuste fiscal, lo que podría tener un impacto directo y negativo en el bolsillo de las familias y en las pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
De acuerdo con Duarte, el plan del Gobierno enfrenta una serie de desafíos considerables: el presupuesto ya arrastra un déficit de $12 billones sin financiación clara y destina $70,7 billones solo al pago de intereses de deuda; además, la reforma tributaria, que busca recaudar $26,3 billones, tiene un camino difícil en el Congreso.
Si la reforma tributaria no logra el recaudo esperado, la advertencia es contundente: la única salida será recortar gastos o asumir más deuda, una disyuntiva que carece de soluciones sencillas, según el decano. Este escenario de restricción fiscal generaría una presión adicional sobre los subsidios y la inversión, impactando directamente la economía real.
El informe de la universidad presenta tres escenarios claros. En el primero, si la reforma se aprueba por completo, el déficit fiscal bajaría al 3,5 % del PIB y la deuda se estabilizaría en un 63 % del PIB. «Esto traería estabilidad fiscal, lo que reduciría la presión sobre los subsidios de energía y transporte, evitando así aumentos en las tarifas de servicios esenciales», dice el análisis.
Además, con menos incertidumbre, el dólar se estabilizaría, la inflación se mantendría controlada y el Banco de la República podría seguir bajando las tasas de interés, abaratando los créditos de consumo y vivienda para los ciudadanos.
En contraste, si la reforma se aprueba solo parcialmente, el déficit subiría al 4,7 % y la deuda al 65 %, lo que forzaría recortes de hasta $13 billones. Esto tendría un efecto intermedio en la economía, pues el gobierno se vería obligado a reducir la inversión en obras regionales, lo que a su vez se traduciría en menos empleo en el sector de la construcción y menor dinamismo en las economías locales.
Así mismo, las tasas de interés seguirían siendo altas, y los subsidios a la energía y gasolina tendrían menos respaldo, lo que podría llevar a ajustes graduales en las tarifas. El impacto en el bolsillo de los ciudadanos sería perceptible y directo.
Sin embargo, el escenario más crítico, de acuerdo con el análisis, es el de un rechazo total a la reforma. Aquí, el déficit superaría el 5,5 % del PIB y la deuda se acercaría al 67 % del PIB. En este caso, los recortes serían inevitables y profundos, llegando a los $26 billones.
«Con la mayor parte del gasto atado a rubros inamovibles, los recortes se aplicarían sobre subsidios y proyectos de inversión, lo que se traduciría en alzas más rápidas y significativas en la gasolina, la electricidad y el transporte público. Además, si las calificadoras de riesgo bajan la nota del país, el crédito se encarecería para todos, afectando tarjetas, hipotecas y préstamos de consumo. La reducción de obras regionales también impactaría la generación de empleo y la circulación de la economía», detalló el decano.
Ante un panorama que parece empujar a un inevitable ajuste fiscal, Duarte recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas: anticiparse a posibles incrementos en los costos de energía y gasolina, y revisar los créditos hipotecarios y de consumo para estar preparados ante una posible subida en las tasas de interés.
El decano concluyó que es crucial adaptar el presupuesto de los hogares para incluir un margen de maniobra que cubra posibles alzas en los precios de los alimentos importados si el dólar sube. Además, recomendó la creación de un fondo de emergencia, que cubra al menos de tres a seis meses de gastos básicos, así como evitar compras que puedan ser aplazadas en un entorno de tasas altas y confianza moderada.
