Irene Vélez se ha consolidado como una de las figuras clave del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Tras su paso por el Ministerio de Minas y Energía, ahora lidera la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible y dirige la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), desde donde tiene una influencia directa en la definición de las reglas que rigen el desarrollo de los sectores energético, petrolero, gasífero y minero en Colombia.
En esta primera parte de la conversación con Valora Analitik, la ministra abordó los planes de licenciamiento ambiental para proyectos de energías renovables y explicó los alcances del modelo de licenciamiento «abreviado» o racionalizado, el cual, según señaló, busca tener más eficiencia en los trámites siempre que se cumplan los criterios técnicos. Asimismo, se refirió a temas que han marcado la agenda pública, como su postura frente a la producción de petróleo y gas, así como a los territorios donde estas actividades no podrán desarrollarse.
Irene Vélez, ministra de Ambiente y directora encargada de la ANLA. Imagen: Ministerio de Ambiente.
¿Qué mecanismos están implementando con la finalidad de potenciar las energías renovables en Colombia?
Hemos activado un mecanismo de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, y el Ministerio de Ambiente y sus entidades adscritas, particularmente la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales). Esto ha permitido hacer seguimiento a los proyectos y crear unas hojas de ruta para que podamos tener acciones inmediatas que permitan facilitar su desarrollo.
Esto responde a una crisis de primera implementación que tuvimos a principio del Gobierno y que claramente se refiere a una herencia que recibimos en relación con que muchos de los proyectos que habían sido aprobados para su desarrollo, particularmente en La Guajira, se habían aprobado sin que hubiera una licencia social. Es más, se hicieron a espaldas de la gente y la comunidad.
Particularmente las comunidades Wayúu sintieron que ellos no iban a obtener beneficios de esa posibilidad de desarrollo. En términos regulatorios, hemos tomado al menos dos medidas que son trascendentales.
La primera, en el ámbito ambiental, que tiene que ver con la creación de un ejercicio de licenciamiento, se llama LASolar y LAEólica, que son unos diseños especiales para proyectos que están por debajo de 100 megavatios y por encima de 100 megavatios, y cuyos impactos ambientales pueden ser predecibles y mitigables desde el momento mismo de la evaluación ambiental. Se trata de un mecanismo de evaluación que permite una mayor agilidad porque los impactos de los proyectos están controlados desde su diseño.
Por otro lado, y es como el segundo componente, tiene que ver con todas las medidas regulatorias que se han tomado desde el sector de energía. La primera de ellas es la más importante y tiene que ver con la transferencia de utilidades del sector eléctrico de energías renovables no convencionales a las comunidades que habitan esos territorios.
Porque uno de los cuellos de botella era precisamente que las comunidades no se sentían beneficiadas. Entonces, lo que este Gobierno hizo a través de su Plan Nacional de Desarrollo fue darles beneficios específicos que van desde 4 % hasta 6 % de las ganancias de esos proyectos. Con eso las comunidades tienen también un sentido de inclusión económica en el desarrollo de los proyectos.
Recientemente el Ministerio de Minas tomó una decisión que creo que es interesante, que es como la descongestión de los puntos de conexión al Sistema Nacional Interconectado. Porque había un acaparamiento de puntos y una especulación sobre ellos. Lo que hace es que habilita que nuevos proyectos que tienen más factibilidad de ser desarrollados puedan entrar a concursar. Esto es como una barrera frente a un acaparamiento y una especulación que se estaban dando previamente.
Cuando usted habla de especulación, ¿exactamente a qué hace referencia?
Había una concentración de puntos de conexión por parte de proyectos que eran de papel, que no tenían licenciamiento ambiental o que no tenían las condiciones económicas para su desarrollo. Aun así, había un derecho adquirido de conexión que lo que hacía era que posteriormente se vendía a otros desarrolladores que posiblemente sí tenían la capacidad financiera, o sí tenían la voluntad de desarrollar el proyecto y realizar los procesos de evaluación ambiental.
Eso se convirtió en que había un cierto mecanismo que no quiere decir que sea ilegal, pero sí especulativo en unas condiciones de mercado liberal. Y es que se compraba, se adquiría un punto y se revendía varias veces. Con lo cual, el proyecto no se materializaba. Eso terminó en una acumulación de capacidad instalada de transporte de energía que, sin embargo, no generaba nuevos megavatios a la matriz eléctrica nacional.
Entonces, con esta medida regulatoria del sector de energía, se destrabó y esperamos que eso permita que haya un montón de nuevos megavatios verdes, limpios, que efectivamente puedan llegar a la matriz.
¿Hace cuánto paró esa especulación?
Hubo una decisión regulatoria del Ministerio de Minas y Energía y la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética), que fue a principios de este año.
¿No es una política errónea el desincentivo a la producción de hidrocarburos en una coyuntura donde escasea el gas nacional?
En este momento tenemos una de las peores crisis climáticas y está generando un enorme desastre en la región de la costa Caribe, es un efecto de algo que se conoce como el frente frío, que efectivamente hace parte de las variaciones climáticas que se relacionan con el cambio climático. Negar el cambio climático es negar la ciencia misma, y negar la ciencia no es un tema solamente argumentativo o no es solamente un tema de diferencia de datos, es también negar una realidad tan dramática como la que están viviendo nuestros pueblos del Caribe.
El cambio climático tiene su origen en la emisión de gases de efecto invernadero. Esa es una relación absolutamente causal y antropocéntrica, es decir, que se genera por actividades humanas. La ciencia ha demostrado que 75 % de los gases de efecto invernadero provienen del consumo de combustibles fósiles. Negar ese principio de realidad es negarles a las generaciones futuras la posibilidad de su existencia.
Atraparnos en un mercado de energías fósiles es también negarle a nuestro país la posibilidad de hacer transiciones hacia economías para la vida y economías limpias. Uno no puede pararse en un negacionismo climático para defender intereses de la industria corporativa de los combustibles fósiles, particularmente, el petróleo y el gas. Es una mirada obtusa que, además, en otros países, por ejemplo, como Alemania, ha demostrado que genera una crisis de seguridad y soberanía energética que Colombia bien puede evitar con toda la capacidad que tiene de generar energías limpias.
A la gente que insiste en un argumento obtuso, yo la invito a que mire más bien hacia dónde están las nuevas economías verdes y de este siglo, de esta década, que tienen que ser, necesariamente, economías para la vida.
¿Qué opina sobre el término adición energética, que hace alusión a que los combustibles fósiles pueden apalancar a las energías renovables?
Efectivamente, hay quienes insisten en que debe haber una adicionalidad de energía. Lo que hemos insistido es que debe haber una sustitución de fuentes. En ese mismo camino de debate estamos más de 50 países que, de hecho, vamos a tener una conferencia en abril de este año que lo que busca es plantear los desafíos frente a algo que es una realidad necesaria y es la transición para superar los combustibles fósiles. Es decir, más de 50 países nos vamos a reunir para entender cuáles son los caminos de implementación de esa sustitución de energías fósiles por energías limpias.
Eso tiene una serie de dificultades. Nadie está diciendo que los caminos de la sustentabilidad sean fáciles y que carezcan de dilemas. Pero estamos convencidos de que asuntos como la diversificación productiva, como la superación de la dependencia fiscal frente a la exportación de fósiles, como el desescalamiento progresivo de subsidios tanto a la producción como al consumo de combustibles fósiles son medidas absolutamente necesarias.
De hecho, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) acaba de entregarnos una evaluación de toda nuestra política ambiental y energética hace dos semanas y reconoce que Colombia ha avanzado como ningún otro país en una política que elimina el subsidio a combustibles fósiles, y exalta esto como una decisión acertada en el contexto de la economía contemporánea, que debe necesariamente ser una economía coherente con una justicia climática.
¿Han implementado medidas para determinar en dónde no podrá haber ni exploración ni producción de hidrocarburos?
Tenemos en este momento, en proceso de consulta previa, libre e informada, la reserva de recursos naturales del bioma amazónico. Es una gran estrategia que ha sido liderada por este Gobierno, por el presidente Gustavo Petro, en respuesta a lo que han pedido las comunidades habitantes de esta región amazónica, tanto afros, campesinos, como indígenas.
Se trata de haber analizado con mucho rigor técnico cuáles son los impactos acumulativos que ha generado la industria extractiva en esta zona, cuál es la vulnerabilidad particular que tiene este ecosistema, no solamente a una escala local y regional, sino incluso con consecuencias a nivel nacional, en términos de las conexiones que existen del fenómeno que se llama Ríos Voladores, que básicamente es la conexión que hay entre la Amazonía y los Andes.
A partir de esto se ha decidido que comienza a haber un cierre en la frontera extractiva. Ese cierre es paulatino, responsable, técnicamente adecuado, y lo que busca es asegurar que la Amazonía sea un espacio para la vida y no para el extractivismo.
Además de la licencia ambiental abreviada, ¿qué otros mecanismos se aplican para acelerar proyectos renovables?
La licencia ambiental no es abreviada. Se llama una licencia ambiental racionalizada y la razón por la cual es distinta es porque lo que hacemos, y es el cambio que hubo en la técnica de la evaluación, es que implementamos términos de referencia específicos para cada uno de los proyectos que cumplen con unos criterios de menor impacto ambiental.
Cuando el proyecto es diseñado de forma tal que tiene un menor aprovechamiento forestal, o evita que haya ocupación de cauce o que haya vertimientos y otro tipo de criterios ambientales, cumple con los criterios y nosotros pasamos a hacer una formulación de los términos de referencia específicos. Toda vez que cumple con esos prerequisitos, por supuesto que se racionaliza el procedimiento, pero no quiere decir que todos los proyectos cumplan, ni que sea tampoco un ‘fast track’ de la licencia.
Hablando de otras decisiones que hemos tomado, la primera es que dentro de la ANLA decidimos crear un nuevo grupo que implica toda una reingeniería de la arquitectura institucional. Este grupo está dedicado exclusivamente a los proyectos de transición energética justa, y con esto hemos tenido una mayor especialización técnica para la evaluación, y hemos tenido un grupo de trabajo que se dedica exclusivamente a responder por la evaluación de estos proyectos.
Esto ha sido asertivo porque esto nos permitió que hubiese rápidamente una mayor respuesta. Por ejemplo, actualmente estamos logrando cumplir en la ANLA con 100 % de los términos legales de evaluación, es decir, no retraso en ninguno de los proyectos que recibimos, y eso tiene que ver con una buena gerencia del proceso de evaluación.
De la misma manera, creamos un grupo que se dedica a hidrocarburos y energías del subsuelo, porque aquí en el país se había subestimado la capacidad que teníamos de energía geotérmica, o que teníamos de hidrógeno blanco, con lo cual no había conocimiento técnico para su evaluación.
Lo que nosotros acabamos de hacer es también un proceso de reingeniería institucional para darle espacio administrativo, de forma tal que tengamos quienes evalúen de manera rigurosa estos proyectos que son novedosos, pero que por supuesto van a fomentar todo el tema de las energías verdes.
Nosotros, en términos de licencias ambientales para proyectos de energías limpias, hemos logrado un incremento de 67 % respecto al gobierno inmediatamente anterior. Hemos ampliado la capacidad instalada en términos de proyectos licenciados en 42 %. La energía limpia en el país corresponde a 16 %, mientras que cuando llegamos en este gobierno no superaba 1 %. Tenemos también el aumento en términos de los kilómetros licenciados para líneas de transmisión, de las cuales depende la conducción de esa energía limpia. En este gobierno, hemos ampliado esa capacidad en 500 %, es decir, es realmente el impacto que ha tenido nuestra gestión con este propósito de dejar penetrar la transición y acelerar la transición energética es un éxito.
¿Esas cifras son a febrero de 2026?
Son a diciembre de 2025.
¿Cómo se aseguran de que esos proyectos que reflejan esas variaciones positivas frente al gobierno anterior no son de papel?
Lo primero es que ningún proyecto puede implementarse sin licencia, más bien nosotros somos la condición de posibilidad para que se materialicen. Esta pregunta es contraria a la inicial respecto a que la licencia es lo que hace demorar un proyecto. Lo que estamos diciendo es, la licencia no se demora, estamos dándola en 100 % del cumplimiento temporal y además estamos seguros de que podemos llegar a buen término y obviamente, a quien le corresponde hacer el seguimiento de la entrada en operación, que es como se llama, es al Ministerio de Minas y Energía.
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En nuestra cancha está el hecho de que las licencias salgan bien, sean viables, técnicamente rigurosas, tengan un proceso de cumplimiento también del relacionamiento social, y esto que corresponde a nuestra competencia es lo que podemos decir que hay un éxito rotundo.
(Espere la segunda parte de esta entrevista).
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