Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa, habló con Valora Analitik sobre la posible decisión política que pretende tomar el gobierno de Gustavo Petro sobre Conexión Centro, un nuevo megaproyecto que se busca construir en el Eje Cafetero en reemplazo de la concesión Autopistas del Café que está próxima a terminar.
El directivo aseguró que, en caso de rechazarse, Colombia enviaría señales “muy graves”, incluyendo que en Colombia los proyectos pueden dejar de evaluarse técnicamente para resolverse políticamente, pero también que la inversión privada puede ser descartada aun cuando ofrece financiar infraestructura que el presupuesto público no tiene cómo asumir.
A continuación, la entrevista completa con el presidente de Odinsa, firma de concesiones de Grupo Argos.
¿Qué están reclamando desde Grupo Argos y Odinsa?
Estamos reclamando que se respeten las reglas de juego en el sector de infraestructura, que las decisiones se tomen con fundamento técnico, jurídico y financiero, y que no se ponga a los funcionarios públicos, en este caso a los de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), en una situación en la que tengan que decidir bajo presión política o bajo vías de hecho.
En el caso de Autopistas del Café, estamos hablando de una concesión que ha cumplido el 100 % de sus obligaciones contractuales, que tiene una calificación técnica de 4,6 sobre 5, por encima de lo exigido por el Estado, que ha conectado durante casi tres décadas a Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca a través de 256 kilómetros de vías, con inversiones por $2,2 billones y más de 28.000 empleos directos e indirectos generados durante su vigencia.
Ese contrato ya está en etapa de reversión prevista contractualmente para 2027 y venimos trabajando con la ANI en ese proceso.
Preocupa que se anuncien decisiones como la terminación anticipada de una concesión o el rechazo de una iniciativa privada de infraestructura de la magnitud de Conexión Centro sin que exista una decisión oficial, formal, motivada y jurídicamente sustentada de la ANI.
Ese tipo de decisiones no puede adoptarse en una mesa coyuntural, con participación limitada, ni como respuesta a presiones de unos actores políticos específicos. Debe hacerse dentro del procedimiento previsto por la ley y con participación amplia de los cuatro departamentos involucrados.
Hemos acudido a la Contraloría y a la Procuraduría para solicitar acompañamiento preventivo. Queremos salvaguardar el patrimonio público, pero también proteger a los funcionarios de la ANI y de las demás entidades competentes para evitar que enfrenten casos de responsabilidad fiscal, disciplinaria o judicial. Estamos pidiendo que las decisiones se tomen desde la ley, la técnica y el interés de largo plazo del país.
¿Cómo afecta la decisión que ha anunciado el Gobierno Nacional sobre la IP Conexión Centro al país y a Grupo Argos?
La principal afectación no es para Grupo Argos ni para Odinsa. La mayor afectación sería para Colombia, para el Eje Cafetero y para la confianza en el modelo de infraestructura del país.
La IP Conexión Centro es un proyecto de quinta generación que busca intervenir los corredores Armenia–Pereira – Manizales y Calarcá – La Paila.
Estamos hablando de una iniciativa de cerca de 317 kilómetros, con inversiones cercanas a $7 billones, sin desembolso de recursos públicos, con 77 kilómetros de vía nueva, puentes, viaductos, intersecciones, obras complementarias, inversiones sociales y ambientales, y una generación estimada de más de 54.000 empleos.
Contempla reducciones de tiempos de desplazamiento cercanas al 20 % y escenarios de disminución de casetas, tarifas diferenciales y nuevas obras solicitadas por la región.
Lleva más de ocho años de estructuración, ha sido ajustado con base en observaciones de comunidades, gremios y autoridades, y actualmente está en evaluación de factibilidad por parte de la ANI, que es la autoridad competente. La propia ANI había reconocido la necesidad de avanzar en socializaciones de los ajustes antes de tomar una decisión definitiva.
Entonces, rechazar una iniciativa de esta magnitud antes de culminar su evaluación integral enviaría tres señales muy graves: primero, que en Colombia los proyectos pueden dejar de evaluarse técnicamente para resolverse políticamente; segundo, que la inversión privada puede ser descartada aun cuando ofrece financiar infraestructura que el presupuesto público no tiene cómo asumir; y tercero, que los funcionarios técnicos de las entidades quedan expuestos a tomar decisiones por presión y enfrentar procesos de responsabilidad por esa presión.
Esto no es menor. El modelo de concesiones y APP ha permitido que Colombia cierre brechas de infraestructura que el Estado no habría podido financiar solo.
El programa 4G, por ejemplo, permitió desarrollar 30 proyectos, más de 5.000 kilómetros de corredores concesionados, 66 túneles, 1.689 puentes y viaductos, más de 60.000 empleos directos y más de $55 billones de inversión privada. En un país con restricciones fiscales, rechazar la inversión privada en infraestructura no es una decisión ideológica, sino una decisión costosa para los ciudadanos.
¿No le parece legítima la protesta por las elevadas tarifas de peaje en el Eje Cafetero?
Por supuesto que las preocupaciones de las comunidades son legítimas. Nadie puede desconocer que los peajes inciden sobre la vida diaria de los ciudadanos, de los transportadores, de los comerciantes y de las familias colombianas. Y justamente por eso creemos que este debate debe darse con seriedad, con información completa y con participación amplia.
Lo que no puede ser legítimo es que la discusión termine en vías de hecho, bloqueos, afectaciones a la movilidad, daño a infraestructura o levantamiento de talanqueras. La protesta social tiene un lugar en la democracia, pero no puede sustituir la ley ni poner en riesgo a otros ciudadanos.
También es importante distinguir dos debates. Uno es la discusión legítima sobre tarifas, número de peajes y beneficios diferenciales para comunidades del área de influencia. Ese debate debe darse, y de hecho la IP Conexión Centro ya incorpora escenarios de reducción de casetas, tarifas diferenciales e inversiones sociales y territoriales.
Otro debate muy distinto es tomar una decisión estructural sobre el futuro de un corredor estratégico para cuatro departamentos con base en una mesa coyuntural, sin presencia de gobernadores, alcaldes, gremios, comunidades, transportadores, universidades y demás actores de la región, durante la misma semana de las elecciones presidenciales.
¿Qué van a hacer si la ANI les rechaza el proyecto?
Estudiaremos la medida con rigor técnico y jurídico. Nuestra posición será firme en la defensa del debido proceso, de la seguridad jurídica, del interés público regional y de la institucionalidad.
Si una decisión se adopta sin culminar la evaluación integral, sin agotar las socializaciones que la propia ANI había considerado necesarias, sin participación representativa de los cuatro departamentos y sin explicar técnicamente por qué se rechaza un proyecto de $7 billones sin recursos públicos, naturalmente evaluaremos todos los mecanismos institucionales disponibles, entre ellos el recurso de reposición.
Pero insistiría en algo: todavía estamos a tiempo de evitar ese escenario. Lo que estamos pidiendo no es que se apruebe el proyecto sin evaluación. Lo que pedimos es exactamente lo contrario: que se evalúe bien, que se socialice, que se escuche a toda la región y que la decisión sea técnica, jurídica, financiera y socialmente sustentada.
Por eso hemos solicitado el acompañamiento de los órganos de control. Consideramos que la Contraloría y la Procuraduría pueden ayudar a garantizar que este proceso se dé con transparencia, sin presiones indebidas y sin que los funcionarios de la ANI terminen expuestos a decisiones que puedan generar responsabilidades futuras.
¿Les da temor que se afecten otras iniciativas privadas que tienen en curso por cuenta de la visión del Gobierno?
Lo que tenemos es una preocupación institucional profunda. Porque esto no se trata solo de un proyecto, ni de una empresa, ni de una concesión. Se trata de la señal que Colombia le envía a quienes invierten, financian, estructuran y construyen infraestructura de largo plazo.
Las concesiones y las APP existen precisamente porque los recursos del Estado son limitados. Permiten atraer capital privado, capacidad técnica y gestión de riesgos para construir, operar y mantener infraestructura que mejora la competitividad y la calidad de vida.
Si el mensaje es que un contrato cumplido puede terminarse anticipadamente sin causal objetiva, o que una iniciativa privada puede rechazarse bajo presión política antes de culminar su evaluación, el efecto no se limita al Eje Cafetero. Se extiende a todos los proyectos actuales y futuros del país.
Bruce Mac Master ha dicho con claridad que la infraestructura exige visión estratégica basada en evidencia e interés público, alejada de cualquier pretensión de uso político. También advirtió que una ruptura unilateral de contratos vigentes, sin causal legal objetiva, envía una señal devastadora a inversionistas nacionales e internacionales y debilita la confianza en las instituciones.
Colombia necesita más infraestructura, necesita mejores vías, aeropuertos, puertos, accesos regionales, mejor mantenimiento y más competitividad. Y para eso necesita reglas claras. Nadie invierte a 20 o 30 años si siente que las reglas pueden cambiar por un debate electoral o por presión coyuntural. Las vías se planean a 30 años, no a una semana de elecciones.
¿Este es otro capítulo de controversia de Grupo Argos con el presidente Gustavo Petro?
No queremos personalizar esta discusión. Nuestro llamado es institucional. Los gobiernos pasan, pero las reglas de juego, los contratos y la infraestructura quedan. Por eso pedimos que esta decisión se saque del terreno político y vuelva al terreno técnico.
¿Estas declaraciones no son precisamente otra presión adicional para la ANI?
Todo lo contrario. Estamos pidiendo que la ANI pueda decidir sin presiones. Nuestro llamado a los órganos de control busca proteger la independencia de los funcionarios y evitar que terminen expuestos a responsabilidades por decisiones tomadas en medio de una coyuntura política.
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