La administración de los ahorros pensionales de miles de colombianos se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el Gobierno Nacional y las altas cortes.
La controversia gira en torno a un decreto con el que el Gobierno buscaba que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladaran en poco tiempo cerca de $25 billones a Colpensiones, correspondientes a los afiliados que se acogieron a la llamada «ventana de oportunidad» de la reforma pensional, es decir, se cambiaron del régimen privado al público.
El Consejo de Estado decidió el lunes pasado suspender de manera provisional la totalidad de los efectos de dicho decreto, argumentando que el Gobierno «desbordó su potestad reglamentaria» al modificar aspectos esenciales que son reserva exclusiva del Congreso.
Según el alto tribunal, la reforma pensional (hoy en revisión de la Corte Constitucional) establece con claridad que estos ahorros deben permanecer administrados por las AFP hasta que el trabajador efectivamente se pensione.
La decisión no solo fue técnica, sino que escaló al plano político luego de que el presidente Gustavo Petro criticara duramente el fallo en redes sociales, sugiriendo que la corte anulaba derechos ciudadanos.
El Consejo de Estado respondió este martes señalando un hostigamiento por parte del mandatario y recordó que el control judicial sobre el Ejecutivo no es un obstáculo, sino una garantía democrática basada en el equilibrio de poderes.
Para Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight, esta posición es histórica: «El Consejo de Estado ha demostrado ser una de las instituciones no solamente más fuertes, sino más serias en la defensa del Estado de derecho».
¿Necesidad financiera o «avivatada» fiscal?
El Gobierno ha defendido el traslado masivo de recursos bajo el argumento de que Colpensiones enfrenta un desequilibrio financiero y que la suspensión «pone en riesgo el pago de obligaciones pensionales» de quienes ya se trasladaron, pero sin su ahorro.
Según el Ministerio de Hacienda y Colpensiones, no es sostenible que la entidad pública pague mesadas mientras los recursos siguen «atrapados» en los fondos privados. La reforma pensional lo resolvió creando un Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC) que aún no opera por falta de reglamentación.
El gremio de las AFP, Asofondos, reveló cálculos que desmienten la urgencia del Gobierno. Según sus registros, existen más de 100.000 cotizantes activos que se trasladaron a Colpensiones y que aportan más de $600.000 millones anuales. Este monto es superior a los $450.000 millones que cuestan las mesadas de los aproximadamente 20.000 pensionados que también hicieron el traslado.
Para el gremio, estos datos demuestran que hay financiación de sobra para cubrir las obligaciones corrientes sin necesidad de echar mano a los ahorros de largo plazo.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, enfatizó que los fondos no tienen interés en retener el dinero por beneficio propio, ya que incluso administrar esos recursos les genera gastos sin poder cobrar comisiones. «Cualquier actuación relacionada con la administración de los recursos pensionales debe respetar los límites definidos por el Congreso», reiteró el gremio en un comunicado.
Incluso analistas y expertos cuestionaron la verdadera intención detrás de esta urgencia por captar los $25 billones en un plazo de 10 a 20 días.
Christian Quiñonez, CEO de Clevertax, calificó la medida como una avivatada del Gobierno para subsanar sus problemas de caja: «El gobierno quiso dárselas de vivo con ese traslado, tratando de subsanar sus problemas de caja con los recursos de los colombianos».
En el mismo sentido se pronunció Cuervo, quien advirtió que el presidente parece «desatado en su intención de conseguir recursos para poder afrontar una campaña que la ha tomado como propia».
Mientras Colpensiones prepara un recurso de súplica para intentar revivir el decreto, los $25 billones permanecerán, por ahora, en las cuentas individuales de los trabajadores, protegidos por un fallo judicial.
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