La Procuraduría impuso la sanción de destitución e inhabilitación por 12 años al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas.
La decisión se fundamentó en su solicitud de aportes monetarios a las cajas vigiladas para la población de Buenaventura, Valle del Cauca.
Además, el órgano de control lo encontró responsable de realizar modificaciones en la lista de candidatos elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación.
El caso del superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez
En fallo de primera instancia, el Ministerio Público estableció que Pérez solicitó dinero a cajas de compensación vigiladas e indicó que al realizar esa petición de dinero ejerció las potestades de su cargo para una finalidad distinta a las establecidas en la ley, además que esa petición resulta inaceptable pues se hizo sobre entidades respecto de las cuales tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control, “apartándose así de los fines misionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar, y por esa vía, de los mandatos a él exigibles”.
La Procuraduría dijo: “Pérez Casas modificó, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no participaron en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla”.
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Para el Ministerio Público, el superintendente desconoció los principios de igualdad, legalidad y moralidad, pues disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original, con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable, “con lo que cercenó los derechos de quienes hacían parte de la lista de elegibles”.
Por esos hechos, la Procuraduría lo sancionó por dos cargos disciplinarios, calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.
Luego de la noticia, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó: “La procuraduría no puede quitar derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. Rompe la Convención americana de Derechos Humanos y entra en el terreno de la arbitrariedad. La inhabilidad es una sanción que solo pueden poner los jueces penales”, escribió en su cuenta de X.
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