El gobierno Petro cerró 2025 con un déficit fiscal del 6,4 % del PIB, que pudo superar el 8 % del PIB de no ser por el ahorro en intereses de deuda que logró el Gobierno.
En Valora Analitik desagregamos las cuentas públicas que dan cuenta de los hechos que llevaron al tercer desbalance más grande en la historia reciente, solo superado por el -6,7 % de 2024 y los registros de la pandemia (-7,8 % en 2020 y -7 % en 2021).
Además, señalamos a través de analistas cómo este descuadre entre ingresos y gastos se ha vuelto recurrente y sistemático, lo que ha llevado al mercado a anticipar que, este año, el déficit fiscal podría volver a superar el 7 % del PIB, un hecho que mantiene la presión sobre la calificación soberana, junto con la incertidumbre política interna, y que hace cada vez más difícil estabilizar la deuda en el futuro y volver a la Regla Fiscal.
“Las finanzas públicas de Colombia atraviesan uno de los momentos más complejos de las últimas décadas”, dijo César Pabón, director de Investigaciones económicas de Corficolombiana.
Debido al efecto contable de las operaciones de manejo de deuda, los analistas y las agencias calificadoras han empezado a concentrarse en el déficit primario, que también calcula la diferencia entre ingresos y gastos, pero excluye el pago de intereses de deuda y se expresa en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).
Este indicador se ubicó en -3,5 % el año pasado, la cifra más alta de la historia reciente del país, excluyendo los registros de las crisis: el 5 % de 2020 en medio de la pandemia del Covid-19 y el 6 % de 1999 durante la peor recesión económica del país en el siglo XX. Además, superó las proyecciones del Gobierno y los analistas.
“El déficit primario fue el más alto en al menos 30 años, quitando periodos de crisis, y fue sustancialmente mayor a lo que había puesto como meta el Ministerio de Hacienda, aun después de haber suspendido la regla fiscal”, dijo el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) Juan Sebastián Betancur.
Para tener una magnitud del incremento, vale la pena considerar que en 2024, el déficit primario fue del 2,4 % del PIB y que el promedio observado entre 2000 y 2019 había sido del 0,5 % del PIB.
El CARF recordó que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2022 se preveía que el balance primario en 2025 sería superavitario en 0,9 % del PIB. El siguiente año, la cifra se empezó a ajustar a la baja hasta un 0,4 % y para 2024 ya se esperaba un déficit del 0,5 %. “Entre 2022 y el cierre fiscal proyectado de 2025, el ingreso de 2025 se sobrestimó en 2,5 pp del PIB y el gasto primario se subestimó en 2 pp”, detalló el organismo.
El recaudo tributario crece, pero el Gobierno quiere más
Aunque los ingresos del Gobierno fueron menores en 2025 respecto a 2024 en relación con el PIB (pasaron del 16,5 % al 16,3 %), los ingresos tributarios crecieron en 30 puntos básicos hasta un 14,7 % del PIB.
A través de la DIAN, la Nación logró conseguir más de $270 billones. La cifra es superior a la del año anterior en $26 billones (+11 %), pero la expectativa del Gobierno ha sido tan ambiciosa que faltaron casi $10 billones para cumplirla.
De hecho, los impuestos que más dinero le dejan al Estado (renta e IVA), y que son también los que más reflejan la dinámica económica de personas y empresas, crecieron alrededor del 10 %. Por su parte, los gravámenes externos (IVA y aranceles) recaudaron un 21 % más, en medio del repunte de las importaciones hacia Colombia (crecieron 10 %).
“Lo primero es que 2025 fue un buen año, crecimos un 2,6 % aunque el último trimestre estuvo flojo. Con los impuestos principales, en la medida que hay una buena actividad económica se recauda más. Pero vamos tres años consecutivos en que este Gobierno no ha podido hacer buenos pronósticos de recaudo tributario, siempre muy optimista”, dijo al respecto Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual.
Incluso el CARF destacó en su más reciente pronunciamiento que los ingresos tributarios se comportaron en línea con la tendencia de mediano plazo observada hasta antes de la pandemia, pero estos han sido objeto de una sobrestimación.
Al final, la reducción en ingresos se explica en otros frentes. Los ingresos no tributarios, donde figuran la contribución de hidrocarburos, las de las concesiones y otras, cayeron el 58,9 % en pesos. Los recursos de capital también se redujeron un 15,8 %, principalmente porque los excedentes financieros de las entidades públicas fueron menores (excluyendo al Banco de la República).
Aquí aparece, por ejemplo, Ecopetrol, que le dejó a la Nación $3,5 billones menos que en el año anterior (pasó de $11,3 billones a $7,7 billones), regresando a niveles que no se veían desde 2018, excluyendo la pandemia.
Recientemente, el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, atribuyó el mal desempeño financiero y la caída en la valorización de la empresa a factores externos como los menores precios internacionales del petróleo, la revaluación del peso colombiano frente al dólar y la caída en el volumen de ventas.
Sin embargo, de acuerdo con el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, mientras las utilidades de Ecopetrol cayeron 49 %, en el último año, las de Petrobras aumentaron 200 %. “Empresas sujetas ambas a las ondulaciones de precios cuyas bajas aduce la administración de Ecopetrol como la causa del desplome”, señaló.
Por su parte, Munir Jalil cree que tiene que ver más, de nuevo, con las proyecciones del Ministerio de Hacienda. “Yo no me atrevo a decir que eso fue por cosas de accionar o no accionar del gobierno, sigo creyendo que de pronto es simplemente que se le están poniendo unas metas no muy alcanzables a esas compañías”, señaló.
Un gobierno que gasta a manos llenas
Desde donde se mire, exceptuando el pago de intereses y los recursos destinados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el Gobierno gastó más el año pasado.
El gasto total pasó de $396 billones a $420 billones (+6,2 %), esto es alrededor del 23 % del PIB del país. La mayor parte de estos recursos se fueron para funcionamiento, principalmente los rubros de transferencias al Sistema General de Participaciones ($78 billones) y el pago de pensiones ($70 billones), ambos con un aumento del 16 %.
Por su parte, los gastos en personal (incluye sueldos de los funcionarios públicos, prestaciones sociales, bonificaciones y viáticos) y la adquisición de bienes y servicios a través de contratos y licitaciones también aumentaron en 12,6 % y 31,2 %, respectivamente.
Para Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, estos aumentos se deben al ajuste de los salarios de los empleados gubernamentales (7 %), a mejoras en reconocimientos a policías y miliares (por ejemplo, los conscriptos) y a nuevas contrataciones.
Esto llevó al CARF a advertir que el gasto primario ($15,5 billones) representó 19,9 % del PIB y fue cercano al dato de 2020 (20,2 %). Además, esta cifra superó la prevista en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por 0,8 pp del PIB.
Aquí el rubro de funcionamiento es el que más se distancia de la tendencia (2,4 pp del PIB), debido principalmente a la dinámica de transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), pensiones, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) y el aseguramiento de salud.
Sin embargo, el déficit primario alto se atribuyó al aumento del gasto de inversión, que llegó a representar el 2,7 % del PIB en 2025, esto es 70 puntos básicos más que en 2024 y 2,2 puntos porcentuales más que el promedio histórico, por cuenta de una destinación de $49,2 billones, que es 46,9 % superior a la cifra de la vigencia previa.
Llama la atención que la ejecución en inversión no fue particularmente destacada, pues de 31 sectores solo 6 superaron el 80 % con corte a diciembre. Jalil lo atribuyó a la dinámica de una bolsa que tradicionalmente ha sido la más flexible para el Gobierno: “esos recursos se van ejecutando en la medida que van viendo que hay posibilidad de hacerlo, por eso es de los rubros que más termina incompleto”, explicó.
